La CPM, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y Abogados por la justicia social denunciaron, ante la relatoría sobre independencia de magistrados de la ONU, al fiscal general de Lomas de Zamora Sebastián Scalera y los fiscales Pablo Rossi y Sebastián Bisquert por realizar investigaciones arbitrarias e ilegales contra otras magistrados del departamento judicial, con el objetivo de presionarlos e incidir en sus actuaciones jurisdiccionales. La denuncia sostiene que estos hechos forman parte de una trama compleja, urdida por la AFI y funcionarios del anterior gobierno, destinada a obtener información por medios ilegales de personas vinculadas a la política, el sindicalismo y la justicia para direccionar determinadas causas de acuerdo a los intereses políticos del gobierno de Cambiemos. Esa trama de espionaje ilegal se investiga actualmente en la justicia federal.

ANDAR en la ONU

(Agencia Andar)  Prácticas judiciales arbitrarias, tareas de inteligencia ilegal y actuaciones irregulares formaron parte de un plan para perseguir y presionar a funcionarios del departamento judicial de Lomas de Zamora, especialmente contra el juez de garantías Gabriel Vitale. Las acciones fueron comandadas por fiscal general Sebastián Scalera y los fiscales Pablo Rossi y Sebastián Bisquert, y acompañadas en todos los casos por el Procurador General de Buenos Aires Julio Conte Grand.

En la denuncia presentada ante el relator de Naciones Unidas Diego García-Sayán, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la AJB y AJUS sostienen que estos hechos representan una clara afectación de la independencia de la Magistratura y comprometen derechos fundamentales y garantías constitucionales.

A su vez, y de acuerdo a las revelaciones que surgen de la causa D’alessio y las causas por espionaje ilegal que tramita una en Dolores y la otra en Comodoro Py, los organismos denunciantes sostienen que estos hechos ocurridos en el departamento de Lomas de Zamora deben inscribirse en esa trama: un plan, que funcionó durante la gestión anterior, para la persecución y el hostigamiento de personas vinculadas a la política, el sindicalismo y la justicia.

Según la denuncia, mediante el uso indebido de los instrumentos de la investigación criminal, se obtuvo información personal de manera ilegal y se iniciaron investigaciones irregulares con el objetivo de incidir en la actuación de magistrados y en el curso de determinadas causas de interés para el gobierno de Cambiemos.

La gravedad institucional y magnitud de estos hechos fue tal que, ya en 2019, la Corte Suprema de Justicia de Nación abordó estas denuncias y mediante una acordada estimó que el uso indebido de los instrumentos de investigación criminal implica la violación de garantías constitucionales y de pactos y de convenciones internacionales de Derechos Humanos. Y estableció una serie de principios rectores en materia de captación e interceptación de comunicaciones.

Cabe recordar también que los fiscales Sebastián Scalera, Pablo Rossi y Sebastián Bisquert, por los mismos hechos que se denunciaron ante la relatoría de la ONU, tienen un pedido de juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Corte bonaerense.

La persecución y hostigamiento a funcionarios judiciales

El 17 de julio del 2020 el hasta entonces Fiscal General del departamento judicial de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, fue licenciado de su cargo a partir de un pedido expreso del Procurador General Julio Conte Grand. Para ese entonces, Ferrari había realizado diez presentaciones –nueve ante la Corte bonaerense y una ante la Procuración General– para denunciar, por un lado, el desarrollo de investigaciones arbitrarias y selectivas por parte funcionarios de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Sebastián Scalera, todo ello bajo las directivas del Procurador General.

Por otro lado, denunció la existencia de un mecanismo de hostigamiento, persecución judicial y disciplinamiento como reacción a su iniciativa de intervenir para transparentar tales irregularidades.

“El Dr. Ferrari describió la relación sostenida del Fiscal Scalera con representantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del Ministerio de Seguridad de la Nación, a quienes según sus afirmaciones recibía con cierta regularidad en su oficina, y asimismo denunció la confección de investigaciones secretas y reservadas en las cuales se requería información privada de determinadas personas con la intención de perjudicarlos, presionarlos o influir en sus decisiones”, señala la denuncia presentada ante la relatoría sobre independencia de magistrados de la ONU.

Ante las flagrantes irregularidades en la actuación del fiscal Scalera, en febrero del 2020, Ferrari disolvió la Unidad de Delitos Complejos y Crimen Organizado, asignando las causas a las fiscalías correspondientes. Dicha medida fue revocada por la Procuración General a partir de la resolución PG 113/20, restituyendo a Scalera en las funciones suspendidas.

Esa unidad tenía varias causas de gran relevancia pública e interés del gobierno de Cambiemos; entre ellas, la que investigaba una asociación ilícita integrada por distintos “barras bravas” del Club Atlético Independiente. La persecución al titular del Juzgado de Garantías N° 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, comenzó precisamente cuando se desempeñaba como juez en esa causa.

