La justicia hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLPT), por el agravamiento de las condiciones de detención relevadas en el pabellón de diversidad de género de la Alcaidía Roberto Pettinato de La Plata. Aislamiento prolongado en las celdas, falta de acceso a la salud y mala alimentación fueron los problemas centrales que desde el juzgado ordenaron revertir con distintas medidas.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar)  La resolución judicial consideró acreditado que las condiciones de alojamiento en el pabellón destinado a personas trans en la Alcaidía de La Plata implican un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención y vulneran derechos fundamentales reconocidos por la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

El fallo es la respuesta favorable a un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión por la Memoria en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, luego de recibir una denuncia en la que se señalaban cuestiones que afectaban gravemente la calidad de vida de las detenidas: encierro constante, falta de acceso a la salud y mala alimentación.

La presentación se hizo ante el Juzgado en lo Correccional N° 4 de La Plata en turno y describe, acorde a la denuncia, un régimen de encierro casi permanente en las celdas de las que sólo podían salir apenas entre 15 y 30 minutos diarios para usar el sector de duchas. Este cambio en la rutina se había dado en el último tiempo sin explicación. También se denunciaban condiciones edilicias deficientes, escasa ventilación, presencia de insectos, problemas de salud sin un abordaje adecuado, entre ellos VIH, tuberculosis y sífilis, alimentación deficiente e inadecuada.

El juez Diego Tartarsky concretó una audiencia en la que se entrevistó con las detenidas que describieron las vulneraciones descriptas, los problemas de salud propios e hicieron referencia a la muerte reciente de una compañera que se vincula a la falta de atención sanitaria oportuna.

Como resultado ordenó al Servicio Penitenciario que se continúen realizando los estudios médicos correspondientes  a fin de determinar el diagnóstico y pronóstico de las detenidas, y se les suministre la medicación que corresponda. También indicó que reciban tratamiento psicológico y psiquiátrico, dietas preparadas según corresponda a las patologías que padecen y fiscalizadas por la autoridad sanitaria. En cuanto al régimen de vida deben permitir a las internas tener las celdas abiertas, con acceso a patio y posibilidad de vincularse entre sí, y subrayó que en caso de requerir la reubicación de alguna persona deberán solicitar los avales a las autoridades judiciales competentes.

El caso vuelve a poner en evidencia la situación de especial vulnerabilidad de las personas trans privadas de libertad, quienes enfrentan mayores riesgos de violencia institucional, discriminación, aislamiento y obstáculos en el acceso a la salud.