Este viernes se desarrolló la última audiencia del juicio por la masacre de la comisaría 1° de Pergamino. Durante los alegatos, la defensa de los seis ex policías solicitó la absolución de todos los imputados. Los abogados dijeron que durante el debate no se pudo acreditar la conducta criminal de cada uno de ellos, en cambio endilgaron la responsabilidad del hecho a las víctimas por “autoponerse en una situación de peligro” o la atribuyeron a la impericia de los bomberos. El 20 de diciembre, el Tribunal Oral Criminal 1 de Pergamino dará a conocer la sentencia y sus fundamentos.

FOTOS: Andrés Muglia para El diario del juicio.

ANDAR en Pergamino

(Agencia Andar) Un grito recorrió la sala de tribunales de Pergamino: “Ya no te vas a reír tanto, Donza”. Un instante antes, incluso antes de que el presidente del tribunal Guillermo Burrone diera por concluida la audiencia, el ex comisario Alberto Donza se levantó del banquillo de los acusados, junto sus puños, infló el pecho y miró con el gesto adusto, un poco desafiante, hacia el lugar donde durante todas las audiencias se ubicaron las familias de los siete jóvenes muertos el 2 de marzo de 2017 en la comisaría 1°.

Alicia y Juan Carlos durante la audiencia de juicio, con la foto en alto de su hijo, Franco Pizarro.

Alicia, la mamá de Franco Pizarro, se quedó de pie en la primera fila de la sala con la foto de Franco en alto, en dirección a los imputados. “Vean la cara de mi hijo”, les pedía mientras uno a uno se iban esposados por la puerta lateral del tribunal: Alberto Donza, Alexis Eva, Brian Carrizo, Matías Giulietti, Sergio Rodas y Carolina Guevara volverán a entrar por esa puerta el 20 de diciembre para escuchar la sentencia del Tribunal Oral Criminal 1 de Pergamino.

En la última audiencia del juicio, los seis imputados decidieron no hacer uso de la última palabra. Antes de ellos, sus abogados defensores ya habían pronunciado, durante los alegatos, el pedido de absolución para todos. El último intento por esquivar la justicia.

Los seis ex policías fueron representados por dos bloques de abogados aunque, a pesar de mínimas diferencias en las estrategias defensistas, actuaron como un único bloque; como se vio a lo largo del juicio, si bien no desconocieron el deber de garante que tenían sus defendidos, intentaron desvalorar el testimonio de los sobrevivientes y volcar la responsabilidad en las mismas víctimas, los bomberos o los funcionarios superiores. Sobre este último punto, se pronunciaron también los particulares damnificados —entre ellos, la Comisión Provincia por la Memoria (CPM)—, pero con una salvedad: la responsabilidad de los funcionarios no exime de responsabilidad a los imputados.

El primer turno de los alegatos fue para los abogados defensores del entonces comisario Donza, Carlos Torrens y Federico Mastropierro. En su exposición Torrens llegó a reconocer que pudo haber “negligencia o errónea interpretación de las circunstancias”, incluso “conductas censurables desde el punto de vista ético, pero no pueden configurar un delito”. El abogado dijo que su defendido hizo lo que debió hacer y valoró, a su manera, el accionar de los policías que el 2 de marzo de 2017 estaban servicio en la comisaría: “Lamentable y trágicamente hay 7 muertes y muchos sobrevivientes. Por qué algunos sobrevivieron y otros no, cuál es la explicación, eso el bloque acusador no lo pudo responder, porque habla bien de los imputados”.

Durante las audiencias testimoniales, los sobrevivientes fueron contundentes en sus declaraciones: a pesar de los gritos desesperados de auxilio, nadie socorrió a las víctimas, los policías se fueron del sector de calabozos y dejaron en cambio que el fuego se propagara. Más allá de la coherencia y la similitud entre las muchas declaraciones, Torrens pretendió desacreditarlas: “Es cuestionable pedirle ecuanimidad a quienes están declarando contras las mismas personas que los tienen detenidos”.

“Cómo se puede hablar de actitud despreciable sobre la vida de las personas detenidas, cuando Donza advirtió de los peligros, del hacinamiento. Ningún oficio fue respondido. Las posibilidades de que algo mayor ocurran estaban y pasó”, señaló durante otro momento del alegato. Donza, como el resto de los imputados, está acusado por una acción omisiva, es decir no hacer lo que debían hacer para salvaguardar la vida de las personas bajo su custodia. “No nos dijo el bloque acusador qué fue lo que no hizo”, se excusó Torrens y cerró su alegato pidieron la absolución de Donza por no probarse su culpabilidad.

