La actual gestión provincial reconoció, desde el primer momento, la crisis del sistema penal; sin embargo, en consonancia con las políticas criminales de la administración nacional, en estos años el gobierno profundizó el punitivismo y naturalizó las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el encierro y en el territorio. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su informe anual 2019 con datos que deberían preocupar a todos los poderes del Estado: nunca en la Provincia hubo tantas personas detenidas como ahora; la tortura y el gatillo fácil son amparados por la impunidad y sus víctimas olvidadas. La era de los récords y las masacres, como Pergamino, Esteban Echeverría y Monte.

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(Agencia/CPM) En diciembre de 2018, había 48.615 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y monitoreo electrónico. En julio de 2019, 50.500. Este es un nuevo récord y la tasa de prisionización también es la más alta de la historia. El correlato directo de esta política criminal es el sobre-encarcelamiento: la sobrepoblación en cárceles es del 113%, en comisarías del 310%; es decir, personas que duermen en el suelo o se turnan para dormir.

A su vez, la sobrepoblación y el agravamiento de las condiciones de detención generan condiciones de posibilidad para las violaciones a los derechos humanos en el encierro. Los malos tratos y las torturas se registran de manera regular bajo el amparo de la impunidad judicial y el silencio político. En 2018, a partir de las entrevistas que se realizan durante las inspecciones a los lugares de encierro o las denuncias recibidas por familiares de personas detenidas, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) relevó 12.421 hechos de tortura.

Estas políticas de mano dura que, supuestamente, solucionarían los problemas de seguridad pública siguen demostrando su fracaso año tras año. El único resultado que dejan es la consolidación del sistema de la crueldad: una forma de gobierno de las poblaciones más vulnerable —pues la mayoría de las víctimas son pobres, acusados de delitos menores e, incluso, falsamente acusados—que naturaliza la violencia estatal y la muerte.

Las masacres ocurridas en estos últimos años son los ejemplos más dramáticos de esos resultados que se pretenden mostrar: primero fue Pergamino, después Esteban Echeverría y hace pocos meses, Monte. Pero estos no son hechos aislados: son la consecuencia de una política que asume la muerte como resultado esperable. Sólo durante 2018, 339 personas murieron bajo custodia del Estado: 140 en cárceles, 180 en neuropsiquiátricos, 17 en comisarías y una en un centro cerrado para jóvenes.

Otras 120 personas murieron por uso letal de la fuerza; el 74 % tenía 30 años o menos y en el 68% de los casos los agentes de seguridad actuaron fuera de su horario de servicio. La letalidad del Estado también tiene su expresión de género: de estas 120 muertes, ocho son mujeres asesinadas por policías en el ámbito privado; de esos ocho casos, cinco fueron caratulados por la justicia como femicidio.

En el contexto de esta crisis estructural del sistema penal, y como ocurre cada año desde el 2004, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta su Informe anual. El sistema de la crueldad XIII sobre lugares de encierro y políticas de seguridad, niñez y salud mental en la provincia de Buenos Aires.

La presentación se realizó ayer en el Anexo de la Cámara de Senadores, avenida 7 esquina 49, La Plata. El acto público ocurrió, a su vez, en el marco de una jornada con mesas de trabajo y reflexión de la que participaron educadores bonaerenses, integrantes de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales de la CPM, y trabajadores y trabajadores de organismos que gestionan acervos documentales sobre el pasado reciente.

Entre las actividades realizadas, Mariana Franco presentó su libro El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos, y se realizó la mesa de trabajo “Archivos y justicia. Preservación de la memoria”.

Al mismo tiempo, se desarrolló el “Espacio de formación: monitoreo territorial de la violencia policial” con la participación de integrantes de la Red familiares de la CPM. Y en el edificio Karakachoff de la UNLP las mesas de trabajo sobre “Escuela: juventudes, género y exclusión”, “Trabajo, economía y sociedad” y “Derecho a un ambiente digno” con la participación de coordinadores que participan del programa Jóvenes y Memoria.

Por último, se presentó la muestra multimedia Encierro, una exposición que, desde distintas miradas y registro, pretende formar un relato sobre las cárceles y las personas que las habitan. La muestra está integrada por el registro de las inspecciones de la CPM, la obra de destacados fotógrafos y fotógrafas, y poemas, imágenes y objetos de personas que estuvieron detenidas o de sus familiares.

La presentación del décimo tercer informe se realizó, además, en el marco de los 20 años de la CPM. Desde el 2002, el organismo despliega tareas de control y monitoreo de los lugares de encierro, y de las políticas de seguridad, niñez y salud mental. En todos estos años, la CPM realizó más de 1.500 inspecciones a cárceles, alcaidías, comisarías, centros cerrados para jóvenes y neuropsiquiátricos, y presentó 45 mil expedientes judiciales por torturas y otros tratos inhumanos o degradantes.

Ese trabajo sistemático realizado durante estos años convirtió, de hecho, a la CPM en el mecanismo local de prevención de la tortura y otros tratos degradantes. La autonomía del organismo respecto de los poderes políticos de turno ha constituido un rasgo fundamental para el desarrollo y la consolidación de este trabajo.