En los últimos meses se produjeron logros judiciales parciales pero importantes respecto a la responsabilidad penal que le cabe al ahora ex comisario mayor y jefe del Enlace Interpol de la Policía Bonaerense, Francisco Centurión, por la muerte de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante ocurrida durante la noche del 9 de diciembre de 2022. En efecto, la medida de prisión preventiva a Centurión –que había sido inicialmente dispuesta por un delito menor- fue ampliada por la privación ilegal de la libertad y homicidio de Escalante, algo que la fiscalía, la CPM y el particular damnificado reclamaban desde el inicio del expediente. También fueron detenidos -y recientemente denegada su excarcelación- tres policías bonaerenses por el delito de encubrimiento.

ANDAR en la Justicia

El 17 de noviembre pasado el Juzgado de Garantías 4 de Berazategui, a cargo de Diego Agüero, resolvió la ampliación de la prisión preventiva para el ex comisario Francisco Centurión por los delitos más graves que se le imputan: la privación ilegal de la libertad y homicidio de Lucas Escalante.

Cabe recordar que durante la noche del 9 de diciembre de 2022 Lucas Escalante y su amigo Lautaro Morello, de 24 y 18 años respectivamente, se dirigieron a la casa quinta de Francisco Centurión, en ese momento comisario de la Policía Bonaerense y jefe del Enlace Interpol de la fuerza, para encontrarse con el hijo del funcionario policial.

Los jóvenes habrían ido en busca de vales policiales de nafta que les habría prometido Cristian Centurión, hijo de Francisco. Además de Cristian, en la quinta –situada en la localidad La Capilla de Florencio Varela- estaba su primo Maximiliano.

Fue la última vez que Lucas y Lautaro fueron vistos con vida, y el cuerpo del segundo apareció días después calcinado en una zona rural de Guernica, partido de Presidente Perón. El joven Escalante aún permanece desaparecido.

La decisión fue dictada luego del fallo de la sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías de Quilmes -integrada por Patricia Patanella y Mario Caputo-, que había ordenado revisar el fallo de primera instancia dictado por el anterior juez de la causa, Julián Bustero, que en su momento había rechazado el pedido de prisión preventiva por el delito más grave.

En el marco de esta causa, Centurión ya tenía la prisión preventiva por el delito de sustracción de caudales públicos agravado a raíz del usufructo de vales de nafta entregados al comisario para la flota de vehículos policiales que tenía bajo su jurisdicción.

Este importante avance respecto a la responsabilidad de Francisco Centurión por la desaparición de Escalante está en consonancia con los argumentos vertidos por la fiscalía, la CPM –en su carácter de particular damnificado institucional- y el particular damnificado, que remarcan la activa participación del ex comisario en la desaparición y muerte del joven.

En este sentido, de acuerdo a las distintas presentaciones formuladas por la CPM, las dificultades para el avance de esta causa devienen del rol institucional de Centurión y el contexto de corrupción policial en torno al cual ocurrieron los hechos: “La persecución eficaz de este tipo de crímenes requiere de herramientas adecuadas por las especiales características, entre ellas su fuerte opacidad (sostenida en pactos de silencio), su verticalidad organizativa (basada en estructuras de mando y subordinación), el control territorial (mediante el uso de instrumentos de fuego y la violencia sobre las personas), y el control sobre estructuras estatales como medio más eficaz para garantizar la impunidad de las maniobras ilícitas”.

Más allá de una endeble coartada de defensa de Francisco Centurión, lo cierto es que en la causa constan pruebas fundamentales que lo señalan como parte central de ambos crímenes: en su poder se había encontrado una copia de la historia clínica psicológica de Lucas Escalante, entre otros registros personales de la víctima y su familia, y un instructivo para el borrado seguro de su celular; el día del hallazgo del cuerpo calcinado de Lautaro Morello en Guernica el teléfono celular de Centurión se activó varias veces a pocas cuadras del lugar.

Además de haber entorpecido el primer allanamiento en su casaquinta, en la que las víctimas fueron vistas por última vez, meses después y en otro allanamiento de la Policía Federal se descubrió que había modificaciones en la estructura edilicia, en un sector en el que los perros de la policía científica habían detectado rastros significativos para la causa.

Con respecto al encubrimiento, otro de los recientes avances fue la detención de tres policías bonaerenses –Juan Manuel Brito, Ramiro Yair Forchinito y Damián Rodríguez- ocurrida también el 17 de noviembre y bajo la responsabilidad del juez Diego Agüero.

Semanas después, el 3 de diciembre pasado y con motivo de un pedido de los policías para obtener la excarcelación, el magistrado señaló que “la magnitud de la pena que se esperaría como resultado del procedimiento es alta pues no solo sería superior al mínimo legal sino también de efectivo cumplimiento, pautas que me llevan a presumir riesgo procesal”. “Al mismo tiempo es dable destacar que los acusados, a la luz de su condición de personal policial, cuentan con recursos y conocimientos suficientes y disponibles para entorpecer la averiguación de la verdad”, agregó en su resolución por la cual les denegó la excarcelación.