En los últimos años de Jóvenes y Memoria, las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en el presente fueron creciendo de manera sostenida en el programa: violencia institucional es uno de esos temas que está en la agenda. “Como somos de barrios pobres, pareciera que a nadie le importa”, dicen. La denuncia del hostigamiento policial, el gatillo fácil, el pedido de justicia y la lucha contra la impunidad. Allí donde nadie quiere ver, donde los medios no llegan, donde el Estado oculta, les jóvenes nos demuestran que no dejarán pasar las injusticias ni naturalizar estas violencias del Estado.

ANDAR en Chapadmalal

(Agencia Andar) Cuando terminó la proyección de No somos peligrosxs, estamos en peligro, les jóvenes de la Fundación Minka de Ezpeleta tomaron el micrófono para decir las palabras que Rosa les pidió que compartieran: “Voy a seguir luchando, como madre,  para que no quede impune. Para que los policías paguen por lo que le hicieron a mi hijo”. Rosa es la mamá de Matías Banuera, un pibe de 14 años, asesinado por la policía en julio de 2017 en Quilmes oeste.

“Quilmes y Quilmes oeste son las zonas con más casos de gatillo fácil. Por otros proyectos que se presentaron acá, me enteré de dos chicos que fueron conmigo a la primaria y que también mataron”, dicen les jóvenes. La investigación sobre el caso de Matías asegura que el gatillo fácil es parte del accionar abusivo de las fuerzas de seguridad en nuestros barrios: “Existen vínculos estrechos entre la metodología de la dictadura y las prácticas que aún subsisten en las fuerzas de seguridad, en particular en su actuación ante lxs jóvenes consideradxs “peligrosxs”.

Wanda, Naila, Miguel y Tomás tienen una motivación personal para contar la historia de Matías: todos lo conocían. “Era un pibe del barrio, compartíamos el comedor Luz del Alma. Fue él pero podría haber sido cualquiera de nosotres”, dicen. Y agregan: “La tristeza que generó en la familia, a medida que nos involucrábamos en el tema más nos dolía. La forma en que lo mató la policía y era un nene, tenía 14 años”.

A fines de julio de 2017, los policías Cristian Alejos, Maximiliano Aguirre, Lucas Bullosa y Manuel Argañaraz estaban en una fiesta familiar cuando se cruzaron con Matías y otro amigo; uno de los agentes los increpó, Matías reaccionó y los enfrentó sin saber que formaban parte de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Bonaerense. Ante una pelea desigual, los chicos salieron corriendo, los funcionarios ingresaron a la casa a buscar sus armas y salieron a perseguirlos a los tiros. Tras las detonaciones, Matías cayó muerto, su amigo llegó a escapar.

Según la versión policial, un vecino alertó por un intento de robo, cuando quieren intervenir se enfrentan con los jóvenes a los tiros. Las pruebas de la causa desmienten esta versión: “En la investigación no encontraron nada que indique que los pibes podían tener un arma para disparar. A Matías le disparan por la espalda. Eran cuatro policías, sólo uno está preso”, explican les jóvenes.

A partir de las pericias, Cristian Alejos quedó individualizado como autor del disparo fatal y fue detenido. En julio pasado, se elevó la causa a juicio con Alejos imputado por homicidio agravado y tentativa de homicidio, y los otros tres por encubrimiento. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) representa a las familias de las víctimas y viene reclamando que se amplíen las imputaciones. Para Aguirre, Bullosa y Argañaraz.

Los chicos y chicas de Minka dicen que el gatillo fácil no puede quedar impune y que estos casos tienen que conocerse: “Como somos de barrios pobres, pareciera que a nadie le importa”.

Morir en comisarías

Durante el XVII encuentro de Jóvenes y Memoria, ocurrió en la 3ª de Esteban Echeverría, la peor masacre en comisarías de toda la provincia, diez personas murieron asfixiadas y quemadas. La comisaría estaba clausurada por orden judicial y ministerial para alojar detenidos. La desobediencia de estas órdenes, el hacinamiento, las inhumanas condiciones de detención y la falta de elementos de seguridad provocaron la masacre.

Durante la gestión del Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, 68 personas murieron en comisarías bonaerenses. Maximiliano Reinoso tenía 30 años y Gonzalo Fernández 22, ambos murieron en la comisaría 3ª de San José. “Los dos aparecieron supuestamente ahorcado con sus remeras, pero el informe policial es dudoso. Y, a partir de las entrevistas, nos llegó que habría más casos”, dicen les jóvenes de la EES Modelo Mármol, que presentaron esta investigación en Chapadmalal.

ADN territorial se propone, desde la visibilización de estos casos de violencia institucional, cuestionar la afirmación de ser “un barrio tranquilo”, con “buena gente, donde se conocen todos”. “También se pensaba a la policía humilde, acoplada al barrio y nadie veía que esa policía, que nos saludaba todos los días, escondían todos estos abusos policiales”, explican.

