El pasado 21 de enero, luego de la declaración indagatoria, el Ministerio Público Fiscal procesó y pidió la detención preventiva del oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Pablo Nicolás Moresco por el homicidio de Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, embestidos en la madrugada del 1° de junio por el patrullero que conducía Moresco durante una persecución policial. El Juez de Garantías rechazó el pedido de detención realizado por entender que no había riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió que se tomen medidas alternativas de control para asegurar su presencia en el juicio, como la comparecencia semanal ante el tribunal. La CPM, en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, patrocina a las familias de Ulises y Ezequiel, junto a los abogados nicoleños Gabriel Ganon y Edgardo Lazzarino.

ANDAR en San Nicolás

(Agencia Andar) En la madrugada del 1° de junio de 2020, efectivos de la Policía Local de San Nicolás lanzaron un operativo cerrojo para detener la motocicleta en la que viajaban Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, argumentando que se encontraban incumpliendo el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. En la altura de las calles Carbajo y Piaggio, el patrullero conducido por el oficial de la Policía Bonaerense Pablo Nicolás Moresco, en contramano y con las sirenas apagadas, embistió en el costado a la motocicleta provocando el accidente; los dos jóvenes salieron despedidos y golpearon contra el asfalto: Ulises murió casi en el acto, tenía 25 años; Ezequiel de 30 falleció cuatro días después en el hospital.

En octubre del año pasado se agregó al expediente judicial una prueba fundamental: la pericia accidentológica realizada por Gendarmería Nacional y el perito de parte ofrecido por la CPM, el ingeniero Jorge Geretto. En sus conclusiones afirman que la “causa basal del accidente resulta la interposición por circulación en contramano del móvil en la trayectoria de circulación de la motocicleta”.

Tres meses después de conocerse el contundente informe pericial, el titular de la UFI N° 6 Rubén Giagnorio citó a declaración indagatoria a Pablo Moresco. Según el fiscal, el policía sabía que podía causar la muerte y, sin embargo, actuó sin importarle el daño que su maniobra podía causar a la integridad física de los jóvenes.

Luego de la indagatoria, el representante del Ministerio Público Fiscal determinó el procesamiento del oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, imputado por homicidio simple. En ese momento también requirió la detención de Moresco que seguía, incluso, prestando servicio en la fuerza policial.

A pesar de la gravedad del delito que se le imputa y de tratarse de un funcionario público, el Juez de Garantías Ramón Parodi entendió que no había riesgo de fuga ni peligro procesal y decidió rechazar la detención.

Ante esta decisión, con el objetivo de asegurar la presencia de Moresco en el proceso y el juicio, la CPM como patrocinante de las familias de Ulises Rial y Ezequiel Corbalán presentó una cautelar solicitando que se tomen medidas alternativas de control, como la comparecencia semanal del imputado ante el tribunal.

El jueves pasado, el juez de garantías rechazó también esta petición; una decisión que quedó sellada días antes cuando el fiscal subrogante —por licencia de Giagnorio— Martín Mariezcurrena decidió no acompañar la cautelar solicitada por los particulares damnificados.

“En una causa de enorme complejidad, como sucede siempre que se investiga a funcionarios policiales, logramos avances muy importantes durante estos siete meses de instrucción; la imputación por homicidio doloso se condice con las pruebas en el expediente y se trata de un crimen grave. Sin embargo, no puede dejar de preocuparnos estas últimas resoluciones judiciales, que no ponderan en su justa dimensión los riesgos que existen en una causa de violencia institucional”, señalaron desde el programa de Litigio Estratégico de la CPM. Y agregaron: “No podemos evitar dar cuenta del contraste que existe entre los abusos de la prisión preventiva para delitos cometidos por particulares y aquellos cometidos por agentes del Estado en empleo del uso letal de las  fuerzas de seguridad. En definitiva se trata de graves violaciones a los derechos humanos”.

La CPM y los abogados de las familias de las familias de Ulises y Ezequiel esperan que prontamente el fiscal Giagnorio, titular de la investigación, requiera la elevación a juicio de la causa, ya que se encuentra agotada la prueba necesaria para esa instancia procesal.