(Agencia Andar) De acuerdo a las atribuciones conferidas por la ley nacional 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, desde la implementación del protocolo antipiquetes en diciembre de 2023, los mecanismo locales de Buenos Aires y CABA, junto al Comité Nacional, desplegaron una herramienta de control del despliegue de las fuerzas de seguridad, que incluye como estrategia central el monitoreo en las manifestaciones para relevar, documentar, denunciar judicial y públicamente los hechos represivos. Asimismo se coordinan acciones con el Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, la organización no gubernamental CEPA (Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios) y las postas sanitarias de diferentes partidos y organizaciones políticas que asisten a las personas heridas en las manifestaciones.

“Meses antes de las elecciones presidenciales de 2023 evaluamos desde la CPM la necesidad de pensar un dispositivo de monitoreo de la represión a la protesta social que imaginábamos podría desplegarse en nuestro país con el cambio de gobierno. En función de estos resolvimos llevar a cabo una experiencia de formación con la organización Casa Domingo Cañas de Chile, que venía desarrollando esta tarea desde mucho tiempo antes en el país vecino. Asimismo propusimos al Comité Nacional y al Consejo Federal de Mecanismos Locales construir un dispositivo de intervención y monitoreo, lo que efectivamente se implementó desde este ámbito institucional y encuadrado en las atribuciones que tenemos”, relató Roberto Cipriano García, integrante y secretario ejecutivo de la CPM.

“La decisión de monitorear el despliegue de las fuerzas de seguridad en el marco de la protesta implica ‘estar ahí’, una presencia institucional en el territorio, que en ese estar disputa el espacio público en lo concreto, situándonos donde las cosas pasan, donde se protesta y se reprime”, señala en diálogo con ANDAR la directora general de la CPM Sandra Raggio.

“Somos muy rigurosos con las medidas de resguardo y cuidado no solo para preservar nuestra integridad, que es central, sino para garantizar nuestra labor de registro y denuncia. Hemos sufrido en carne propia la represión, balas de goma, sobre exposición a gases tirados a quemarropa, empujones, lo que da cuenta que la represión tiene como objetivo limitar la protesta y la libertad de expresión y no el ‘mantenimiento del orden público’, por eso se despliega también sobre los que estamos registrando esa violencia, los defensores de derechos humanos, los periodistas. Y por eso seguiremos como institución ‘estando ahí’”, completó.

Tal como indicó la CPM en su último informe, esta tarea de relevamiento en el territorio produjo cifras alarmantes del primer semestre de 2025: en 21 de las 39 movilizaciones monitoreadas, es decir, en 5 de cada 10, se produjeron episodios represivos por parte de las fuerzas de seguridad. Esto es significativamente superior al año 2024, donde se reprimió en 17 de las 60 manifestaciones monitoreadas, esto es en 3 de cada 10.

El secretario ejecutivo de la CPM continuó: “las tareas de monitoreo de la represión a la protesta social que llevamos adelante desde la aplicación del protocolo antipiquetes nos han nutrido de una gran experiencia, producto de las casi 120 marchas monitoreadas. En estas marchas los equipos llevan adelante una tarea de registro y documentación de las violaciones de derechos humanos, de las formas en que las fuerzas de seguridad intervienen reprimiendo a los manifestantes, incumpliendo con la normativa vigente y los protocolos de actuación correspondientes”. Agregó que también se relevan, registran y se trata de identificar a las personas detenidas. “La tarea implica estar en la primera línea, muy cerca de donde se producen los hechos, muchas veces detrás del cordón policial para registrar mejor su actuación, otras veces junto a los manifestantes que están en contacto con los cordones policiales, tratando de buscar lugares que permitan un registro preciso de lo que ocurre. Obviamente esto implica poner el cuerpo, estar ahí, en situaciones de violencia policial y de fricción”.

Además, Cipriano García destacó: “la actuación de nuestros equipos se lleva a cabo en el marco de protocolos muy estrictos de cómo intervenir, siempre de manera pacífica, cumpliendo la tarea de defensores de derechos humanos. Obviamente las agresiones físicas o verbales que hemos recibido nunca se responden y tratamos de evitar la exposición a estas situaciones. Se adoptan permanentemente medidas de seguridad y cuidado, contamos con el equipo adecuado para minimizar el impacto de estas agresiones policiales (máscaras adecuadas y cascos), así como también todos estamos debidamente identificados con un chaleco rojo que señala el organismo al cual pertenecemos y la normativa que valida nuestra actuación”. No obstante estas medidas de cuidado, varios integrantes han sido también víctimas de esa violencia policial al ser alcanzados por postas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno, empujones y golpes. “Muchas veces se arrojó gas pimienta sobre nosotros, dirigido de manera directa, intencional, pese a que como decía estamos correctamente identificados. Lo mismo ocurrió en diferentes hechos de agresiones físicas. Nuestros equipos están también capacitados y cuentan con los insumos para brindar primeros auxilios a quienes integramos los equipos de monitoreo o a les manifestantes que son alcanzados por la represión. Aquí se lleva a cabo una tarea de coordinación con CEPA y las postas de salud, y cuidados para atender las urgencias y derivar al sistema de salud de ser necesario”, agregó.