Como continuidad de los alegatos de la defensa del ex comisario, el abogado Mastropierro elaboró un relato de los hechos que exculpa a los imputados y carga la responsabilidad sobre las víctimas: “Quedo evidenciado por sobrevivientes que “Noni” Cabrera fue el provocador del conflicto, la pelea que llevó al engome, del incendio y su instigador: la autopuesta en peligro enorme, inhabilita la posición de garantía y elimina el tipo objetivo de delito que el bloque acusador quiere imponer”. Mastropierro volvió a solicitar la absolución por falta de autoría y pidió de manera subsidiaria que, en caso de haber fallo condenatorio, sea con una figura culposa.

Alegatos de la defensa en el juicio por la masacre de Pergamino.

Gonzalo Alba, representante legal del resto de los imputados, cerró la audiencia de alegatos. Con el estilo histriónico que mostró a lo largo del juicio pidió una serie de nulidades, denunció que se afectaron las garantías constitucionales de la defensa, que resulta fácil culpar a la “maldita policía” y que la instrucción del fiscal carece de credibilidad desde la foja uno.

También responsabilizó al Ministerio Público Fiscal y los jueces por el colapso y hacinamiento de las cárceles y comisarías, y sostuvo “tener altura moral para hablar de los detenidos”, porque hace visitas institucionales a los lugares de encierro y es docente en contexto de encierro.

Sobre los hechos que en este juicio se imputan, al igual que la defensa de Donza, sostuvo la “absoluta inocencia” de todos los imputados y señaló que “nadie dijo cuál fue el comportamiento criminal de cada uno”.

En más de un momento de su alegato desmintió que la defensa buscara responsabilizar a las víctimas o a los abogados; sin embargo insistió en la autopuesta en peligro por parte de quienes iniciaron el fuego y pidió que se extraigan copias del juicio para que se investigue por falso testimonio a los bomberos Ardis y González que declararon en el debate: “Vinieron aquí a mentir con animosidad, mintieron y no dejaron nunca de mentir. Tampoco queremos responsabilizar a los bomberos por su negligencia o inoperancia, pero no entendemos porque atacaron a los policías”.

Sobre el accionar de sus defendidos, Alba remarcó que “intentaron hacer lo que estaba a su alcance”, que Giulietti y Carrizo —los dos policías que quedaron en el sector imaginaria— apagaron con agua el primer foco ígneo, una acción que ninguno de los sobreviventes declaró haber visto. “Luego siguen prendiendo y ya no pueden apagarlo”.

“Con la autopuesta en peligro se elimina el tipo objetivo. Que los policías no sean culpables, no significa que los culpables sean los detenidos que iniciaron el fuego”, coincidió Alba con respecto a los abogados de Donza. Antes de terminar su alegato con el pedido de absolución, Alba insistió que no hubo comportamiento criminal en sus defendidos y que la acusación realizada por el fiscal y los particulares damnificados es una acusación dogmática: “El deber hacer es un precepto moral, la ley no da un protocolo sobre cómo tengo que actuar. Un precepto moral no es jurídico, por eso se derriba la calificación penal. Si la ley no lo dice, quién determina cuál es la conducta debida”. Y, finalmente, volvió a remarcar lo que dijo en los lineamientos: “No todo hecho grave debe tener un responsable penal”.

Tras la finalización de los alegatos, el Tribunal Oral Criminal 1 de Pergamino fijó la fecha para la lectura de sentencia y fundamentos: será el 20 de diciembre, 33 meses después de los hechos. Un juicio que puede ser histórico.

Los seis imputados, exonerados de la Policía Bonaerense por estos mismos hechos, afrontan la posibilidad de recibir penas que van de los 9 a los 25 años de prisión; penas que, todo el bloque acusador, pidió que sean de cumplimiento efectivo en unidades penitenciarias. Actualmente, sólo Donza y Eva esperaron el juicio en cárcel, el resto está detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Del otro lado, familiares, amigos y amigas de Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Franco Pizarro, Alan Córdoba, Federico Perrota, John Claros y Juan José Cabrera sólo esperan algo de justicia y reparación. Esperan que los responsables de la muerte de los siete jóvenes sean condenados, y que el fallo sea un hito de la lucha contra la impunidad, un mensaje para que estas masacres no vuelvan a repetirse.