En una jornada de apertura marcada por problemas de conectividad y acusaciones personales por parte de uno de los abogados defensores –que además intentó la suspensión de la audiencia al considerar que el TOF 5 de San Martín estaba “desarmado”-, este jueves 21 de octubre desde las 9:30 se dio inicio al debate oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos el 29 de marzo de 1976 durante y después de un violento e ilegal operativo de fuerzas conjuntas en la quinta La Pastoril. Situada en la calle Monsegur 1863 de Moreno, allí se iba a realizar una reunión de varios días entre los miembros de la conducción del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y militantes de organizaciones de países vecinos.

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(Agencia) Más de una hora de retraso ocurrió por las dificultades de uno de los imputados, el expolicía Juan José Ruíz, para ingresar a la sala virtual de juicio. Su presencia en el resto de las jornadas estará, por ahora, limitada a dos horas como máximo por recomendación del cuerpo médico forense que lo evaluó recientemente.

Superado el incidente y confirmada la presencia de todas las partes, surgió la primera de varias provocaciones a cargo del abogado defensor Guillermo Fanego, que representa en este juicio al exmilitar Juan Manuel Giraud: “Voy a tener que pedir la suspensión de la audiencia por la ausencia del cuarto juez (Daniel Cisneros, quien no estaba en la sede del TOF 5 ni en la sala virtual)”.

“Este tribunal está desarmado y esto es una cuestión de control debido a todas las partes. Yo no sé si Cisneros tendrá que reemplazar a alguien en algún momento o si tendrá oportunidad de leer o visionar los videos de las jornadas, entonces la única manera de garantizar a la defensa que el juez se encuentre en conocimiento de los actos y hechos que se suceden en la audiencia es con su presencia, física o remota, pero que todos sepamos que está en el juicio”, enfatizó el abogado.

Frente al planteo, la fiscal general María Ángeles Ramos, que interviene en este juicio como Ministerio Público Fiscal, descartó el pedido de suspensión ya que no existe ninguna afectación a la legalidad del juicio ni a los derechos de los imputados sino un perjuicio potencial que ni siquiera se llegaría a configurar dado que el cuarto juez siempre tendrá a disposición los registros fílmicos de cada jornada de juicio.

Por su parte, el abogado de las querellas, Pablo Llonto, se sumó a la postura de la fiscal y destacó la habitualidad con la que se ha permitido en este tipo de juicios orales la ausencia provisoria del cuarto juez, incluso confirmado por Casación en reiteradas ocasiones.

Lejos de terminar allí y de dar paso a la resolución del tribunal, Fanego volvió a tomar la palabra y acusó de mentiroso a Llonto “porque en todos los juicios orales en los que lamentablemente participé con él, siempre estuvo presente el cuarto juez. No puede decir algo ajeno a la realidad, eso es una mentira. El agravio está fundado en que no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, como estoy acostumbrado a que estamos en juicios de venganza y no en juicios de derecho, cualquier cosa puede resultar de esto. No me asombra lo que vayan a resolver”.

El intento, finalmente, fue frustrado y la jornada de apertura continuó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Por parte de la acusación de las querellas, el golpe de estado de la última dictadura llegó con un plan progresivo, extenso e intenso en todo el país que menoscabó todas las garantías constitucionales: un plan de exterminio contra la militancia politica, gremial y social al margen del gobierno constitucional.

Ese plan sistemático y generalizado se manifestaba durante los días previos al golpe. Y el mismo 29 de marzo de 1976, día del ataque a la quinta La Pastoril, en Moreno, se firmaba un acta en la que se enunciaban los propósitos del nuevo gobierno usurpador. Precisamente los hechos materia de juzgamiento de esta causa indican cómo se llevó a cabo por parte de policías y militares el plan descripto. Por tarea de inteligencia de distintas fuerzas, irrumpieron en la quinta La Pastoril donde estaban reunidos junto con sus familias integrantes de la conducción del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y militantes afines invitados de otros países.

Las fuerzas dispararon al ingresar a la quinta, con el objetivo de aniquilar a los militantes del PRT-ERP, y a llevarse secuestrados para interrogar a la mayor cantidad posible. Cuatro de ellos resultaron asesinados por los disparos de fuego que recibieron. A su vez, otras tres personas fueron asesinadas mientras intentaban huir en un vehículo que fue interceptado por personal de las fuerzas conjuntas. En ese vehículo iba un menor, que sobrevivió y que luego daría testimonio sobre la masacre.

Por otra parte, al menos siete personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, siendo llevadas a distintos centros clandestinos. “Los hechos de los que fueron víctimas los familiares de los aquí querellantes se enmarcan en el proceder genocida descripto previamente y fueron el resultado de la implementación del plan de represión. Muchos de los militantes secuestrados fueron llevados a centros clandestinos que venían operando desde antes del golpe”, destaca la acusación de las querellas.

Además de describir los casos de víctimas y a los responsables de los delitos señala el carácter de lesa humanidad de los crímenes que se investigan y que fueron ejecutados en el marco de un genocidio.

Por su parte, la acusación de la fiscalía destaca que “los sucesos que aquí se investigan y que ocurrieron en la Quinta La Pastoril no se limitan al acto del tiroteo en sí mismo sino que se extienden desde antes y después de su finalización, y a los grupos de tareas que actuaban en cada exCCD”.

Cabe recordar que el ataque en la quinta La Pastoril fue llevado a cabo por fuerzas conjuntas –entre Ejército y policía Bonaerense-, y por los fondos del lugar lograron escaparse Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga y Domingo Menna, entre otros asistentes a la reunión. Cuatro personas resultaron muertas por disparos de armas de fuego; otras tres fueron asesinadas mientras intentaban huir en un vehículo; y otras siete personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, permanecieron en cautiverio en distintos exCCD y tuvieron diferentes destinos.

Los imputados en este juicio son ocho: cinco exmilitares retirados -Juan Carlos Jöcker, Juan Manuel Giraud, Carlos Alberto Guardiola, Eduardo Sakamoto y Héctor Alberto Raffo- y tres expolicías retirados: Julio Salvetti, Julio Alejandro Pérez y Juan José Ruíz. Todos ellos deberán brindar su declaración indagatoria durante la próxima jornada del debate, que será el jueves 28 de octubre desde las 9:30.

Respecto a la serie de provocaciones del abogado defensor Fanego, una vez terminada la lectura de requerimiento volvió a pedir la palabra para señalar que el tribunal no es competente para intervenir en el juzgamiento de estos hechos: “Desde la Corte Suprema se ha ido gestando una doctrina falsaria que controvierte las cláusulas constitucionales y los pactos internacionales, aplicando leyes en forma retroactiva y creando tribunales especiales. A la época de los hechos, la única que estaba habilitada para juzgar este tipo de actos era la justicia militar”.

“Sé igualmente que van a rechazar este planteo pero quiero denunciar la violación a la defensa en juicio no solo por parte de este tribunal sino por el Estado Nacional que ha convertido a estos juicios en juicios de venganza con clara ideología. Justamente, aquellos que fueron delincuentes integrantes del ERP-PRT no eran angelitos que se fueron a reunir a charlar en esa quinta La Pastoril, sino que se consideraban un ejército que pretendía tomar el poder…”, quiso continuar el abogado de represores, pero fue interrumpido por el presidente del tribunal, Matías Mancini, quien finalmente dio por concluida la jornada.