Ezequiel Paulucci, secretario ejecutivo del Mecanismo Local de CABA, detalló que realizan un trabajo colaborativo y complementario con la CPM, y junto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, observando las manifestaciones. “El mecanismo local de CABA funciona en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, por lo tanto tenemos un dispositivo que se despliega junto con ellos también”. “Este trabajo colaborativo que hacemos, con tanta represión sistemática que hay, implica no superponerse y trabajamos de mejor manera, más eficiente y rigurosa porque compartimos la información que vamos recabando, complementándonos en el territorio”, indicó Paulucci. El sociólogo especificó que concurre una cantidad de personas para hacer una observación desde el inicio de cada manifestación, para ver cómo se despliegan las fuerzas y la manifestación en sí misma. “Nuestro trabajo específico, desde hace mucho, es sobre las aprehensiones en el marco de las protestas, como mecanismo local de prevención de la tortura. Hacemos un seguimiento de esas detenciones, enseguida nos ponemos en contacto con los demás equipos para una identificación de la persona aprehendida”.

Paulucci ponderó que “hay un trabajo fluido con la CPM, cada integrante del equipo que está cerca en el momento que sucede una detención pasa enseguida la información, para poder ir verificando. También hacemos un seguimiento de los heridos y heridas en cada manifestación e intercambiamos información con los demás organismos”. El referente aclaró que desde diciembre de 2023, cuando comenzó la aplicación del protocolo antipiquetes se hizo más sistemática su intervención, pero como Mecanismo vienen trabajando desde mucho antes sobre aprehensiones en el marco de protestas.

Para Paulucci hay dos momentos particularmente graves en esta etapa Milei de la represión recargada a la protesta social: “el 12 de junio de 2024 hubo una gran cantidad de heridos y un despliegue policial enorme, siempre desproporcionado, 35 detenciones en esa protesta. Fue un hecho importante porque lo habitual es que las imputaciones sean por atentado y resistencia a la autoridad, pero ese día de junio fueron al ámbito federal como atentado contra el orden constitucional, modificaron la imputación de la criminalización de la protesta, con remisiones al Servicio Penitenciario Federal con un grupo de las personas detenidas, que tuvieron prisión preventiva. En esa oportunidad hubo indagaciones por parte de las fuerzas policiales sobre su afiliación política partidaria o sociales, fue un hecho bastante grave”.

Respecto de este año, el hito fue la movilización del 12 de marzo cuando hirieron a Pablo Grillo. “Fue el otro hecho muy grave, hubo más de 400 heridos, ingresaron 26 personas a hospitales de la Ciudad por balas de goma, uso de gas pimienta y politraumatismos en general, una persona que también perdió el ojo, y otras varias atendidas en el hospital Santa Lucía también por daños en los ojos. Ese día hubo 114 detenciones, que con una buena acción de una jueza de la Ciudad les dieron soltura inmediatamente, con intervención de fuerzas federales y Policía de la Ciudad”. En su mirada, “por suerte no prosperó” la línea de imputar por delitos más graves, como en 2024 cuando el gobierno y el fiscal federal Carlos Stornelli acusaron a los manifestantes poco menos que de pretender derrocar al Presidente. “Fue una forma de intimidación para la población en general para que no pueda manifestarse. Fueron utilizando distintas herramientas desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, como esos mensajes en las estaciones de trenes anunciando que si no cumplías ibas a ser reprimido”, recordó. “Los despliegues desproporcionados de fuerzas continuaron, siguen sin respetar la autonomía de la Ciudad con la presencia de las fuerzas federales, con vallados impidiendo la circulación de la población en general, del Congreso y a varias cuadras de ahí. Todo como parte de la intimidación. En términos de la imputación, sí volvieron a lo habitual que es atentado y resistencia a la autoridad, como mucho lesiones o daños, que quedan en la órbita de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires”, comparó. El representante del Mecanismo de CABA describió que “después del 12 de marzo, en la tradicional marcha de los miércoles bajó bastante la cantidad de manifestantes pero el despliegue policial sigue siendo como si se tratara de movilizaciones masivas. Hay un obstáculo a la manifestación de 200 personas, y cada miércoles hay alguna acción de represión y dos o tres detenidos, además de una decena de heridos”.

Respecto de la cuestión de “poner el cuerpo” como defensores de derechos humanos, Paulucci consideró que “después del 12 de junio del año pasado se volvió necesario tomar medidas de cuidado para nuestros equipos, quienes estamos como organismos de derechos humanos e incluso los periodistas también recibimos en nuestros cuerpos la represión, no estamos exentos. Hemos sido víctimas de lesiones porque las fuerzas no hacen diferencia. Antes las fuerzas se cuidaban más en su accionar al ver identificados a los organismos. Eso dejó de ser tan así, ellos ya saben pero igual nos presentamos y decimos cuál va a ser nuestra labor. En otro momento, nuestra presencia lograba disuadir un poco los niveles de violencia, eso dejó de tener efecto”.

“La tarea de documentar y registrar la violencia estatal ha sido muy importante, solo la CPM lleva realizadas mas de 25 denuncias penales y varias presentaciones a los organismos internacionales de derechos humanos. Nuestros Informes fueron citados y nutrieron el llamamiento que 8 comités y grupos de trabajo o relatores de Naciones Unidas hicieron a la República Argentina sobre la represión a la protesta social. Por otro lado esta tarea ha sido muy relevante para la justicia: recientemente el fallo de la jueza Servini de Cubría que procesó al gendarme Guerrero por el disparo que hirió gravemente a Pablo Grillo destaca y pone de relieve el aporte de los videos y fotografías que aportamos para identificar al agente, es decir fue muy valioso para llegar a este procesamiento”, culminó Cipriano García.