Mónica, la mujer trans que quedó parapléjica en el encierro porque le negaron asistencia médica durante seis meses, obtuvo una medida morigeratoria de la prisión y está internada en el Hospital San Juan de Dios curándose de las heridas por su estado de postración. Pero el cuadro es desalentador: cuando reciba el alta, no tiene adonde ir, ni sostén económico, psicológico y afectivo. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) volvió a reclamar al CIDH que el Estado le garantice un dispositivo de contención; lo mínimo que puede hacer para devolverle algo de la dignidad que le arrebató en la cárcel.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) En mayo pasado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar por el grave peligro sobre la vida de Mónica Mego. Mónica quedó parapléjica por una infección en la médula, derivada de un cuadro de tuberculosis no atendido a tiempo y de manera adecuada. Durante seis meses, el Servicio Penitenciario Bonaerense le negó atención médica.

En ese momento, Mónica estaba alojada en la Unidad Hospitaliaria 22 de Olmos sin la asistencia adecuada y en condiciones que agravaron su estado de salud. En los primeros días de junio, en respuesta a un habeas corpus de la CPM, el Juzgado de Garantías N 1 de La Plata dictó la morigeración de la prisión preventiva en favor de Mónica Mego y ordenó su ingreso al hospital público San Juan de Dios.

La decisión de la justicia, tardía e insuficiente, no logró cesar las vulneraciones que sufre Mónica. La CPM fue a verla al hospital en un par de ocasiones y mantiene contacto continuo con el personal médico, también realizó una pericia donde se advierte que su estado de salud es grave, el estado de sus escaras es alarmante y su pronóstico de recuperación es desalentador. “Los peligros que pesan sobre la vida e integridad física de Mónica podrían desenlazar en su muerte”, resume.

Desde el primer momento, a principios de mayo, cuando Mónica fue operada en el Hospital San Martín por la infección en la médula que le ocasión la paraplejia y la pérdida de control de esfínteres de por vida, la CPM le reclamó al Estado medidas de contención sanitarias, psicológicas y económicas que permitan garantizar un tratamiento integral de la salud acorde a los padecimientos de la mujer. Pasaron dos meses y el Estado no brindó ninguna respuesta.

A un mes de la presentación ante la CIDH, y en virtud de la continuidad del cuadro de abandono en el que se encuentra Mónica, la CPM amplió la medida cautelar para que el organismo internacional intime al Estado nacional a tomar medidas concretas que logren revertir la situación y devolverle una mínima esperanza de una vida digna. Por el contrario, la persistencia de este cuadro, sólo deja a Mónica cada vez más cerca de la muerte.

En este contexto de abandono, y a pesar de lo insuficiente que resulta, la medida del Juzgado de Garantías N 1 de La Plata dio un resultado inmediato: internada en el Hospital San Juan de Dios, Mónica está recibiendo, por lo menos, asistencia médica adecuada para la sanación de las escaras. Pero todo esto resulta provisorio.

Una vez cumplida esta instancia de la recuperación y controlada cualquier posibilidad de infección, los médicos de la sala de infectología determinaron que resultaría conveniente el traspaso de Mónica al Hospital zonal especializado en crónicos El Dique de Ensenada para iniciar el tratamiento de rehabilitación. Esa es una de las 18 medidas solicitadas por la CPM en la ampliación de la medida cautelar ante la CIDH.

Aun sabiendo que le espera un largo periodo de rehabilitación, Mónica está preocupada por su futuro: ¿qué será de ella cuando obtenga el alta médica? Si el Estado le niega cualquier asistencia, el temor más inmediato es volver a la cárcel, al encierro en las mismas condiciones que le generaron este daño irreversible.

Mónica es de nacionalidad peruana y desde hace 8 años es ciudadana argentina. Entró al sistema penal acusada por narcomenudeo. Como muchas travestis y personas trans, Mónica no posee un trabajo formal y su única manera de sobrevivir es a través de la prostitución. Ahora no tiene nada.

La ausencia de una red vincular de contención por fuera del encierro constituye una de las principales preocupaciones. “Consideramos primordial que el Estado garantice la alternativa a la prisión preventiva. Sin embargo, para ello, Mónica necesitará un domicilio de destino, combinado con asistencia médica tendiente a promover su recuperación. También requerirá de un sostenimiento o subsidio económico para la satisfacción de necesidades básica”, señala la CPM. Todo esto fue pedido en el último habeas corpus, pero el Juzgado de Garantías N 1 de La Plata no se pronunció.

Ante la falta de respuesta del Estado argentino, la CPM solicitó al consulado general del Perú que evalúe otorgar una ayuda económica y social para Mónica. Los diplomáticos se pusieron al tanto de la situación de salud y se comunicaron con la familia, pero se excusaron en la escasez de recursos para viabilizar la ayuda.

La CPM también se comunicó telefónicamente con la familia de Mónica que vive en Perú; la madre y la hermana se pusieron a disposición para su cuidado pero las cuestiones económicas resultan un obstáculo tanto para costear el viaje como para alojarse en el país.

La mayoría de las 18 medidas solicitadas por la CPM en la ampliación de la medida cautelar ante la CIDH tienen que ver con la seguridad de Mónica luego de la alta médica: el Estado debe construir una estrategia y un dispositivo de contención para brindarle posibilidades de sobreponerse y vivir una vida digna. Es una obligación del Estado luego del daño irreversible que le generó.

Si bien la ley argentina en materia de seguridad social plantea algunas exigencias para acceder a políticas públicas en esta área, debe considerarse la particular situación de Mónica y dejar de lado requisitos formales que puedan obstaculizar el acceso a la salud. En ese sentido, entre las principales medidas, la CPM reclama que se inicien gestiones para  conseguir una vivienda, para tramitar el Certificado Único de Discapacidad y garantizar el acceso a una pensión por invalidez que, a su vez, permitirá a la destinataria acceder a las prestaciones de salud de la obra social.

“Es evidente que el Estado argentino pretende que el futuro de Mónica quede librado a la suerte. No puede permitirse un escenario semejante, pues debe recordarse que la situación actual de Mego es consecuencia directa de la inacción estatal y es por eso que el Estado argentino debe actuar conforme a derecho y evitar más daño”, concluye la CPM en la ampliación de la medida cautelar ante la CIDH.