Un comunicado de los organismos de derechos humanos que impulsan los juicios en Bahía Blanca hace un balance sobre la situación local y analiza el contexto y desarrollo de los procesos contra los represores.

ANDAR en Bahía Blanca

(Organismos*) Hace nueve meses finalizó el último juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizó en Bahía Blanca. Hace nueve meses y después de más de un año de desarrollo para juzgar a una veintena de genocidas. Extraoficialmente los integrantes del el TOF local, dejaron correr información sobre distintas fechas de inicio, hasta definir que en el mes de julio de este año iniciarían el próximo. Sin embargo a esta altura del mes de agosto, no tenemos fecha cierta ni formato de los juicios a realizarse.

Los organismos hemos planteado, así como varias veces la Fiscalía de Lesa Humanidad, la unificación de causas por una cuestión de economía procesal ya que no se puede realizar los juicios de la manera que se vienen haciendo, o sea uno por año, sumando a las dificultades de las audiencias que son insuficientes. Eso significa por un lado impunidad biológica para los imputados, y un avance del burocratismo judicial. El ejemplo es el caso del Juzgado Federal de Instrucción N° 1 que suma al haber desmantelado la Secretaría de DDHH del Juzgado, con la excusa del pedido del Tribunal Oral Criminal de supuesta necesidad de personal. Esto atenta contra la aplicación de justicia que buscamos hace más de cuarenta años, pero que los jueces parecen no entender.

[pullquote]inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles[/pullquote]

Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles. Esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad, y hoy se confronta al fallecimiento de víctimas, familiares y testigos de todo orden generando otras graves dificultades judiciales más, que no deben suceder a esta altura del inicio de políticas de estado de Memoria, Verdad y Justicia.

Esas políticas hoy van camino a ser vaciadas, pero no claudicaremos porque sabemos y vemos como el Poder Judicial Federal acomoda sus sillones hacia la derecha. Lo hacen como cuando se silenciaron en tiempos de las leyes de impunidad. Otorgar detenciones domiciliarias, incluso a condenados a cadena perpetua, muestra en sus conductas irregulares la instalación de la sinrazón de las condenas. En ese escenario aparecen también otros elementos, como la ratificación de recusaciones con los fundamentos brutales de los defensores, hacia jueces o fiscales. Todo señala la intencionalidad de frenar los enjuiciamientos, para después cerrar todos los caminos para su continuidad.

[pullquote]un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión[/pullquote]

En todo el país, los genocidas han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial: de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos. Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión. Pero además estas detenciones se cumplen en mejores condiciones de detención y trato que las que actualmente recaen sobre el resto de los detenidos.

La prisión domiciliaria dispuesta para Miguel Etchecolatz por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, condenado en 4 oportunidades por crímenes de lesa humanidad, es una muestra del deterioro del proceso de justicia. Los genocidas deben terminar sus días en la cárcel.

Los juicios de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Es de estricta justicia.

Instamos a los jueces del TOF que juzga a genocidas en Bahía Blanca, a que sigan el camino que nos honra como sociedad y que parecería están abandonando, de Memoria, Verdad y Justicia.

*Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca

H.I.J.O.S. Regional Bahía Blanca

Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Bahía Blanca