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RATIFICAN MEDIDAS DE NO INNOVAR Un fallo judicial categórico para proteger la costa de Camet Norte: “nos enorgullece que todavía se puede creer en la institucionalidad”

Por Sole Vampa
6 noviembre, 2025
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El juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mar del Plata dictó una nueva sentencia en el marco de una acción preventiva por daño ambiental en las costas de Camet Norte que ya lleva años de litigio. Este nuevo fallo ratificó la plena vigencia de una medida de no innovar que prohíbe cualquier tipo de acción material y obras en ese territorio. Una organización comunitaria que lleva años y da sus frutos.

ANDAR en Mar Chiquita

(Agencia Andar) La denuncia se inició hace 5 años para proteger, conservar y preservar la zona y su patrimonio natural y cultural, pero los y las vecinas saben que la organización y la pelea son previas. El fallo publicado a mediados de octubre ratifica el mantenimiento y la plena vigencia de un conjunto de medidas que protegen la costa de acantilados y playa de Camet Norte, condenando a particulares y la empresa Gerónimo Rizzo SA al pago de costas por las distintas incidencias del juicio. La justicia también ordenó una auditoría ambiental y otras acciones que se deberán realizar a través de la conformación de una mesa técnica interinstitucional con participación de actores comunitarios, instituciones, equipos profesionales de investigación, universidades nacionales, ministerios y organismos.

“Esto no nace a partir del conflicto del juicio es un proceso que tiene muchos años en Mar Chiquita, hay mucha actividad comunitaria en la zona en torno a distintos temas, mucha sensibilización social y un sentido de pertenencia y de conciencia; lo que sucedió es la expresión de eso”, asegura Pablo Cucchetti, abogado y vecino de Camet Norte.

El proceso judicial se inició en 2020 y se trata de una acción preventiva por daño ambiental acumulada a otras de protección y recomposición del ambiente dañado, a partir del inicio de obras  en Camet Norte, una zona del partido de Mar Chiquita que hace más de 10 años se solicita sea considerada para incorporar al sistema de áreas protegidas. Además de otras acciones degradantes del ambiente, el conflicto se centró en la construcción de espigones por parte de la empresa Gerónimo Rizzo SA que incumple lineamientos y requisitos ambientales.

El fallo se dictó el pasado 17 de octubre después de una audiencia con más de 50 participantes: distintos organismos públicos, particulares, una empresa, varias organizaciones comunitarias, instituciones dedicadas a la conservación y equipos de varias universidades nacionales. La sentencia dictada resolvió, entre otras cuestiones, rechazar el pedido de levantamiento de la medida cautelar solicitado por la empresa y constató incumplimientos a pesar de su pleno conocimiento.

“Logramos desarmar una narrativa de instalación que tiene que ver con ‘vecinos que quieren’ y ‘vecinos que no’. Es un enfrentamiento que no existe: hay sectores más conservadores aliados al poder político, hay punteros que articulan con los punteros de turno y eso fue denunciado también en el expediente judicial. Mientras los medios replicaban noticias falseando la verdad y alarmando con el pueblo que se comía el mar y no era así”, cuenta Cucchetti.

“La resolución judicial constituye un hito y un gran paso en la defensa del ambiente y para el cuidado de todo el paisaje costero marino bonaerense. Lo resuelto es una puerta de entrada para hacer realidad la gestión participativa y democrática en los asuntos ambientales respetando el derecho de las comunidades”, saludaron desde CECIAPP (Centro de estudios comunitarios para la identidad del ambiente y el patrimonio Pachamama), una de las organizaciones que impulsó la causa.

Sin embargo la Provincia se presentó hace unos días para apelar la medida. “Cuestionan esa mesa interinstitucional porque esto no sólo es por las escolleras, es por la democratización de la política. No les gusta que se conmueva el poder. Estamos intentando cambiar las cosas, incluso antes de judicializar agotamos todas las instancias”, considera Cucchetti.

El abogado describe la situación como una mezcla de tristeza y alegría. “Nos enorgullece que todavía se puede creer en la institucionalidad, pero a la vez es tremendo llegar a tener que ir por reconocer judicialmente a través de tantos años de pelea algo sobre lo que teníamos razón”, señala.

 

 

 

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