En los últimos días la CPM había presentado un escrito ante la UFI 23 de Malvinas Argentinas, departamento judicial de San Martín. Se trata de probar las circunstancias y contexto de violencia, desidia y degradantes condiciones de internación en la comunidad terapéutica Amanecer, de Pablo Nogués, que llevaron a que Agustín Collosi, un joven de 23 años oriundo de Córdoba, se fuera de la institución el 26 de diciembre pasado. Los operadores de la comunidad, lejos de contenerlo y acompañarlo, retuvieron su DNI, dinero y pertenencias, y dejaron que se retirara pero sin dar aviso a la familia, que se enteró recién 24 horas después. En las últimas horas el joven fue hallado en buen estado de salud, en un parador del barrio porteño de La Boca.

ANDAR en San Martín

(Agencia) La CPM relevó a través de varios testimonios la existencia de malos tratos, sobremedicación o utilización de psicofármacos con fines disciplinarios y ausencia de tratamientos adecuados para las personas internadas, entre otras irregularidades. El caso de mayor urgencia y gravedad es el del joven de 23 años Agustín Collosi, cuyo paradero se desconocía desde el 26 de diciembre pasado, cuando él mismo decidió irse de la institución producto de los malos tratos padecidos y la falta de comunicación con su familia.

Ningún profesional u operador de la comunidad intentó evitar que el joven se fuera, y tampoco garantizaron que alguien de su entorno familiar lo retirase de forma segura. Por el contrario, retuvieron su DNI, pertenencias y el poco dinero con el que había llegado.

En el marco del trabajo conjunto con ARDA, y en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM mantuvo comunicación con la madre de Agustín quien informó que las autoridades de Amanecer le avisaron a las 24 horas que su hijo se había retirado de la institución, sin aportarle ningún dato de interés respecto a cómo ni dónde encontrarlo.

Días después de aquella noticia, la madre viajó hasta Pablo Nogués para retirar las pertenencias de Agustín y encontró una carta que debía haber recibido ella; allí describía los malos tratos padecidos, y el deseo de abandonar la internación en la comunidad terapéutica y regresar a su ciudad natal para encontrarse con su familia y amigos.

De acuerdo a la madre de la víctima, la misiva también describía los modos de castigo aplicados en la institución, los conflictos y robos de pertenencias entre las personas internadas y el suministro forzado e irregular de medicación psiquiátrica con el que los operadores lo habían reducido en ocasiones anteriores. Todas estas circunstancias fueron calificadas simplemente como “mentiras” por los referentes de Amanecer.

Tras la entrevista con la madre, la CPM realizó una inspección a la comunidad terapéutica y allí se mantuvieron entrevistas confidenciales con personas internadas, relevando información valiosa sobre los días previos a la desaparición de Agustín y el contexto institucional en que se produjo.

Una de esas personas confirmó que en varias oportunidades Agustín había manifestado su deseo de retirarse de la comunidad Amanecer, especialmente por los malos tratos y el régimen de vida riguroso y violento así como por los insultos constantes que recibía de los operadores.

En el libro de actas de la comunidad terapéutica (que según el director de la institución, Lisandro Jury, consigna todo ingreso y egreso de los usuarios) no se encontró ningún registro respecto al abandono del tratamiento y la salida del joven oriundo de Córdoba, cuyo paradero se desconoce desde fines de diciembre pasado.

Por todas estas circunstancias constatadas, la CPM solicitó a la UFI 23 de Malvinas Argentinas que se arbitren las medidas necesarias a los fines de determinar la responsabilidad de las autoridades, profesionales y operadores de la comunidad terapéutica en el abandono del tratamiento por parte de Agustín Collosi, teniendo en cuenta el contexto de violencia, ausencia de actividades terapéuticas, uso de medicación con fines disciplinarios y retención de documentación personal del joven así como sus pertenencias.

También presentó un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de Familia N° 6 de San Martín en virtud de la gravedad de las vulneraciones de derechos relevadas durante la inspección.