La Comisión Provincial por la Memoria convocó a organizaciones y colectivos que trabajan para la recuperación y puesta en valor de lugares de la memoria de toda la provincia de Buenos Aires. Algunos de los principales ejes de discusión fueron: el estado de situación, los desafíos y la ampliación del marco regulatorio de los sitios de memoria a nivel provincial. También se acordó la necesidad de consolidar actividades comunitarias para la promoción de la memoria y la defensa de los derechos humanos hoy, y su vinculación con la educación, el territorio y la justicia. “Una política pública de sitios debe reconocer los caminos que cada colectivo recorrió para resignificar estos espacios”, expresó la directora de la CPM, Sandra Raggio.

ANDAR en la Memoria

(CPM/Agencia) Con el objetivo de fortalecer el trabajo cotidiano, coordinar estrategias conjuntas de intervención y avanzar en la definición de una política pública para los Sitios de Memoria en Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reunió a referentes territoriales y militantes de los derechos humanos por la preservación, difusión y gestión de espacios de memoria de toda la provincia. Entre ellos, estuvieron presentes organizaciones que trabajan para la recuperación y puesta en valor del Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield, Casa de Oesterheld, ex CCD BIM 3, Faro de la Memoria, ex CCD el Castillo, ex CCDyE Club Atlético, la Brigada de Investigaciones de Las Flores, El Bichicuí Memoria Habitada. También asistió la secretaria de Derechos Humanos de Florencio Varela y los colectivos que componen el Núcleo de estudios sobre Memoria, la Mutual por la memoria de Olavarría y la Comisión Memoria del Barrio Manuelita.

“En cada línea de trabajo que desarrollamos desde la Comisión Provincial por la Memoria, asumimos el compromiso de generar estos espacios de encuentro para construir colectivamente. En el desafío de institucionalizar una política de sitios como política de Estado es indispensable que consolidemos este trabajo conjunto”, expresó Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, durante la charla de bienvenida que inició la jornada de reflexión y debate.

En el marco de este trabajo, la jornada fue la continuidad del encuentro de la militancia por los derechos humanos que organizó la CPM al cumplirse 40 años del Golpe de Estado. En aquel momento, se habían establecidos algunas líneas de trabajo y se habían propuesto nuevas instancias de diálogo.

En esta oportunidad, las organizaciones que participaron del encuentro expusieron las experiencias de gestión, las problemáticas y desafíos que enfrentan a diario; estos recorridos permitieron trazar un mapa del diverso y complejo estado actual de los sitios de memoria en la provincia. Frente a esta situación, los referentes territoriales y militantes de los derechos humanos reconocieron la importancia de poder coordinar estrategias de participación e intervención no sólo para enriquecer la labor de cada colectivo sino también para repensar el marco normativo que regula el funcionamiento de estos espacios.

En ese sentido, la directora de la CPM, Sandra Raggio, consideró que “En aras de institucionalizar las políticas de memoria como política de Estado, de cara a diseñar propuestas para la efectiva reglamentación del marco legal y el fortalecimiento de la gestión de los sitios, debemos pensar cómo legitimamos las experiencias de los colectivos que ya vienen trabajando en cada uno de estos espacios”.

La Ley Nacional 26.691 proclama la señalización de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o los lugares donde sucedieron hechos emblemáticos del terrorismo de Estado para la preservación de la memoria de lo acontecido. A su vez, por la misma ley, el Poder Ejecutivo Nacional asume la responsabilidad de garantizar su funcionamiento. A pesar de lo avanzado desde su sanción en 2011; en muchos casos, su efectiva implementación ha presentado múltiples inconvenientes.

En Buenos Aires, esta situación además presenta otras dificultades porque la ley que existe es insuficiente. Así, por ejemplo, de los más de 230 centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia, muy pocos fueron resignificados como espacios de la memoria. Algunos ni siquiera han sido señalizados, otros todavía están ocupados por fuerzas policiales y otros edificios permanecen vacíos con graves problemas de conservación.

“La ex Brigada de Investigaciones de Las Flores ya había sido identificada en 1983 como centro clandestino de detención por los mismos sobrevivientes; recién en 2008 se aprobó un proyecto de ley para recuperar ese edificio como espacio de memoria y, sin embargo, hasta 2014 no pudimos tomar posesión del lugar que seguía siendo ocupado por una dependencia de la DDI de la Policía bonaerense”, relata Gladis D’alessandro, coordinadora de la Comisión de familiares y amigos de desaparecidos de Las Flores. El año pasado, mediante un convenio firmado con el Municipio, se inició la instalación de un NAC (Núcleo de Acceso al Conocimiento) que, desde el cambio de gobierno, se detuvo. “Hoy estamos sin financiamiento. El edificio está preservado pero sin funcionamiento”, resume D’alessandro.

