Entre los casi mil proyectos que participan este año de la convocatoria del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, cerca de 200 eligieron trabajar sobre las múltiples violencias que se despliegan desde el Estado. La semana pasada, coordinadores de estos equipos de investigación de diferentes lugares de la Provincia participaron de un encuentro de capacitación en La Plata.

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(Agencia – CPM) Construcción del enemigo social, castigo y naturalización de la violencia: esa tríada, consentida y avalada por las agencias penales y legitimada por la sociedad, es el problema central que debe reconocer cualquier agenda de derechos humanos en la actualidad. La persecución, el hostigamiento y la tortura constituyen una práctica sistemática ejercida por las fuerzas de seguridad.

Ante esta situación, que se expresa los barrios populares y tiene como principales víctimas a los sectores juveniles, los docentes asumen que las escuelas, por su anclaje territorial, necesitan construir un espacio para reflexionar críticamente sobre el contexto social y las problemáticas que los jóvenes sufren diariamente. El programa Jóvenes y Memoria de la CPM reconoce valor de estas iniciativas y promueve el encuentro de diferentes realidades para generar espacios genuinos de acción y contención.

[pullquote]las escuelas, por su anclaje territorial, necesitan construir un espacio para reflexionar críticamente sobre el contexto social[/pullquote]

De los 970 proyectos presentados en la convocatoria 2015 del Programa (alrededor de 15 mil jóvenes en toda la provincia de Buenos Aires), casi 200 se proponen abordan la violencia institucional como tema de investigación, con una multiplicidad de miradas que discuten el uso letal de la fuerza por parte de la policía, los discursos sociales que estigmatizan y legitiman la violencia, y la falta de respuestas judiciales. La semana pasada, coordinadores de estos proyectos se reunieron en la ciudad de La Plata en una jornada de capacitación de dos días organizada desde la CPM.

El encuentro coincidió además con la presentación del Informe Anual que, en sintonía con los planteos y reflexiones que se producen en las escuelas y organizaciones sociales, sostiene que: “Las políticas penitenciarias y de despliegue territorial de las fuerzas de seguridad son diseñadas por las propias fuerzas. Esas políticas, acciones, procedimientos contienen la tortura y la violencia; contemplan la negación pública de su ocurrencia y la estructuración de actos institucionales tendientes al ocultamiento y la impunidad. Al ocultar y encubrir y al omitir la intervención, las autoridades políticas promueven o alientan la continuidad de esos ataques”.

[pullquote]Hay 970 proyectos presentados en la convocatoria 2015, alrededor de 200 abordan la violencia institucional[/pullquote]

En este sentido, durante esta jornada de capacitación, Alcira Daroqui remarcó que la pregunta de investigación no puede ser una pregunta del sentido común ni ingenua, “debe responder a una teoría, debe tener rigurosidad metodológica y debe expresar un posicionamiento político”. Y agregó: “No dejemos de dar esta batalla en las escuelas”.

[pullquote]En esta convocatoria participan alrededor de 15 mil jóvenes en toda la provincia[/pullquote] El programa Jóvenes y Memoria se convierte entonces en un espacio de interacción desde donde es posible construir una pedagogía que interpele las ideas y las prácticas de la escuela e impacte sobre las subjetividades de los actores que la transitan. En este sentido se expresa Sandra Raggio, directora general de la CPM, en el número especial de la revista Puentes (reeditada recientemente), al enfatizar en la capacidad de significación del presente que posee la experiencia evocada como desafío para la pedagogía, y poder cumplir así aquello que expresa la nueva Ley de Educación Nacional: “generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos”.

La escuela, el barrio y más allá

Elías, educador del Bachillerato Popular Raíces (Tigre), comentó que están estudiando la sobrevivencia de las prácticas delictivas por parte de las fuerzas de seguridad. “Desde la historia, los alumnos no se sentían interpelado. La pedagogía asume un cuestionamiento del pasado y ya. En cambio, ellos se sienten interpelados por su realidad, por la presencia territorial de la policía que le pide plata para no agarrarlos o regentean chicas para prostíbulos o trata de persona”.

La Escuela Secundaria Nº 33 “está emplazada en un barrio muy humilde rodeado de countries; toda persona que no es del country es considerado peligroso. Nuestros alumnos son perseguidos, hostigados y demorados por su única condición de marginalidad”, comentó Analía, profesora del establecimiento educativo.

Héctor y Mario son docentes de la Escuela Secundaria Nº 7 de Ciudadela (Fuerte Apache). Desde el programa, vienen denunciando las intervenciones de Gendarmería en el barrio “como política de Estado; los pibes son sistemáticamente detenidos o requisados. Y eso está naturalizado porque los chicos vivieron siempre con Gendarmería en el barrio. Ahora queremos trabajar con una perspectiva más amplia del problema y que incluye a los docentes, al barrio, y tiene que ver con la posibilidad de desafiar las barreras que impone el significado de ‘Fuerte Apache’, lo que ‘Fuerte Apache’ representa en los discursos y en el imaginario colectivo. Queremos mostrar cómo los pibes viven en el barrio y queremos que los pibes salgan del barrio; enmarcar al barrio en su contexto urbano”.

