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EL ACERVO ES GESTIONADO POR LA CPM La Unesco incorporó un archivo de inteligencia naval como patrimonio documental del mundo

Por Sole Vampa
1 diciembre, 2022
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El fondo documental de la Sección Informaciones de la Prefectura Naval Argentina Zona del Atlántico Norte (PNAZAN) acaba de ser incorporado al registro regional del programa Memoria del mundo de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Este archivo, que gestiona y custodia la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) desde 2009, se sumó a estos acervos reconocidos como símbolos de la memoria colectiva de la humanidad junto a un listado de 18 patrimonios documentales de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana. Esto implica un gran reconocimiento a su valor histórico. Su contenido, utilidad y la importancia de su apertura.

ANDAR entre archivos

(Agencia Andar/CPM) El Servicio de Inteligencia Naval formó parte del engranaje represivo, y tuvo una participación activa en el despliegue y estructura del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar argentina. La Prefectura Naval Argentina (PNA) como fuerza de seguridad respondía a la Armada y en ese periodo instrumentó acciones de inteligencia desde las más altas autoridades de la fuerza. Los mecanismos de espionaje, recolección de información y retrasmisión se fueron modelando desde el período previo al golpe de Estado, cuando se actualizaron objetivos y se les dio prioridad a temas como el estudiantil y el gremial.

El servicio de informaciones de la Prefectura integraba las comunidades informativas locales, y los documentos que hoy integran el fondo documental de la Sección Informaciones de la Prefectura Naval Argentina Zona del Atlántico Norte (PNAZAN) dan cuenta de su accionar y reflejan el trabajo de inteligencia realizado por su personal. Ese material quedó ahora incorporado al programa Memoria del mundo de la UNESCO. El fondo, que hoy gestiona y custodia la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), consta de 87 cajas, 75000 fojas, y está conformado por documentación en su origen clasificada como “secreta”, “confidencial”, “reservada” o “estrictamente secreta y confidencial”.

Desde su incorporación al centro de documentación y archivo de la CPM, esta documentación está abierta a la consulta pública y se ha utilizado sistemáticamente por el programa de Justicia por crímenes de lesa humanidad del organismo que aporta material probatorio en este tipo de procesos. Los documentos de la PNAZAN han sido especialmente relevantes para nutrir documentalmente juicios en las jurisdicciones de Mar del Plata y Bahía Blanca; también constituyeron aportes significativos para debates orales realizados en La Plata y en los tribunales de Comodoro Py.

El acervo contiene memos y documentos administrativos, diversas comunicaciones establecidas con la comunidad informativa o con otras instituciones, incluso de la esfera privada, con información del ámbito de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y  de países fronterizos como Chile y Uruguay. Estos documentos permiten demostrar, por ejemplo, la persecución a militantes montoneros, de la JUP o del PCML, y observar la participación de estructuras como el GADA 601, del Ejército, y el FUERTAR 6, en acciones represivas. Además, a través de ellos se han podido detectar firmas de algunos imputados.

La importancia como prueba

En todos los juicios por delitos de lesa humanidad en Mar del Plata, las carpetas y los biblioratos del archivo de la PNAZAN tuvieron un valor muy significativo. Un ejemplo es el “Memorando 8499 – IFI – N° 26 “ESyC”/76”, de la Sección Informaciones de la Prefectura Mar del Plata, donde el equipo de la CPM encontró a través de palabras clave su utilidad probatoria en las causas de la zona. Allí se ve que el 13/8/1976 el subprefecto Ariel Macedonio Silva, jefe de dicha Sección, eleva un informe sobre operativos conjuntos en los participó ese servicio. Se puede leer: “en base a un trabajo de inteligencia y colección de información efectuado por personal de esta sección y que ha permitido prácticamente el desbaratamiento del aparato político y logístico de la OPM Montoneros, que operaba en el área. Los efectivos que aún continúan a cargo de de la FUERTAR 6 con participación de personal de esta Sección han permitido la detención de numerosas personas…”. Este tipo de acciones desembocaban en interrogatorios y allanamientos a domicilios.

Ariel Macedonio Silva fue condenado por privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos agravado en la megacausa conocida como Base Naval II. Lo mismo ocurrió con el imputado Juan Eduardo Mosqueda (un prefecto mayor que fue jefe de la Prefectura Naval de Mar del Plata). En los fundamentos de esta sentencia, dictada el 23 de abril de 2013, se destaca el valor probatorio de estos documentos, que dan cuenta de que las víctimas eran perseguidos políticos. En una de sus fojas puede leerse: “En innumerables memorandos emanados de la Prefectura Naval Argentina existen noticias respecto de la actuación de miembros de la Fuerza de Tareas 6 de la ciudad de Mar del Plata”. Esos son los memorandos que se aportaron e incorporaron a la causa desde el programa de Justicia de la CPM, junto a un informe que los analiza y les da sentido, y que es citado también en estos fundamentos.

En el caso de Bahía Blanca, el fondo de la PNAZAN fue muy importante para la causa conocida como Armada; en La Plata, se enviaron a la causa llamada Fuertar 5, y en la causa conocida como circuito Camps también se utilizaron como parte de un anexo que el programa aportó al tribunal, titulado “Las casas y las calles”, y demuestra la persecución de militantes peronistas entre Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata. En este caso se encontraron organigramas realizados por este servicio de inteligencia, ubicando alias, funciones y jerarquías de militantes montoneros que fueron perseguidos y asesinados en este circuito. En Comodoro Py, los papeles de la prefectura fueron importantes para apoyar documentalmente las causas conocidas como Plan Cóndor y Contraofensiva. Son sólo algunos ejemplos de la riqueza que tiene este fondo para la Justicia, en sí mismo y en su cruce y complemento con el fondo DIPPBA, también gestionado por la CPM.

Desde que el organismo incorporó el fondo, se han realizado tareas de limpieza, digitalización y descripción de sus documentos. Actualmente se está trabajando en un inventario detallado de memos, informes y resoluciones que los describa y ayude a hacerlos más accesibles para su consulta.

 

 

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