En octubre pasado, el Tribunal de Casación Penal revocó el sobreseimiento y ordenó que se realice el juicio oral y público contra tres agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires, acusados de encubrir a su compañero de fuerza Cristian Alejos en un caso de gatillo fácil: el asesinato de Matías Banuera de 14 años, ocurrido el 29 de julio de 2017. Pasaron nueves meses y el Juzgado de Garantías N 2 de Quilmes sigue sin sortear el tribunal. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a la familia de Matías y otro adolescente que sobrevivió al ataque, interpuso un recurso de queja por la demora y reclama que se unifiquen los dos tramos de la causa en un único juicio.

ANDAR en Quilmes

(Agencia) Hace nueve meses, el máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires ordenó que los policías Maximiliano Aguirre, Lucas Bullosa y Manuel Argañaraz, imputados de encubrir un caso de gatillo fácil, vayan a juicio. Desde entonces, y a pesar de los reiterados pedidos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), patrocinante de las víctimas, el Juzgado de Garantías N 2 de Quilmes se niega a sortear tribunal, validando así las maniobras dilatorias de la defensa de los policías.

Frente a esta situación, la CPM interpuso un recurso de queja ante el Tribunal de Casación Penal por considerar que hay una demora excesiva e irrazonable, que “no encuentra sustento alguno que amerite el incumplimiento de los plazos estipulados por el código de procedimiento penal”.

El argumento del juez de garantías Martín Nolfi para retrasar la designación es la falta de certeza sobre la firmeza de la resolución del Tribunal de Casación Penal; sin embargo, aún cuando la defensa de los imputados pueda recurrir a la Corte bonaerense, ante la conclusión de la etapa de la investigación penal preparatoria corresponde que las responsabilidades se develen en un debate oral y público. Lo contrario significaría una vulneración del derecho al debido proceso y acceso a la justicia.

En la misma presentación, la CPM reiteró el pedido para que este expediente se unifique con el tramo central de la causa, que tiene a un policía imputado por el asesinato de Matías Banuera, y se radique directamente en el Tribunal Oral Criminal N 2 para realizar un único juicio.

El debate oral y público contra el agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Cristian Alejos, acusado por el homicidio del adolescente de 14 años, se iba a realizar los días 4 y 5 de mayo pero las audiencias se suspendieron por la pandemia del Covid-19.

La noche del 29 de julio de 2017, los cuatro policías -ahora imputados- estaban en una fiesta familiar cuando desafiaron a un grupo de adolescentes que pasaban por el lugar; Matías reaccionó y se trenzó a golpes de puño sin saber que eran agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Bonaerense.

Ante la desigual pelea, los adolescentes quisieron escapar y los policías entraron a la casa a buscar sus armas reglamentarias y persiguieron a Matías y Franco; tres de los cuatro reconocieron haber disparado. Uno de los disparos, efectuados por Cristian Alejos, a unos 70 metros de distancia, impactó en la cabeza de Matías que murió en los brazos de Franco, mientras gritaba pidiendo ayuda.

A pesar de que tres dispararon, sólo Alejos fue imputado por el homicidio agravado de Matías y homicidio en tentativa por Franco. Maximiliano Aguirre, Lucas Bullosa y Manuel Argañaraz fueron acusados de encubrimiento.

Las pruebas en el expediente son contundentes: ninguno dio aviso ni denunció a su compañero de fuerza por haber disparado contra los adolescentes. Los cuatro policías se dieron a la fuga y fueron detenidos varias horas después, cuando fueron reconocidos por el sobreviviente y otros vecinos. Al momento de justificarse, dijeron que no vieron caer al joven, tampoco oyeron los gritos desesperados de ayuda de Franco, que sí fueron escuchados por varios vecinos.

Según la versión de los policías, los adolescentes intentaron robar la moto de una de las personas que estaban en la fiesta y que dispararon para defenderse de una “agresión ilegítima” de ellos. Nada de eso es verdad; durante la instrucción judicial, se descartó por completo que las víctimas tuvieran un arma de fuego o hayan disparado.

Franco tenía 15 años cuando vio a su amigo morirse en sus brazos. Para evitar una sobreexposición y revictimización del joven, la CPM también le solicitó al Tribunal de Casación Penal bonaerense que resuelva unificar los dos tramos de la causa en un único juicio.

El momento del debate oral será también el escenario para insistir en la ampliación de las imputaciones para los policías Aguirre, Bullosa y Argañaraz: los dos primeros reconocieron haber disparado contra los adolescentes cuando escapaban corriendo y, por lo tanto, fueron coautores del delito que se le indilga sólo a Alejos.