Amparados en el discurso de seguridad que señaliza los barrios populares como espacios conflictivos, sectores de la sociedad consienten el accionar irracional y discrecional de las fuerzas de seguridad para ejercer el control del espacio público. Como se menciona en el informe anual de la CPM: “La estrategia de saturación territorial a través de la presencia de efectivos y patrulleros en los barrios pobres de las periferias urbanas ha generado restricciones en la circulación en el espacio público de un sector de la población estigmatizado como peligroso, generando situaciones de hostigamiento, maltrato y persecución arbitraria por parte de la policía, lo que ha incrementado los niveles de violencia estatal y cercenamiento de derechos”.

Las familias que buscan justicia

“Somos víctimas de la policía, del sistema penitenciario y de la justicia”, dijeron los familiares víctimas de la violencia institucional, en un comunicado que leyeron durante la presentación del Informe Anual 2015. En la misma línea, Margarita Jarque, directora del Programa de Litigio Estratégico, reconoció que “las únicas causas que avanzan son aquellas que las familias se cargan al hombro”.

Los datos del Informe confirman que el Poder Judicial, lejos de contribuir a la protección de los vulnerables, descarga también su violencia en sistemáticas prácticas denegatorias del acceso a la justicia de los más indefensos. La impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, es la regla. Las condenas por las torturas infringidas por la policía a Luciano Arruga y por el homicidio en manos de penitenciarios bonaerenses de Patricio Barros Cisneros son una excepción que la confirma. Fueron posibles por la altísima presión pública y el patrocinio legal excepcional con el que no cuenta la inmensa mayoría de las víctimas, que en gran medida tampoco denuncian los hechos.

Ismael Sosa había ido al recital de La Renga; los testigos afirman que, durante un cacheo en el ingreso al estadio, la policía lo detuvo y lo golpeó; su cuerpo apareció flotando dos días después en el embalse de Río Tercero. Gustavo de la ESB Nº 1 de Merlo comenta que la idea del proyecto es “reconstruir el hecho desde la lucha familiar en el pedido de justicia. La causa se dilata en los tribunales de Córdoba y a la familia le cuesta mucho garantizarse el acceso a la justicia. Es, en parte, respetar el pedido de la madre, porque ella nos pidió que la ayudemos para que el caso se visibilice”.

Sebastián Nicora fue asesinado el 14 de febrero de 2013; durante la instrucción se comprobó que existieron irregularidades en la investigación a cargo de la Policía. Fernanda, la mamá de Sebastián, escribió en el Informe Anual: “Pudieron premeditar el homicidio; fueron a su búsqueda, lo ejecutaron y alteraron la escena, la autopsia e identificaron a un “culpable” mucho antes de darme aviso. Lo que no pudieron imaginar es que mi lucha se multiplicaría junto a otros y otras. Con esta fuerza que nos caracteriza y junto a quienes nos acompañan, las madres de las víctimas de violencia institucional podremos contra toda impunidad.

Vanesa es docente de la Escuela Secundaria de Punta Indio: “nuestro intención es visibilizar el caso de Sebastián Nicora y acompañar el pedido de justicia de su madre. Es un proyecto continuado, es el tercer año que mantenemos la investigación, y que avanza junto con la causa y la lucha. Comprometer a los jóvenes en la lucha contra la violencia institucional y quebrar con los discursos estigmatizantes sobre los jóvenes de sectores pobres”.

“Hay que incluir las problemáticas sociales y territoriales de los jóvenes en la currícula, los docentes tenemos que acercar la escuela a la vida de los alumnos; tenemos que formar a los jóvenes para que puedan defender sus derechos, para que puedan cuestionar los discursos sociales que los criminalizan”, agregó Vanesa haciéndose eco de un reclamo que aparece en muchos de los docentes y coordinadores que forman parte del programa Jóvenes y Memoria.

Hay factores que atraviesan todas las historias de violencia institucional: el pedido de justicia, la lucha de las familias para no dejar que estas causas se archiven y el esfuerzo colectivo por visibilizar estos casos. Durante el encuentro de capacitación, y sobre el cierre de su exposición, Alcira Daroqui dijo que la “impunidad la otorga la justicia y la legitima la sociedad”; los múltiples proyectos de investigación que se están cursando en el programa Jóvenes y Memoria, dan cuenta de esta realidad. El problema desafía hoy a miles de chicos y chicas que lo discuten en las escuelas para sacarlo de las escuelas y colocar esta agenda frente al conjunto de la sociedad.