Casi 11 años después del hecho, empezó el juicio oral y público contra diez efectivos policiales de la Comisaría 1ª de Quilmes imputados por apremios ilegales, tormentos y la muerte de los adolescentes Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17). Los familiares se mostraron escépticos con respeto a la posibilidad de hacer justicia. La CPM será veedora y llevará el registro audiovisual de las audiencias.

ANDAR en Quilmes

(Agencia – CPM) Con la lectura de las acusaciones por parte del fiscal Claudio Pelayo, se inició el juicio que investiga las responsabilidades policiales por apremios ilegales, tormentos y por la muerte de cuatro jóvenes ocurridas el 20 de octubre de 2004 en la Comisaría 1ª de Quilmes. El TOC Nº 3 de Quilmes -integrado por Alicia Anache, Armando Topalián y Alejandro Portunato- juzgará los delitos que se le imputan al ex comisario a cargo de la dependencia policial, Juan Pedro Soria, y a los oficiales Gustavo Altamirano, Jorge Gómez, Franco Góngora, Elizabeth Grosso, Basilio Vujovich, Fernando Pedreira, Humberto Avila, Juan Carlos Guzmán y Hugo D’Elía. A su turno, la defensa argumentó sobre la inocencia de los imputados y adelantó que requerirá la absolución de todos ellos.

Los familiares, sentados en las primeras filas de la sala, manifestaron sus reservas respecto al juicio; desde el inicio de la etapa de instrucción, denunciaron sentirse irrespetados y olvidados por los agentes judiciales, y también denunciaron amenazas e intimidaciones por parte de las fuerzas de seguridad.

En ese sentido, remarcaron que se llegó al juicio con una investigación del fiscal de primera instancia, Andrés Nievas Woodgate, que cuestiona la veracidad de los testimonios de las víctimas, a quienes responsabiliza por el incendio. “No podemos esperar demasiado. Nunca nos escucharon…”, dijo Isabel, mamá de Manuel Figueroa, uno de los adolescentes muertos tras el incendio que se produjo en la celda de la comisaría el 20 de octubre de 2004.

La Comisión Provincial por la Memoria, que está llevando un registro audiovisual de las audiencias e interviene como veedora del proceso, señaló la posibilidad de llegar a la instancia de juicio oral y reivndicó la lucha de los familiares frente a las dilaciones judiciales y las presiones policiales que buscan garantizar impunidad en los casos que se trata de investigar delitos cometidos por las fuerzas de seguridad.

El hecho

El 20 de octubre de 2004 había 17 adolescentes detenidos en la Comisaría 1ª de Quilmes; siete en el calabozo 1, 10 en la segunda celda. Durante esa tarde, los policías ingresaron, los hicieron desnudarse y los golpearon. Antes de retirarse les avisaron que a la noche volverían por más; los chicos sabían que no mentían: sufrían torturas sistemáticas, cuando no los obligaban a pelearse entre calabozos mientras los efectivos apostaban por el ganador.

Esa noche, sin embargo, fue distinto. Un oficial pasó por el calabozo 1 y le dijo a Diego Maldonado que su hermana de dos años había muerto; Diego empezó a gritar, a patear los barrotes que lo separaban de su familia, suplicó que lo dejaran salir para acompañar a su madre y para despedir a su hermanita. Los policías no hicieron nada, el aviso era falso. Los chicos encerrados no lo sabían y, desesperados por la situación de su amigo, prendieron fuego un colchón para que les abrieran las puertas.

Como sucede en todos los lugares de encierro, que constantemente monitorea la CPM, la comisaría no contaba con colchones ignífugos, matafuegos ni un protocolo de evacuación; los familiares de las víctimas insisten en que tiene que haberse arrojado algún combustible que animara el fuego para ocasionar el fatal desenlace. En el Informe anual 2006 de la CPM también se advierte que “el fuego no fue sofocado, al menos no en forma inmediata. Tampoco abrieron inmediatamente las puertas”. Los bomberos recibieron la llamada de auxilio a las 22.30, cuatro minutos después llegaron a la Comisaría 1ª y el fuego ya estaba extinguido; “con lo cual se estima que la policía habría dado el alerta bastante tiempo después de iniciado el siniestro, ya que resulta dudoso que lo hubieran podido apagar en menos de cinco minutos”, continúa el informe.

