Domingo Víctor Paisman es autoridad en la comunidad tehuelche San Ruben Chesar Aike, ubicada en las cercanías de Las Heras. Actualmente se encuentra detenido acusado de abigeato, pero denuncian que la causa responde al hostigamiento y persecución que sufre desde hace tiempo por un conflicto por las tierras de su comunidad.

ANDAR en Santa Cruz

(Agencia Andar) A Domingo Víctor Paisman lo acusan de robarse ganado y está detenido en la alcaidía de Las Heras tras un allanamiento. “Trasladándose a Las Heras llevaba carne faenada de su propiedad y lo detiene un retén de la policía. Le secuestran la camioneta y la carga. Y a los días Sonia Sáez, abogada y jueza de faltas de la municipalidad de Las Heras, aprovecha la situación para denunciarlo, consigue la orden del juez Quelín y le encuentran un arma en su casa”, explica explica Sonia Ivanoff, la abogada representó a Paisman en un proceso civil contra quienes ahora lo acusan de abigeato.

“Es un conflicto de larga data, una disputa por parte del territorio de la ex reserva San Rubén, la señora Sonia Sáez viene hostigando de generación en generación a esta comunidad. Su familia realizó contrato con las mineras, cobró cuotas en dólares, ahora hace pasar el lugar por una estancia, un establecimiento ganadero, le ganamos juicios civiles por estas cuestiones”, agrega. En el conflicto Ivanoff identifica además otro problema que tiene que ver con barreras culturales: “Como toda persona indígena de campo tiene un arma y nadie hace el registro, por lo tortuoso y costoso el trámite. La usan para cazar animales, es parte del uso cultural de ser cazadores. Este tema es una preocupación no sólo de esta comunidad, la falta de adecuación cultural de la policía y de las normas, porque el transporte de carne es muy normal entre las comunidades”, explica.

En el encierro el cacique denunció además las pésimas condiciones en que se encontraba en la alcaidía junto a otros 14 detenidos. A pesar de las bajas temperaturas que se viven en la provincia el lugar no contaba con calefacción, las raciones de comida eran escasas y no contaban con mantas suficientes para abrigo. Algunas de estas cuestiones fueron corregidas tras la intervención del Comité Nacional de Prevención de la Tortura.