Por la Red de Jueces Penales *

Ante la proliferación de numerosos casos de venganza privada que, por un lado, comprometen el funcionamiento del Estado de Derecho y, por otro, amenazan la paz social, “La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires” cree conveniente dar a conocer nuestro punto de vista sobre el tema.

1. Los recientes casos de linchamiento (o las tentativas de tales) que vienen tomando estado público constituyen, por definición, ejecuciones sumarias y tumultuosas de personas sospechadas de cometer delitos, realizadas por grupos de particulares con ánimo de venganza (antes que de justicia, ni siquiera por mano propia), que revelan el nivel de irracionalidad y salvajismo que se manifiesta en algunos miembros de nuestra sociedad.

[pullquote]Los casos y actos de venganza privada comprometen el funcionamiento del Estado de Derecho y amenazan la paz social[/pullquote]

2. Estos repetidos y resonantes actos de brutalidad criminal contradicen las normas más elementales de la convivencia social, resultando evidente que bajo ninguna circunstancia pueden explicarse o comprenderse por la aducida “ausencia del estado”, en materia de políticas de seguridad.

3. A los ciudadanos —en general— y a los damnificados —en particular— se les reconoce el derecho a peticionar ante las autoridades, según lo dispone el art. 14 de la Constitución Nacional y, así, existen cantidades de grupos y asociaciones de víctimas que ejercen una notable influencia en la adopción de las medidas de política-criminal con las que el estado de derecho, a través de sus poderes representativos, ejercita el derecho a la persecución penal del crimen y la criminalidad. Sin embargo, cuando los particulares desplazan a los organismos estatales encargados de velar por la realización de un juicio justo a la persona sospechada de haber cometido un delito, a través del debido proceso legal y con el aseguramiento de todas las garantías, se conmueve la estructura institucional y hasta la propia razón de ser el estado, a la vez que se cierne sobre la población el grave riesgo de volver a las atrocidades de las sociedades primitivas que arreglaban sus diferencias a través de la violencia ilimitada, por la ley del más fuerte, en una estado de guerra permanente de todos contra todos.

4. Sin dejar de admitir que genera legítima inquietud social el crecimiento y la escalada violenta que van adquiriendo algunos hechos delictivos, así como el efecto multiplicador de su constante divulgación por los medios masivos de comunicación, quienes integramos “La Red de Jueces Penales de la Provincia Buenos Aires” nos sentimos en el deber moral de alzar nuestra voz en defensa de la paz social y, al mismo tiempo, de deplorar y repudiar públicamente estas expresiones de venganza privada que nos retrogradan a épocas de barbarie y crueldad, a la sociedad arcaica donde no existían el derecho, la razón, ni la justicia, donde el hombre era el lobo del hombre.

* Pedro Rodríguez (Presidente) y  Adriana Lucía Nanni (Vicepresidenta)