Después de dos años de aprobada la ley 14.783 que dispone que el 1% de los puestos en los organismos públicos sean ocupados por población trans, y tras una larga lucha de las organizaciones locales, se aprobó el cupo. Las expectativas y el trabajo que conquista derechos.

ANDAR en San Martín

(Agencia Andar) Alejandra Cabrera es una de las referentes que se dedicó a  pensar y desarrollar estrategias para concretar la implementación de este cupo que es ley en la provincia. “Desde el 2016, cuando ingresó al Concejo Deliberante de San Martín, estuvo 2 años encajonada”, cuenta la activista, lo que derivó en que distintas organizaciones empezaran a reclamarla. “Cada una estuvimos reunidas y aportando estrategias, pidiendo encuentros con el municipio y concejales. Yo tuve la posibilidad de entrevistarme con el presidente del consejo Diego Perrela y él se había comprometido en este debate a favor de la votación”, detalla Cabrera.

Algunos municipios como Quilmes, Avellaneda, Lanús, Morón, Almirante Brown, Merlo, Tres de Febrero y San Miguel adhirieron a la ley pero no hay datos exhaustivos que releven la situación laboral de personas travestis y trans. Las cifras que circulan suelen ser parciales y focalizadas ya que muchas son parte del trabajo que hacen organizaciones la sociedad civil en un territorio, como Alejandra.

En San Martín, donde el cupo se votó con 22 concejales a favor y algunas abstenciones, hay casi un centenar de personas que podrían aplicar a los puestos que se abran. “Venimos haciendo un trabajo arduo que implica que estamos capacitadas para ocupar ese puesto: hay promotoras de salud, compañeras con terciarios, otras que se formaron trabajando en territorio con temas como los consumos problemáticos. Hay 70 compañeras capacitadas con primario y secundario terminado”, dice Cabrera.

La ley 14.783 de cupo laboral trans, también conocida como “Amancay Diana Sacayán”, fue aprobada por unanimidad el 17 de septiembre de 2015 en la legislatura bonaerense. Establece para el Estado “la obligatoriedad de ocupar en una proporción no inferior al 1% de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público”.

“Las expectativas son muchísimas; no nos vamos a quedar quietas, vamos a seguir para que esto se efectivice, para poder empezar a implementarlo, seguiremos en esta lucha de la igualdad en el país. Somos uno de los sectores más vulnerables pero hemos llegado a muchos logros, muchas leyes, siempre en colectivo porque de eso se trata”, cuenta Alejandra y agrega que en el municipio se está capacitando e impulsando el acceso a la educación a más personas trans. Ella misma es formadora en violencia institucional y de género y agradece a quienes aportaron en su formación y militancia: “todo el grupo de la Comisión por la Memoria me ayudó un montón y  me dieron las herramientas necesarias para poder llegar a más compañeras, para enfrentarme a ciertos sectores. Hoy esas compañeras están más empoderadas gracias a esto”.