Nueve Relatorías y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) advirtieron al Estado argentino sobre el grave y sistemático deterioro de las libertades fundamentales y el ejercicio de los derechos civiles y políticos desde diciembre de 2023, a partir de la implementación del llamado “protocolo antipiquetes”. El informe reconoce el trabajo de monitoreo del despliegue de las fuerzas de seguridad que viene realizando la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura conjuntamente con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que permitió documentar la represión a la protesta social y la criminalización de quienes se manifiestan.

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(CPM) La ONU reconoció que la implementación del protocolo antipiquetes, junto a una serie de reformas legales regresivas, “afectan de forma grave los derechos a la asamblea pacífica y asociación, acompañadas por discursos hostiles de altos funcionarios […] contra organizaciones de la sociedad civil y personas que organizan movilizaciones pacíficas”.

A partir de la descripción del contexto de represión y criminalización de la protesta social que acontece en Argentina desde diciembre de 2023, la ONU solicitó al Estado argentino revisar y adecuar el marco legal del protocolo, e investigar y sancionar a los funcionarios policiales responsables de los graves delitos de violencia estatal perpetrados en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas.

La advertencia al gobierno se conoció en un informe elaborado por nueve Relatorías Especiales y Grupos de Trabajo que integran el sistema de control y vigilancia de los derechos humanos. El documento señala “serias preocupaciones por las múltiples afectaciones al pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos”, entre ellos: la libertad de reunión pacífica, de expresión, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, al debido proceso y la independencia judicial.

El informe describe las graves vulneraciones de derechos y la violencia estatal en el marco general de lo que acontece desde la implementación del protocolo antipiquetes y que, entre otros organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, viene denunciando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Sobre la labor de la Comisión, la ONU destaca los más de 60 monitoreos realizados durante el 2024 y la continuidad de ese trabajo durante este año que permitió documentar el aumento progresivo de la violencia estatal en el marco de la protesta social, las lesiones contra personas que integran los grupos más vulnerables como jubilados y niños, y las detenciones arbitrarias. También señala que todo esto ya había sido documentado en las 10 denuncias penales contra las fuerzas federales presentadas por la CPM.

De acuerdo a la información recabada, la ONU señala que el protocolo antipiquetes implicó, entre otras cosas, un desproporcionado despliegue de las fuerzas de seguridad, que incluye la presencia de fuerzas, como Prefectura y Gendarmería, cuyo mandato operativo nada tiene que ver con la intervención en movilizaciones sociales, el uso permanente de armas menos letales que dejaron cientos de personas heridas, entre ellos niños, personal médico, periodistas y defensores de derechos humanos que cumplían tareas de control y monitoreo.

Además, hace una mención especial sobre las detenciones arbitrarias, muchas de ellas ocurridas en las desconcentraciones, y con el uso de imputaciones a través de “cargos vagos y no individualizados”, y sin las garantías legales necesarias. En ese sentido, la ONU señaló también su preocupación por el hostigamiento del Gobierno nacional hacia los jueces que intervienen en estas detenciones y/o en los operativos policiales en salvaguarda de los derechos de los manifestantes.

En particular, el informe señala los casos del juez Roberto Gallardo, que fue denunciado por el Ministerio de Seguridad de Nación ante el Consejo de la Magistratura de CABA, por ordenar que sólo intervenga la Policía de la Ciudad en las marchas de jubilados. Y de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la libertad de todas las personas detenidas en la movilización del 12 de marzo de este año por considerar que no respetaban las más mínimas garantías legales; tras esa intervención, funcionarios del Ministerio de Seguridad y de Justicia anunciaron públicamente que solicitarían su destitución.

Sobre este escenario de criminalización de la protesta y ataque a la independencia de los jueces, la ONU advirtió su “preocupación por la calificación política de las protestas por parte de las autoridades como actos de terrorismo o delitos contra la seguridad nacional”. En esa línea, cuestionó reformas como la ley de financiación del terrorismo, la ley anti mafias, de las normas de inteligencia nacional, entre otras, todas tendientes a otorgar mayores niveles de discrecionalidad al Ministerio de Seguridad en el ejercicio de sus funciones.

El informe y pedido de información al Estado argentino por parte de la ONU fue firmado por los Relatores Especiales sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero; sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan; sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor; sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite; sobre la promoción y la protección de los derechos humanos por las personas de edad, Claudia Mahler; sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul; sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Alice Jill Edwards; y el vicepresidente de comunicación del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria Matthew Gillett.

Este llamado de atención ocurre en un contexto de aumento de la represión que, tal como adelanta el nuevo informe especial que presentará la CPM, en los primeros seis meses de este año ya hubo más personas heridas y detenidas en el marco de la protesta social que durante todo el año pasado. La presentación de ese segundo informe especial, producto del monitoreo realizado entre enero y junio de este año, se realizará el martes 22 de julio a las 18 horas en el anfiteatro de la sede nacional de ATE en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.