Gonzalo había sido detenido el 10 de junio de 2017 alrededor de las 4 de la madrugada por una pelea callejera. 14 horas después, la policía le aviso a la familia que el joven había muerto, durante todo ese tiempo ningún familiar pudo verlo en la comisaría. Otro dato más pone en duda el informe policial: dijeron que Gonzalo se había ahorcado con su remera, la pericia determinó que no había sido así. “Gonzalo salió ahorcado y con golpes con los que no había entrado, sin embargo en todo momento la causa estuvo caratulada como suicidio”.

Menos de un año después de la muerte de Gonzalo, el 19 de abril de 2018 Maximiliano fue detenido también en la vía pública: según los policías tenía un arma de fuego y estaba alterado por el uso de drogas, la familia dice que lo pararon por averiguación de antecedentes y lo llevaron detenido porque no tenía el documento.

Los familiares de Maximiliano denunciaron desde el primer momento la responsabilidad de la policía: lo subieron a los golpes al patrullero y lo bajaron en la comisaría 3ª también a los golpes. Fueron los mismos amigos del joven los que le avisaron a la familia que Maximiliano había muerto; cuando llegaron a la comisaría, primero no les dieron respuesta, después les dijeron que se había suicidado con su remera. Recién entonces pudieron verlo, tirado en un pasillo de la comisaría y con golpes en la cara.

A pesar de las movilizaciones de los familiares reclamando justicia, la muerte de Maxi sigue invisibilizada: “Hay complicidad de la policía que tapa estos casos y también está el miedo a las represalias policiales”, explican les jóvenes de la Modelo Marmol y recuperan algunas escenas de hostigamiento: “Después de una de esas marchas, los policías iban parando a los pibes preguntándoles si habían estado en la movilización y en otra oportunidad a un militante del barrio lo frenaron en la puerta de la casa y lo golpearon. Había siete patrulleros alrededor, todos sin patentes”.

No quieren naturalizar ni la violencia ni la impunidad, “creemos que si hay un silencio, nosotros tenemos que decirlo”.

Una justicia que no convence

Diego Lucena fue asesinado la madrugada del 20 de junio de 2004 cuando salió de la discoteca “Invasión Tropical”, de Isidro Casanova. Su cuerpo apareció con signos de haber sido brutalmente golpeado a 200 metros del lugar. En diciembre de 2005, la justicia condenó a tres jóvenes por la golpiza. La familia de Diego acusó durante toda la investigación a la policía y no asistió a la lectura de la sentencia.

Siete naciones armadas contra mí es el nombre de la investigación que presentaron los estudiantes de la EES 143 de Laferrere. “Diego era un joven de sólo 22 años, comprometido con problemáticas sociales, en un entorno de crisis económica y de soluciones políticas”, cuentan en el proyecto. Y agregan sobre su muerte: “Hay serias sospechas de represión policial, serias sospechas de complicidad empresarial y connivencia entre barras bravas y policías”. Durante el año de trabajo, llegaron a entrevistarse con los padres de Diego, para Tiziana una de las jóvenes que integraron en el equipo de investigación ese fue “un gran cierre para el trabajo”.

Lejos de la versión de los medios, lejos de la verdad de la justicia, “creemos en la palabra de los padres, en esa verdad que nos cuentan”, dice Tiziana. Y recuerda la entrevista que realizaron con Roberto y Lidia: “Diego era un chico muy tranquilo, es mentira que se peleó con otros jóvenes. Esa noche fue a bailar, lo sacaron por la puerta trasera de la bailanta y ahí comenzaron los golpes, había por lo menos dos patrulleros”.

Desde el primer momento, los padres de Diego denunciaron la participación de la policía en el crimen. Sin embargo, el fiscal creyó en todo momento en una única hipótesis: una pelea por rivalidades de barrio. Poco tiempo después del asesinato, y con la declaración de un testigo protegido, la fiscalía ordenó la detención de tres jóvenes como coautores de la golpiza que terminó con la muerte de Diego.

La sorpresiva confesión de uno de los tres jóvenes que, a su vez, incriminó a sus amigos, terminó de cerrar definitivamente la hipótesis de la pelea. Mientras tanto, el fiscal también acusó por encubrimiento a otro joven, un amigo de Diego, que fue el primero en declarar y contó que vio a policías de la comisaría de San Carlos subir a Diego en un patrullero.

Para los familiares fueron demasiadas irregularidades: la hipótesis única, el testigo protegido, la acusación al amigo que denunció a la policía. Incluso durante el juicio, el tribunal decidió requirió investigar a Roberto Lucena, el papá de Diego, por falso testimonio.

“Los padres también nos contaron que hubo testigos que querían ir a declarar sobre lo que pasó esa noche, pero la policía hizo todo lo posible para impedirlo, los intimidaban de manera constante. La policía, desde el principio, no hizo más que interponerse con la verdad”, cuenta Tiziana. Y agrega, como principio ético, “Hay muchos casos en donde la policía actúa de esta manera, la realidad está en creer y ver a las víctimas, a los familiares. Creer en ellos”.