Las medidas se dan en el marco del habeas corpus presentado por la Comisión provincial por la Memoria tras la muerte de una joven de 16 años en enero. El organismo inspeccionó el lugar en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y denunció una gran cantidad de irregularidades y vejaciones a los derechos de las personas internadas. Ahora, el Ministerio de Salud bonaerense dispuso su clausura provisoria, cerrado el ingreso de usuarios al lugar y IOMA está buscando alternativas para trasladar a los afiliados a otros lugares.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) El habeas corpus presentado por la CPM es de carácter correctivo y alcance colectivo, y a través de ese instrumento el organismo, que interviene en la causa por la muerte de la joven como particular damnificado institucional y patrocinando a la familia de la víctima, exigió la implementación de medidas urgentes para garantizar el acceso a los derechos de las personas allí internadas.

En su inspección los equipos del organismo detectaron graves irregularidades y vulneraciones de derechos como detenciones irregulares sin control judicial, sobremedicación sin controles adecuados, sujeción mecánica sin protocolo alguno, abusos sexuales justificados por el personal, aislamiento como parte del tratamiento y menores alojados con mayores.

La CPM se presentó en la causa penal que investiga la muerte, que tramita en la UFI N° 6 de La Plata a cargo de Juan Menucci, y frente a las fallas e incumplimientos que constatados en la inspección general que realizaron, interpusieron un habeas corpus ante la justicia civil para controlar la aplicación de la ley 26657.

Como respuesta a ese trámite, ante el Juzgado en lo Correccional Nº 1 de La Plata, el Ministerio de Salud informó sobre las intervenciones que llevó adelante, entre ellas la clausura provisoria del establecimiento, que veda al efector la posibilidad de admitir internación de nuevos usuarios. Como muchas de estas instituciones, el lugar aún no se encontraba adecuado a las normas vigentes para renovar su habilitación de modo tal que desde el Ministerio también iniciaron un expediente en Fiscalización Sanitaria para que lo haga.

En su presentación en la causa, la subsecretaría de salud mental del Ministerio de Salud señaló que, junto a la Dirección provincial de registro y fiscalización sanitaria, realizó una inspección luego de conocer la muerte la usuaria y detectó en ese momento una larga serie de irregularidades edilicias, de relación a la normativa vigente en salud mental y la existencia de historias clínicas sin evolución ni firmadas por profesional médico. Las instituciones reiteraron las inspecciones en febrero y marzo y la clínica no había reparado ninguna de sus irregularidades.