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COMENZARON LAS TESTIMONIALES EN EL JUICIO “FUERTAR 5” “Al tercer día de mi secuestro me despidieron por abandono de tareas”

Por Rocío Suárez
4 agosto, 2015
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El lunes 3 el TOF 1 de La Plata escuchó las primeras declaraciones testimoniales del debate oral y público en el que se juzgarán los delitos de lesa humanidad cometidos bajo la órbita de la Armada (causa también llamada FuerTar 5) en el cordón industrial de Berisso y Ensenada. Todos los imputados se negaron a declarar.

Cipollone: "La empresa tenía a su servicio las fuerzas armadas y contaba  con la complicidad de la conducción de la UOM de aquellos años". FOTO: Helen Zout, CPM

FOTO: Helen Zout – Andar

ANDAR en los juicios

(Agencia) El 24 de marzo de 1976, de madrugada, Carmelo Cipollone oyó fuertes golpes en la puerta de su casa, como si intentaran derribarla. Tenía 24 años, era trabajador de la empresa Propulsora Siderúrgica del grupo Techint, y vivía con su esposa y sus dos hijos. Confundido, esa madrugada Carmelo se levantó de su cama, miró hacia afuera por una ventana y vio a un grupo de efectivos de la Armada. Comenzaba para él un periplo de golpizas e interrogatorios.

El relato de Cipollone ante los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata se entrecorta por el drama de los hechos que narra y por la imposibilidad de comprender “tantas horas amargas, de dolor, padecidas con total incertidumbre sobre mi futuro”.

El secuestro fue rápido. Lo encapucharon, lo subieron a un micro verde donde había otras personas secuestradas; los llevaron a todos la comisaría 1 de Berisso donde les tomaron los datos antes de conducirlos al lugar de cautiverio, el Liceo Naval.

Cipollone estuvo secuestrado junto a otros trabajadores de Propulsora, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y de Astilleros Río Santiago, en el marco de la represión ejecutada por la Armada argentina según la división territorial y jurisdiccional prevista en el Placintara (Plan de Capacidades Internas de la Armada), de 1975.

Así, la Fuerza de Tareas 5 tuvo como ámbito de intervención la capital bonaerense y los dos distritos ribereños, y bajo su órbita operaron el Batallón de Infantería de Marina (BIM) 3, la Escuela Naval, el Astillero Río Santiago, la sede de la Prefectura y el Hospital Naval.

-¿Qué tipo de información le requerían durante los interrogatorios? –preguntó la fiscalía.

– Querían saber nombres de los compañeros trabajadores, quiénes realizaban actividad sindical, dónde vivían, qué clase de activismo se realizaba en la fábrica…

“En el Liceo Naval nos alojaron a todos en un salón grande donde hacía mucho frío. La mayoría de nosotros estaba sólo con ropa interior, y teníamos una frazadita y un pequeño colchón. Eso era todo”, relató la víctima testigo, quien recordó que la comida era el típico rancho de las cárceles que consiste en una especie de caldo maloliente con huesos pelados y algún trozo de verdura.

Entre los imputados, hay 6 altos mandos de la Armada y 4 de Prefectura Naval

Entre los imputados, hay 6 altos mandos de la Armada y 4 de Prefectura Naval. FOTO: Helen Zout – Andar

Una noche entraron varios marinos al salón y lo llevaron a Cipollone a un cuarto donde, repentinamente, le quitaron la capucha y le tomaron una fotografía. Asimismo, le hicieron firmar varios papeles, cuyo contenido no pudo leer.

También señaló que desde el Liceo Naval fueron sacados varios secuestrados con destino al centro clandestino que funcionó en 1 y 60. Entre los trasladados recuerda a quien fuera intendente de Ensenada entre mayo de 1973 a marzo de 1976, Arduino Ghio.

Luego de 11 días de cautiverio en el Liceo, los sacan a todos encapuchados y con las manos atadas, los suben a un micro de la Armada y allí un oficial los amenaza con hacer volar el micro con granadas en el caso de que alguien de afuera intentase rescatarlos. Finalmente, los dejan en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata a disposición del Poder Ejecutivo.

Al ser liberado, Cipollone se reencuentra con su madre, su esposa y sus dos hijos. Allí sabrá que, tres días después de haber sido secuestrado, desde Propulsora Siderúrgica –perteneciente al grupo Techint- le habían enviado un telegrama notificándolo de su ausencia por dos días y ultimándolo a que se presentara a trabajar. Al día siguiente, le había llegado el telegrama de despido. La causa: abandono de tareas, una escueta notificación que aún conserva Cipollone.

“La empresa tenía a su servicio a las fuerzas armadas y contaba con la complicidad de la conducción de la UOM de aquellos años. No solo fueron partícipes y cómplices de la detención de trabajadores, sino también de la muerte y desaparición de muchos. Cuando recuperé mi libertad, fui a hablar con el jefe de personal, y recibí como respuesta la advertencia de que aceptara una mísera indemnización y me fuera”, relató.

Pedido de la defensa de Vañek

Por otra parte, durante la audiencia del lunes 3 de agosto el defensor del excomandante de Operaciones Navales Antonio Vañek solicitó la suspensión del proceso en contra de su asistido en función de un presunto estudio psicológico que indicaría un “deterioro” en las capacidades de memoria y razonamiento del imputado. El recurso, habitual en los comienzos de cada juicio de lesa humanidad, será resuelto en la próxima audiencia por parte de los magistrados del TOF 1.

Cabe aclarar que tanto Vañek como José Cacimiro Fernández Carró, excomandante del BIM 3, se negaron a prestar declaración indagatoria.

Datos del juicio Fuertar 5

Entre los imputados, 6 de ellos fueron altos mandos de la Armada: el ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek, el ex comandante de la Fuerza de Tarea 5 (FT5) Jorge Alberto Errecaborde, el ex director del Liceo Naval y también comandante de la FT5 Juan Carlos Herzberg, el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina 3 (BIM3) José Casimiro Fernández Carró, el segundo comandante y jefe a cargo del armamento del BIM3 Ángel Antonio Mocellini, y el ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3 Roberto Eduardo Fernando Guitian.

Por la Prefectura Naval, están imputados los jefes de la zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, y los oficiales Osvaldo Tomás Méndez y Eduardo Antonio Meza.

Entre los delitos imputados se destacan los secuestros, detenciones clandestinas y torturas contra trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Astilleros Río Santiago y Propulsora Siderúrgica. También hay 3 casos de desapariciones, 36 de secuestros y torturas, y los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, perpetrados por la Armada y la Policía bonaerense el 19 de octubre de 1976 en 7 y 58 de La Plata.

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