En la reunión de trabajo convocada el día de ayer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se analizó la grave crisis humanitaria que atraviesan las comisarías de la provincia de Buenos Aires. En este contexto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Defensoría de Casación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitaron la ampliación de las medidas cautelares para la protección de la vida y la integridad física de todas las personas alojadas en dichos establecimientos, y el cese de su uso como lugares de alojamiento permanente. El Estado nacional y el Estado provincial reconocieron la gravedad de la situación, aunque no propusieron medidas para revertirla ni para evitar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en esos ámbitos. Entre ellas, las 16 muertes ocurridas a raíz de los incendios de las comisarías de Pergamino y Esteban Echeverría como consecuencia de la falta de protección de la vida.

ANDAR en Washington

(CPM) La grave crisis humanitaria en las comisarías bonaerenses fue expuesta ante el comisionado Luis Vargas Silva, el coordinador del área de medidas cautelares Jorge Meza y representantes del Estado nacional y provincial. Las imágenes que mostraron las condiciones extremas que se padecen permitieron comprender el grave peligro y riesgo para la vida de las personas allí alojadas.

Las organizaciones peticionarias informaron que estos déficits se reiteran en todos los establecimientos policiales y advirtieron que, de no resolverse de manera urgente, provocarán nuevas muertes de personas bajo custodia y cuidado del Estado.

Al finalizar la reunión, el comisionado Vargas señaló la gravedad de la situación y la falta de toda respuesta estatal. Ahora la CIDH deberá resolver sobre el pedido realizado.

En la actualidad, 4.129 personas se alojan en 1.021 camastros. La cantidad de personas detenidas en comisarías creció un 26 % el último año, acumula un 121% desde el inicio de esta gestión de gobierno y no para de crecer día a día.

De las 450 comisarías provinciales, 253 están inhabilitadas para alojar personas. Pese a ello, se desobedecen las órdenes judiciales y administrativas de clausura y en 118 aún se siguen alojando detenidos de manera ilegal.

Esta sobrepoblación y hacinamiento extremo provocaron 68 muertes desde diciembre de 2015 a la fecha: por ejemplo, el 2 de marzo de 2017, murieron 7 personas en la Comisaría 1ª de Pergamino; el 15 de noviembre pasado, en un hecho similar, otras 9 personas murieron en la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría, que se encontraba clausurada por orden judicial y por lo tanto inhabilitada para alojar personas. Pese a ello 26 detenidos se alojaban en un lugar que, según la policía antes de la clausura, sólo podía alojar a 10. La comisaría no contaba con sistema de prevención de incendios, plan de contingencia ni matafuegos adecuados para apagar el fuego. Los dos matafuegos existentes se encontraban vencidos y no contaban con colchones ignífugos; por el contrario, sólo algunos tenían colchones de gomaespuma altamente inflamables y tóxicos. Es decir que luego del incendio de Pergamino ni siquiera se encaró un plan para prevenir este tipo de muertes.

La reunión de trabajo había sido solicitada en el marco de las medidas cautelares MC-496-14 y MC-37-15.