Durante la evacuación, fueron nuevamente golpeados. Incluso, uno de los sobrevivientes relató que los uniformados los golpearon sobre la piel quemada. El comisario Soria declaró que “las lesiones fueron ocasionadas por los empujones entre los detenidos al querer escapar del calabozo”, pero los informes periciales desmintieron la versión policial. Ricardo Fabio Riu, el abogado que representa a las familias de Figueroa, González y Aliendo, asegura que “se constató la existencia de golpes en la zona lumbar y en la cabeza, y la presencia de costillas fisuradas. La declaración de peritos, los médicos y los mismos testigos tornan insoslayable la culpabilidad de los policías”.

Diego Maldonado (16), Elías González (15), Manuel Figueroa (17) y Miguel Aranda (17) murieron por intoxicación y por las quemaduras que les generó el incendio. “Estos chicos estaban esperando ser trasladados a lugares adecuados para menores y por falta de decisión del gobierno bonaerense seguían ahí. Dormían en el suelo. No recibían atención médica suficiente, varios de ellos tenían sarna y no podían salir al patio porque decían que eran peligrosos. Durante las visitas tenían custodia presente, de tal forma que no podían contar todo lo que allí les pasaba”, se denunció en el citado informe.

La Justicia

Cuando se produjo el incendio, había 12 mil chicos alojados en institutos de menores y más de 300 menores detenidos en comisarías, por falta de otros espacios para alojarlos. Tras la masacre de Quilmes, y mediante la resolución 1623/04 –publicada en el Boletín Informativo del 25 de octubre de 2004–, el ministro de Seguridad, León Carlos Arslanián, dispuso prohibir “el alojamiento de menores en dependencias policiales, instruyéndose a los titulares de las mismas para el cumplimiento estricto” de la normativa.

La masacre de Quilmes se erigió como caso testigo de una época. La muerte de los cuatro jóvenes evidenció la inexistencia de dispositivos de protección y promoción de derechos de los detenidos en las comisarías. El fallo Verbitsky, en abril de 2005, puso límites al hacinamiento, el maltrato y la violencia en las unidades carcelarias. Sin embargo, diez años después, la emergencia de seguridad dictada por el gobierno provincial contempló la reapertura de calabozos en comisarías; en ese momento, la CPM pidió la inconstitucionalidad de la medida ante la Corte Suprema de Justicia y presentó una cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fue aceptada. La insólita decisión política sigue vigente y sólo empeora drásticamente las condiciones de encierro, desoye las recomendaciones de los tribunales internacionales y viola los derechos y garantías establecidos en la Constitución nacional.

En el Informe Anual 2015 de la CPM se advierte que “existen escasísimas condenas por torturas o apremios ilegales”. La policía mata y la justicia avala. Quizá por eso Isabel Figueroa y Elvia González, madres de dos de los chicos muertos, declaran que “para nosotros, las víctimas, los excluidos, las expectativas son muy pocas; cada vez que el TOC 3 tuvo que juzgar casos de violencia policial, los responsables salieron caminando en libertad”.

Pasó mucho tiempo y ellas tuvieron que poner el cuerpo para que la causa no se caiga: “nos juntamos, nos conocimos, unimos las familias, la peleamos, sabemos lo que es sufrir; sufrimos juntas, es nuestro dolor y quisiéramos que haya justicia, pero sabemos que no la habrá. Eso es lo que sentimos desde el primer día”.

A pesar de las dilaciones, de la complicidad y los prejuicios judiciales, en la causa se le imputan al ex comisario Juan Pedro Soria -a cargo de la 1ª de Quilmes en el momento del incendio- los delitos de estrago culposo seguido de muerte y por omisión de evitar tormentos; los policías Gustavo Altamirano, Jorge Gómez, Franco Góngora, Elizabeth Grosso y Basilio Vujovich están acusados de apremios ilegales, y Fernando Pedreira, Humberto Avila, Juan Carlos Guzmán y Hugo D’Elía se encuentran imputados por apremios ilegales reiterados en concurso real con tormentos.