La Comisión de la Memoria del barrio Manuelita se formó en el 2005 y, desde entonces, se ha articulado con otros organismos y colectivos; entre ellos, el Servicio de Paz y Justicia —que preside, al igual que la CPM, Adolfo Pérez Esquivel—. Entre los seis desaparecidos durante el terrorismo de Estado que tiene el barrio Manuelita, está el padre Jorge Adur y dos seminaristas. Por iniciativa de la Comisión, la casa donde vivían fue señalizada hace diez años pero nunca pudieron tener posesión de la misma; luego del secuestro de los seminaristas, la casa fue comprada por una familia de exiliados chilenos que todavía viven allí: “Hay buena relación con los dueños y podemos coordinar actividades en el lugar pero la preservación de la casa no está garantizada”, dice Lidia Escalante. Y agrega: “En principio, necesitamos gestionar subsidios para su mantenimiento y, fundamentalmente, necesitamos recuperar ese espacio para abrirlo la sociedad: instalar una biblioteca especializada en derechos humanos, trabajar con las escuelas. Recuperar esa casa como una forma de recordar continuamente el trabajo militante de nuestros compañeros desaparecidos”.

Mariana Fernández Long creció en la clandestinidad, es hija de Miguel, ex pareja de Beatriz Oesterheld; desde hace unos años — asumiendo el reclamo de los compañeros de la Unidad Básica Ramón Cesaris, donde su padre militaba en los ‘70—, es la coordinadora del proyecto para gestionar la casa Oesterheld. “La semana pasada presentamos un proyecto de ley para recuperar la casa como Sitio Histórico de la Memoria que sea dirigida por el colectivo de sobrevivientes de la Ramón Cesaris. Necesitamos proteger la casa como símbolo histórico pero también tener incidencia sobre el territorio y los jóvenes, recuperarlo como espacio de movilización y militancia, como un lugar público y democrático”, explica Mariana. Mientras el proyecto sigue su curso en la legislatura provincial, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aceptó el pedido de este colectivo para la señalización de la casa.

En una instancia similar, se encuentra el proyecto de ley presentado recientemente por el Colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia para crear un espacio para la memoria y los derechos humanos en el lugar donde funcionó durante la última dictadura militar el centro clandestino de detención denominado Pozo de Quilmes. Si bien el lugar está señalizado, todavía hoy funciona en el chalet una Delegación Departamental de Investigaciones (DDI). El proyecto estipula que el edificio sea transferido a la Comisión Provincial por la Memoria  para su administración. Viviana Buscaglia, integrante del colectivo, señaló que “luego del encuentro de la militancia organizado por la CPM en abril, comenzamos a pensar este proyecto y, ahora, este nuevo espacio de diálogo nos moviliza a pensar una ley de sitios plural e integral. Es decir, pensar no sólo nuestros proyectos sino también discutirlo en un escenario legislativo”.

Las experiencias de la Comisión del Barrio Manuelita, la Casa Oesterheld, el Pozo de Quilmes y la ex Brigada de Investigaciones de Las Flores es sólo una muestra representativa de los diversos estadios que cursan cada uno de estos proyectos. Al mismo tiempo, el recorrido por las experiencias de los colectivos y organizaciones que participaron del encuentro convocado por la CPM es la confirmación de un mismo principio político que piensa la recuperación de estos espacios asociados al terrorismo de Estado como sitios para la promoción de la memoria y los derechos humanos. Y estas experiencias también son la confirmación de la capacidad de gestión que estos colectivos han sabido desarrollar.

“Sabemos que necesitamos avanzar en una política pública para los sitios de memoria en la provincia y sabemos también que esa política debemos construirla nosotros, una política pública que pueda dar respuesta a los múltiples desafíos que se nos presentan y que tienen que ver con la correcta preservación de los edificios, con la capacidad de funcionamiento, la accesibilidad a toda la sociedad, con el financiamiento y con la vinculación con la difusión de la memoria y la intervención territorial para la defensa de los derechos humanos hoy”, sostuvo la directora general de la CPM, Sandra Raggio.

En ese camino, cada uno de estos encuentros contribuyen al fortalecimiento de los colectivos y la articulación de estrategias de trabajo: “Poder seguir funcionado como una red nos hace sentir acompañados y también favorece la búsqueda de respuestas colectivas a nuestras necesidad. Y, al mismo tiempo, tener el respaldo de la CPM es importante por el prestigio que ha conquistado y por su presencia en toda la provincia como una referencia en materia de política de memoria y defensa de los derechos humanos”, expresó Gladis D’alessandro. Por su parte, Mariana Fernández Long agregó que “la capacidad de la CPM de nuclear a diversos y heterogéneos colectivos es un pilar para la construcción de una propuesta articulada e independiente y autónoma que nos permita avanzar en una política de recuperación de sitios”.