El Juzgado de Garantías N°  2 de La Matanza hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, al detectar graves problemas en el suministro de agua en la Unidad penitenciaria 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) acentuados por la sobrepoblación y en medio de una temporada de altas temperaturas.

ANDAR en La Matanza

(Agencia Andar) Un equipo de la CPM se constituyó en la unidad 43 ubicada en González Catán en el marco de las tareas de monitoreo desarrolladas habitualmente por el organismo en su función de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Como resultado, presentaron un hábeas corpus colectivo en favor de los detenidos allí alojados al constatar problemas con el suministro de agua y encontrar la unidad con altos niveles de sobrepoblación alojando al momento 1.300 personas, cuando cuenta con un cupo de 478.

Por otro lado este cupo establecido por las autoridades no cumple con los estándares fijados por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura en su resolución 16/21, con lo cual la sobrepoblación es aun mayor.

La falta de cumplimiento del deber estatal de garantizar condiciones dignas que tienen directa implicancia en el aspecto sanitario al faltar el agua potable y el exceso de detenidos alojados en la unidad fueron constatados por el Juzgado de Garantías N° 2 a cargo de Ricardo Tripaldi, que hizo lugar a la presentación. Por esta razón prohibió ingresos a la unidad durante 30 días, ordenó que se llevan a cabo las obras y reacondicionamientos necesarios para  lograr el óptimo funcionamiento de dos bombas sumergibles de suministro de agua y del funcionamiento automático de la red contra incendios y dispuso el seguimiento periódico del problema.

Tanto por lo que se constató durante la inspección como por lo que respondieron los distintos informes solicitados por el juzgado resultó que la situación en la unidad no es nueva. El problema del agua comenzó aproximadamente en abril del año 2024 con deficiencias en una de las bombas que recién se reparó un año después, pero el reemplazo por una de mayor potencia afectó el funcionamiento de la otra que continúa sin solución.

Esto genera la disminución de la provisión en distintos sectores de la unidad y en diferentes rangos horarios lo que hace que tengan que almacenar agua durante la noche en baldes y bidones para utilizar durante el día. Cuestión que “debe conjugarse con la cantidad de personas alojadas, lo cual, evidentemente y según lo informado, supera el cupo ideal para su funcionamiento”, resalta el Juez.

El fallo reconoció que la situación de la Unidad 43 “se enmarca en un contexto general en el cual las unidades penitenciarias, frecuentemente, padecen este tipo de conflictos”. Tal como se consigna en el último Informe anual  de la CPM y también en  Registro Nacional de Casos de Tortura del último año, las malas condiciones de detención son el tercer hecho de tortura y malos tratos más denunciado por las personas detenidas: celdas inundadas o sin agua, sin luz, con plagas, sin calefacción en invierno o sin ventilación, entre otras situaciones, incumplen con estándares mínimos de habitabilidad para los espacios de encierro. Las condiciones inhumanas de alojamiento y el nulo acceso a servicios indispensables, constituyen violaciones a los derechos humanos que requieren ser resueltas con urgencia.