No es suficiente. La carátula no hace justicia a los hechos: “la instrucción del fiscal Nievas Woodgate no sólo fue absolutoria, la instrucción es justificatoria de la masacre; apelan, incluso, a una teoría de los dos demonios. Él dice que entre ambos grupos, presos y policías, hay un encono típico de delincuentes y policías; uno, aprovechando la mala imagen de las fuerzas de seguridad, invoca falsos argumentos. En definitiva, los estaba defendiendo de antemano”, expone el abogado por el particular damnificado, Ricardo Riu. Y continúa: “Hay una gran responsabilidad administrativa y culpa al deber de cuidado, respeto de las condiciones de detención; hay, incluso, un dictamen sobre la irresponsabilidad por parte del Ministerio de Seguridad, porque se dice que el Comisario Soria pidió matafuegos y sistema contra incendio. De esta manera, recae la culpa en los chicos por el motín y, del otro lado, en una irresponsabilidad administrativa que diluye la responsabilidad de las muertes en un tema culposo”.

El dictamen del fiscal Nievas asegura que “las golpizas referidas por los menores no se compadecen claramente con las escasas lesiones contusas constatadas (…) que no puede descartarse a esta altura que todos o algunos de los menores hayan mentido en todo o en parte, para perjudicar a sus carceleros (…) que no hay un solo testigo ocular ajeno a la repartición que confirme un solo episodio de violencia cometido en contra de los menores allí alojados”.

El resultado es la impunidad. Los efectivos responsables de las torturas y de la muerte de los cuatro chicos llegaron libres al juicio oral, cinco de ellos todavía en funciones. Soria se encuentra actualmente cesanteado, no obstante su carrera tras la masacre tiene un capítulo especial; después de todo lo sucedido, en marzo de 2006 el comisario fue ascendido al cargo de inspector de la DDI de San Miguel

Los familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos y congregaciones religiosas expresaron su repudio y solicitaron la anulación del ascenso y la expulsión de la fuerza de Soria y de los 12 efectivos involucrados. El ministro Arslanián, reunido con la Comisión Provincial por la Memoria que acompañó este reclamo de los familiares, afirmó que “el ascenso del comisario Soria constituye evidentemente un error y por tanto debe enmendarse”.

La regla

El 16 de octubre del año 2005, 33 personas que estaban detenidas en el Penal de Magdalena murieron durante un incendio al quedar atrapados adentro del pabellón 16. El personal del Servicio Penitenciario nunca abrió las puertas y los detenidos murieron asfixiados. La CPM aseguró en un informe que presentó al Ejecutivo nacional que “el horror de la Unidad Penal 28 no es un hecho aislado e irrepetible: es parte de una cadena de muerte, tortura, apremios, tratos degradantes, violencia ilegal y negocios sucios”. A diez años del hecho, y habiendo sido recientemente elevada a juicio, no se ha designado aún la fecha de realización del debate oral por el delito de abandono de persona seguida de muerte.

La CPM –que interviene como querellante en esa causa– denunció reiteradamente que muchas de las condiciones que originaron la masacre persisten, y reforzó el reclamo a los poderes del Estado para que se modifiquen las condiciones estructurales del sistema penal-penitenciario.

La masacre de Quilmes se inscribe en la misma problemática que sucede regularmente y constituye el sistema de complicidad entre las fuerzas policiales y la justicia: por un lado, la continuidad de las prácticas de torturas y las condiciones de encierro violatorias de los derechos humanos y, por otro lado, las demoras en la justicia avalan y garantizan la impunidad.

Magdalena y Quilmes no fueron episodios azarosos; hubo condiciones objetivas y responsabilidades individuales y políticas que los hicieron posibles: la superpoblación, la práctica sistemática de la tortura, la ausencia de medidas de seguridad y la acción (u omisión) concreta de quienes decidieron no auxiliar a los detenidos.

Mientras tanto, las familias luchan para que haya justicia, luchan para que las muertes de sus chicos no sean olvidadas. “Los de azul siempre matan a los nuestros. Cada nueva víctima es como si volvieran a matar otra vez a nuestros hijos”, dice con voz desgarrada la mamá de Diego Maldonado y le cuesta hablar, por momentos se quiebra. Nada, ni siquiera una justicia tardía, le devolverá a su hijo.