Unas 30 cooperativas de trabajo conformadas por ex detenidos y detenidas y familiares de personas privadas de su libertad y que integran Movimiento de Trabajadores Excluidos, nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (MTE–CETP) vienen reclamando más y mejores políticas pospenitenciarias para lograr la inclusión laboral, social y económica de los liberados y liberadas. En una reunión con la Secretaría de Derechos Humanos y el Patronato de Liberados denunciaron que los programas laborales son insuficientes y el acceso a los mismos se dilata por razones burocráticas que pueden ser fácilmente resueltas.

ANDAR en la economía

(Agencia Andar) “Casi el 80% de los detenidos y detenidas no accede a ningún trabajo remunerado en la cárcel y, cuando salen, se encuentran con dilaciones burocráticas que le impiden acceder a programas de reinserción laboral”, explica Noemí Santana de la cooperativa Esperanza de San Martín e integrante del MTE–CETP y de la red de familiares víctimas de violencia institucional de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) “Esas demoras dejan a los pibes y pibas en una situación de inmensa vulnerabilidad; si el Estado no responde rápido y no le ofrece ninguna posibilidad de inclusión, esas personas terminan muertas o nuevamente en las cárceles”, sentencia.

Las escasas políticas pospenitenciarias que existen no alcanzan: los programas que otorga el patronato de liberados no sólo son insuficientes en términos económicos, sino que, además, tardan en promedio siete meses en otorgarse a las personas que recuperan su libertad. No existen programas para emprendimientos cooperativos ni capacitación laboral. Incluso, en muchos casos, ni siquiera el patronato de liberados conoce los programas provinciales para atender estos reclamos.

“Muchos de estos programas están prácticamente paralizados desde noviembre del año pasado. Hay muchos expedientes del programa Pospes que no fueron aprobados porque falta un documento, un presupuesto; todos requerimientos que el sistema pide sin tener en cuenta que la mayoría de los pibes y pibas que salen de la cárcel nunca tuvieron un espacio de formación y capacitación previa al momento de construir un proyecto laboral”, explica Noemí Santana.

Las cooperativas nucleadas en la rama de liberados, liberadas y familiares del MTE-CTEP terminan cumpliendo el rol de asistencia y contención que le corresponde al Estado. “Nosotros absorbemos esa responsabilidad del Estado pero no podemos contener y responder a toda esa demanda. Necesitamos de políticas públicas que contengan estos proyectos productivos para que, al momento de recuperar la libertad, los pibes y pibas se sientan contenidos detrás de un proyecto no sólo laboral sino también como un proyecto de vida después de la cárcel”, agrega Noemí.

Además de la necesidad de fortalecer el programa Pospes, la rama de liberados, liberadas y familiares del MTE-CTEP también reclamó especialmente por la situación especialmente vulnerable de las mujeres con prisión domiciliaria. “La mayoría de ellas son jefas de familia, pero sin la posibilidad de acceder a salidas laborales para garantizar el bienestar de su familia”, explica Santana.

La semana pasada, este colectivo de liberados y liberadas de la economía popular se movilizaron hasta la secretaría de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires (SDH) para llevar estos reclamos. Luego de la reunión —de la que también participaron representantes del Patronato de liberados—, se acordó avanzar, en los próximos 30 días, en un trabajo conjunto para dar algunas respuestas frente a estas demandas.

En ese sentido, el Patronato de Liberados se comprometió a tomar medidas que permitan darle mayor celeridad a los proyectos presentados en el marco del programa Pospes; en ese marco, se acordó que se conforme, por partido, un equipo entre representantes del patronato y de la rama de liberados del  MTE-CTEP para gestionar estos pedidos de manera colectiva. En lo inmediato, también se puso por escrito el compromiso para que los beneficiarios que ya presentaron el proyecto productivo puedan cobrar antes de fin de año.

“Esperamos también que rápidamente se avance con el programa Integrar Madres para las compañeras con domiciliarias. Casi al día siguiente de la reunión, desde las cooperativas, les entregamos la base de datos que fuimos construyendo desde nuestro trabajo territorial con el listado de las chicas que están en condiciones de acceder a este programa, por lo tanto, no habría nada para que no se resuelva”, explica Noemí Santana.

La referente del MTE-CTEP cree que el Estado tiene que reconocer el y canalizar el trabajo de estas cooperativas. “Muchas veces los funcionarios no llegan a los barrios donde estamos y nosotros estamos dispuestos a ser ese nexo en el territorio”, explica. Durante la reunión, las cooperativas también solicitaron formar proyectos dentro de las cárceles como herramientas para la reinserción y se comprometieron a formular una propuesta de créditos solidarios de aplicación colectiva acorde a los parámetros aceptados por la provincia.

Seguimos luchando en las calles. “Esperamos que, en este plazo de 30 días que se dieron, estos trámites puedan destrabarse. Ahora, tenemos una reunión con el Ministerio de Producción, por gestión con la SDH, para que las dependencias del Estado provincial incorporen a las cooperativas en las licitaciones y se contraten personas que salen de contextos de encierro en el ámbito de la provincia”, cuenta Noemí sobre las expectativas. “Mientras seguiremos luchando en las calles, como hicimos siempre”.

“Como familiar, ser parte de una cooperativa es la esperanza de una segunda oportunidad, la tranquilidad de sentirte contenido por una familia. La ilusión de que vas a aprender un oficio. Los compañeros y compañeras que salieron de la cárcel conocen la necesidad del otro, la inquietud de salir a la libertad cuando estás solo y sin posibilidad de acceso a casi nada. Para eso debería esta el Estado con sus políticas pospenitenciarias”, cierra Santana.