La Comisión por la Memoria (CPM), organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel, se presentó como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para respaldar la causa que involucra las responsabilidades de los funcionarios públicos en el asesinato de Carlos Fuentealba. Días atrás la sala penal del Tribunal Superior de Justicia anuló la actuación del Tribunal de Impugnación que extendía un año más el plazo de la causa y declaró extinguida la causa.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) El 7 de septiembre la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada por Soledad Gennari y Alfredo Elosu Larumbe, anuló la resolución del Tribunal de Impugnación que extendió un año más el plazo de la causa denominada Fuentealba II. El plazo fijado para resolverla tenía fecha máxima el 21 de septiembre pero con esta resolución, se avaló el sobreseimiento de los 15 imputados en la causa que investiga la participación de efectivos y funcionarios en el operativo en el que fue asesinado el docente en 2007.

Ya en febrero la jueza Carina Álvarez sobreseyó a los 15 imputados responsables basando su decisión en el vencimiento de los plazos fatales que determina el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta resolución fue revisada por el Tribunal de Impugnación, integrado por Mario Rodríguez Gómez, Richard Trincheri y Alejandro Cabral, en mayo pasado. En ese momento se resolvió revocar los sobreseimientos a los imputados y extender la investigación. Finalmente, este mes se dio a conocer el acuerdo 14/16 con el cual se anuló esta actuación determinando los sobreseimientos de los imputados.

Esta semana la Comisión por la Memoria se presentó como amicus del tribunal para apoyar lo expuesto por la querella que representa Sandra Rodríguez, esposa de Fuentealba y sus hijas, debido al sobreseimiento dictado por el Poder Judicial de Neuquén de los 15 imputados. Para la CPM causas violatorias a los derechos humanos, donde se cometen delitos que involucran violencia institucional y donde los imputados son funcionarios públicos, en ejercicio de la función pública, son causas penales donde el Estado debe asegurar evitar la prescripción y a su vez, evitar demoras innecesarias en la investigación de los hechos.

En los fundamentos del escrito presentado ante la Corte la CPM consideró que “en causas como esta donde se imputan funcionarios del arco político de la provincia, como el Dr. Pascuarelli, altos mandos de las fuerzas de seguridad, los cuales muchos mantuvieron funciones durante estos diez años, presentan tramas de complejidad y extensiones en los tiempos investigativos a veces, muy extensos”. Para el organismo, los actores involucrados en estos hechos son parte de sistemas y redes muy difíciles de franquear.

Además, se señala que Ministerio Público Fiscal ha incumplido con los derechos de la familia de la víctima, como lo son el acceso a la verdad y a la justicia, entorpeciendo una investigación eficaz realizada en tiempos razonables. A su vez, fue la misma fiscalía quien solicitó el sobreseimiento de los imputados debiendo ser la querella quien aportara las pruebas para el desarrollo de la investigación.

El docente Carlos Fuentealba fue fusilado por la espalda el 4 de abril de 2007 con una escopeta lanzagranadas durante la represión sobre ruta 22 en Neuquén. Por este hecho fue declarado culpable el policía Darío Poblete bajo la figura de homicidio doblemente calificado.

Fotografía: gentileza de Patagonia fotopress