La Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás impulsa este petitorio en la zona norte de la provincia a raíz de una nueva  postergación en la causa que investiga la causal de muerte del obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León. Los organismos sostienen la hipótesis de un atentado mientras las versiones oficiales dicen que habría sufrido en julio de 1977 un accidente.

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(Agencia) En la causa penal que investiga la muerte de Ponce de León hay dos hipótesis contrapuestas: una, que sostienen técnicamente peritos de Gendarmería Nacional, señala que efectivamente el prelado de San Nicolás sufrió un accidente en su automóvil cuando se trasladaba por la ruta nacional 9 hacia capital federal; la otra, que impulsan los organismos de derechos humanos, familiares y amigos del obispo y sus abogados querellantes, indica que se trató de un atentado motivado por las denuncias de Ponce de León contra la dictadura.

La causa tiene más de una década de iniciada y por ella pasaron ya tres jueces: Carlos Villafuerte Ruzo y Martín Martínez fueron apartados, y el tercero en quedar a cargo del expediente fue Marcelo Martín Bailaque, del Juzgado Federal de Rosario que subroga en San Nicolás y que desde hace 2 años y 8 meses está a cargo de la causa Ponce de León.

En esos casi tres años de Bailaque, aún no se han realizado las audiencias periciales sobre las dos hipótesis que revelarían la verdadera mecánica del choque con una camioneta que se cruzó de carril e impactó al vehículo del prelado. En este sentido, recién en junio de este año se llevó a cabo la audiencia pericial de la parte querellante, a cargo del perito ingeniero Jorge Geretto, y a la semana siguiente debía ser la otra.

Pero Bailaque la volvió a postergar hasta el 25 de octubre pasado, cuando por quinta vez se pospuso la audiencia pericial a cargo de los gendarmes y ni siquiera dio fecha de reprogramación ni motivos de la última suspensión.

De allí que la Mesa de la Memoria resolvió impulsar un petitorio con tres puntos principales: el apoyo en todos sus términos al escrito presentado por la abogada y abogados querellante tras la última suspensión; “manifestar nuestra ofensa, en tanto sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas del terrorismo de estado por el poco empeño”; y solicitar una entrevista personal al Juez Federal que subroga la causa con representantes de la Comisión Diocesana por la Memoria de Ponce de León y de la Mesa de la Memoria.

El petitorio fue compartido el sábado 12 de noviembre en una nueva reunión del Encuentro Regional por Memoria y Justicia, del que participan espacios de derechos humanos de Lincoln, Junín, Los Toldos, Pergamino, San Pedro, Ramallo y otras localidades del nordeste bonaerense.

Según José María Budassi, uno de los referentes de la Mesa de la Memoria de San Nicolás, nunca obtuvieron respuestas por parte del juez ni de su secretario –que lleva adelante la causa- acerca de los motivos de la quinta suspensión y existe un alto riesgo de que la fecha de reprogramación se estipule para el año próximo, lo que retarda injustificadamente el avance de la causa.

Por su parte, los abogados de la querella, Santiago Bereciartua, Franco Porporato y Silvia Benitez, presentaron un escrito al juez Bailaque en el que solicitan la reprogramación de la audiencia pendiente de forma urgente e improrrogable.

Allí citan la última notificación del juez, con fecha 21 de octubre: “En función a mi concurrencia a la Conferencia Nacional de Jueces durante los días 27 y 28 de octubre próximos y las actividades a desarrollar en el Juzgado Federal a mi cargo en causas vinculadas al tráfico ilícito de estupefacientes que me imponen estar presente en esta sede y consecuentemente me genera la imposibilidad de trasladarme a la ciudad de San Nicolás en la fecha prevista para las audiencias de la semana próxima, dispongo la suspensión de las mismas para fecha a reprogramar por Secretaría”.

Por eso, los abogados querellantes señalan que “es preciso hacer la consideración que en esta causa se persigue la finalidad de, averiguar los motivos de la muerte, no sólo de un Obispo de la Iglesia Católica, sino de una personalidad pública que cumplió un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y la vida de los ciudadanos, cualquiera fuera su ideología o creencia”.

“Es bueno destacar que el tiempo no solo pasa para los culpables sino que pasa también para las víctimas, sus familiares y allegados. Esto viene a cuenta de que muchas personas que durante toda su vida pelearon por llegar a la verdad y a la justicia, han fallecido sin poder ver a los culpables en la cárcel, sin ser reparados en su dolor (…) Por lo expuesto, solicitamos tenga a bien reprogramar las audiencias de forma urgente, para dentro de un breve lapso temporal y que las mismas sean ya improrrogables”, agregan.