En 2018 el expediente pasó a la jurisdicción de Scalera y una de las primeras maniobras fue el intento de introducir la figura del arrepentido con el claro objetivo de direccionar testimonios irregularmente. Todo ello, pese a no haber adhesión ni adaptación procesal por parte de la Provincia de Buenos Aires.

Mediante esa figura, se pretendía que el imputado Pablo “Bebote” Álvarez, ex jefe de la barra de Independiente, declarara contra Hugo y Pablo Moyano intentando vincularlos al accionar delictivo y así lograr su detención. Esta medida era impulsada a través de su abogado, Ruben Reznik, que a su vez era asesor del área de inteligencia del Ministerio de Seguridad a cargo de Gerardo Millman.

Sobre el interés particular sobre estas personas, cabe recordar que la causa que investiga el espionaje ilegal desplegado por la AFI durante la gestión de Cambiemos, se verificó la producción de inteligencia ilegal sobre los dirigentes gremiales Pablo y Hugo Moyano.

Como reacción a la intervención de Vitale para salvaguardar las garantías procesales, el fiscal Scalera comenzó una persecución en su contra: la primera medida fue realizar una auditoría ilegal sobre su actuación jurisdiccional y el Juzgado a su cargo. Requirió, sin motivo alguno, a la Subsecretaría de Informática de la Procuración General la compulsa del sistema informático del Juzgado. Todo ello sin la debida autorización judicial, ni siquiera encontrándose dichas medidas en el marco de una causa penal formal. Más aún, cabe destacar que en el ámbito provincial sólo la Corte está facultada para realizar el control sobre los organismos jurisdiccionales.

Esa auditoría ilegal habría servido para detectar una supuesta irregularidad administrativa por parte de Vitale, la firma de una resolución de competencia sin estar presente en el despacho. Mediante la obtención ilegal de esa prueba le iniciaron una denuncia penal por el delito de falsedad ideológica y dieron curso “formal” a la persecución iniciada.

La instrucción de esa causa fue asignada en forma arbitraria, injustificada y claramente ilegal a la Unidad Fiscal de Instrucción N° 8 de delitos económicos y violencia institucional, a cargo de Pablo Rossi, cuando el objeto de la misma no guarda mínima relación con la tarea encomendada a esa Fiscalía. La causa cuenta con un pedido de recusación efectuado contra Rossi aún no resuelto y, por otro lado, nunca tuvo Juez de Garantías a cargo, ya que todos los magistrados del departamento judicial de Lomas de Zamora se excusaron de intervenir.

El 4 de marzo del 2020, el Fiscal Bisquert, en ese momento titular de la UFIJ N°8 de Lomas de Zamora, requirió la causa en préstamo a la Cámara de Apelaciones y Garantías a fin de tomar vista y extraer copias. Allí formó un legajo secreto, sin dejar constancia en los autos principales ni notificar a ninguna de las partes. En el marco de ese legajo secreto se libraron oficios requiriendo información de Vitale y sus familiares a bancos, registros de la propiedad inmueble y automotor, empresas telefónicas y otros organismos.

Todas medidas de prueba que no hubiesen pasado bajo ningún concepto el filtro que podría implementar un organismo jurisdiccional a cargo, debido a que no hay ninguna vinculación y congruencia entre el supuesto delito de falsedad ideológica por haber firmado una resolución interlocutoria de competencia no estando físicamente en el Juzgado.

El segundo de los casos que se denuncia ante la relatoría de la ONU es el ataque contra la jueza del fuero civil comercial de Lomas de Zamora María Zulema Villa por su intervención en el proceso concursal de una empresa y una denuncia por vaciamiento de la firma.

En el marco de ese proceso, el fiscal Pablo Rossi impulsó la investigación de una denuncia contra la jueza realizada por los directivos de la empresa, después se comprobaría por prueba caligráfica que las firmas de los denunciantes eran falsas. En esa causa, Rossi imputó a la magistrada y pidió su desafuero: la medida judicial fue acompañada por Scalera, el trámite administrativo, una vez más, por Conte Grand. Sin embargo, la Secretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte dispuso que las acusaciones contra la jueza Vila eran infundadas.

“Los hechos aquí denunciados se desarrollaron en un período en el que, como ha demostrado la justicia federal, se desplegó un extenso aparato de vigilancia e inteligencia ilegal, no solo a nivel federal sino también en territorio de la Provincia de Buenos Aires, particularmente conducido por la gestión anterior de la AFI en articulación con otras agencias y/o fuerzas de seguridad, y miembros del Poder Ejecutivo Nacional y provincial”, contextualizaron la CPM, AJB y AJUS en la nota presentada en la Relatoría sobre la independencia de magistrados y abogados.

“Debemos afirmar que en estos casos se verifican un concreto atentado contra la independencia de los Magistrados en cuestión, puesto que los cargos que se le han imputado se produjeron mediante investigaciones irregulares (inteligencia ilegal, IPP sin control judicial, entre otras) así como también por el contenido de sus sentencias, las que estuvieron ajustadas al principio de legalidad en el marco de las competencias que tanto la Constitución Provincial como la legislación respectiva les confieren”, concluyeron.