El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chille derrocaban y asesinaban al presidente socialista Salvador Allende; en Argentina, en esos años, había una fuerte presencia de la comunidad de inmigrantes chilenos que apoyó el gobierno de Allende y denunció la dictadura. La familia Casanova Chávez eran un pilar de esa comunidad, su militancia y participación en el club Unión Chile Argentina tuvo un particular seguimiento por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA); uno de los agentes de la delegación San Martín detrás de las tareas de espionaje e infiltración era Fabián Fernández Garello, actual fiscal general de Mar del Plata, que espera fecha de juicio en otra causa por crímenes de lesa humanidad: el secuestro y tortura de de tres militantes en 1981.

ANDAR en la memoria

(Agencia) “El Golpe de Estado fue terrible para todo el pueblo chileno y, por supuesto, también me marcó en lo personal. En ese momento, tenía 15 años y recuerdo que con toda mi familia participamos de la primera movilización en solidaridad con Chile, una movilización con mucha gente y referentes como Tosco, que lo voy a recordar siempre”, dice Boris Dimitrof. Y agrega: “Después empezó una experiencia grande de ayuda a los chilenos que venían escapando y también en el traslado de recursos para las familias que estaban resistiendo allá”. Diez días después del Golpe, se afilia al partido comunista.

Boris creció con la militancia como patrimonio familiar, la familia Casanova Chávez tenía un largo recorrido en espacios del partido comunista y en el trabajo territorial. En 1972, el padre de familia, Dimitrof, era presidente del club Unión Argentina Chile y había sido elegido el primer presidente de la comisión directiva de la Federación de centros chilenos e instituciones residentes de la República Argentina.

Un año después, para las elecciones parlamentarias en Chile, la Federación organizó traslados de ciudadanos que vivían en Argentina para apoyar la campaña de Allende. Los candidatos de la Unidad Popular obtuvieron el 43,3% de los votos.  El resultado, de alguna manera, abrió paso a la nueva estrategia de los sectores opositores: la intervención militar.

Seis meses después de las elecciones, el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas, bajo las órdenes de Augusto Pinochet, bombardeaban la Casa de la Moneda y asesinaban a Salvador Allende.

Dimitrof Casanova fue un eminente activista político por los derechos de los migrantes conciudadanos, fue un ferviente denunciante de la dictadura militar de Augusto Pinochet y tras el golpe de Estado ayudó a los ciudadanos y ciudadanas chilenas que llegaban al país en busca de asilo. “Acondicionamos las mismas instalaciones del club para hospedar a los exiliados y muchos otros pasaron por mi casa”, recuerda Boris, el menor de los dos hijos varones.

En Argentina, la militancia de Dimitrof no pasó desapercibida por los servicios de inteligencia: la familia Casonava Chávez sufrió la permanente persecución político-ideológica por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). A tal punto fueron vigilados que la mayorías de los integrantes del núcleo familiar tenían ficha personal.

El primer legajo al que remiten esas fichas es, precisamente, el informe de inteligencia sobre la Federación: es el legajo 131 de la mesa DE (entidades comunales y religiosas), se inició en marzo de 1973 por pedido de informes sobre la actividad de chilenos en la Argentina, su posible actividad de izquierda y, particularmente, por los traslados organizados para participar de las elecciones parlamentarias.

“Antes del Golpe, los clubes se conformaron para acercar a la colectividad, para tener un espacio común de encuentro. Después del 73, se desplegó toda esa actividad de ayuda a los que venían escapando de Chile”, describe Boris Casanova.

En paralelo a la denuncia de la dictadura militar de Pinochet, también se desarrollo el trabajo de militancia territorial. “Por la enseñanza de mi viejo, tuvimos mucho de trabajo social, con la sociedad de fomento, con eventos deportivos y recreativos, con la necesidad de acercar a los jóvenes del barrio a la acción política”, enumera.

Con el golpe militar en 1976, los espacios de militancia se anularon; sin embargo, la familia siguió haciendo trabajo barrial. Todas esas actividades en el barrio Churruca en Tres de Febrero que relata Boris fueron registradas también por la DIPPBA, que llegó a infiltrase en las actividades del club y en el cumpleaños de 15 de una de las hermanas de Boris.

Esas tareas de espionaje estuvieron a cargo de la delegación San Martín de la DIPPBA, donde prestaba servicios el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello; quien deberá enfrentar un juicio oral y público en otra causa por crímenes de lesa humanidad, donde se investiga el secuestro y tortura de tres militantes comunistas en 1981.

El mismo Fernández Garello reconoció que en esa época prestó servicios en la DIPPBA, con la tarea designada de hacer un relevamiento de ciudadanos chilenos, ante la inminencia del conflicto bélico con el vecino país. Labor que, señaló, le valió incluso un reconocimiento formal de sus superiores.

Los documentos de la DIPPBA demuestran que tales actividades de “relevamiento” revelan un minucioso trabajo de inteligencia, seguimiento y persecución político-ideológico de ciudadanos chilenos radicados en la zona norte del Gran Buenos Aires, durante el período de la última dictadura cívico-militar.

El legajo 17.174 de la mesa Ds “Delincuentes subversivos” es una investigación sobre integrantes de la Federación Juvenil Comunista en San Martín y relata la acción de espionaje e infiltración a la familia Casanova Chávez.

“A fin de establecer el accionar de los mismos, se contacta con un menor que fue invitado a participar de una reunión en la casa de los Casanova”, dice el informe. A partir de allí, la Delegación DIPPBA San Martín, comenzó un proceso de reunión de información mediante la infiltración de un joven menor de edad dentro de la familia de residentes chilenos Casanova Chávez, al cual los funcionarios de DIPPBA ya nombran como “informante”.

El proceso continuó con la infiltración de un agente DIPPBA en el cumpleaños de quince de una de las hermanas de Boris, con el objeto de reunir información sobre las supuestas “reuniones de carácter político (comunista)” de la familia Casanova Chávez.

La familia recién conoció estos documentos cuando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que gestiona el archivo de la DIPPBA, denunció penalmente a Fabián Fernández Garello por su participación en crímenes de lesa humanidad cuando se desempeñaba como agente de inteligencia de la Bonaerense.

“Cuando leímos esos archivos se nos puso la piel gallina, todo ese seguimiento era el modus operandi de la represión, necesitaban perseguir todo aquello que representaba un peligro para la sociedad; para la dictadura era un peligro todo personaba que militaba o accionaba por un país con más derechos”, piensa Boris Casanova.

El legajo Mesa Referencia 17.901 registra una serie de informes sobre acciones de la DIPPBA en la identificación de ciudadanos chilenos “peligrosos para la seguridad nacional”. Allí el apellido de la familia de Boris vuelve a aparecer en un memorándum del 19 de noviembre enviado por la delegación DIPPBA San Martín con la firma del Comisario Miguel Eloy Sopegno –jefe de esa Delegación- y con la intervención del entonces Oficial Ayudante Fabián Fernández Garello.

Al final del informe, los agentes advierten: “En lo relacionado con la infiltración de izquierda, lo único que es de mencionar, que se ha informado a esa Dirección General, es lo referido con las actividades que estaría llevando a cabo la familia del Señor DIMITROV CASANOVA CHÁVEZ, de nacionalidad chilena, presidente del Club Unión Chile Argentina, que efectuarían tareas de adoctrinamiento del Partido Comunista”.

En 1978, la sede del club ya había sufrido un operativo policial-militar en conjunto con miembros de las fuerzas militares de Chile: “Esa noche entraron preguntando por los tres responsables de la Resistencia chilena en Argentina, uno de ellos era mi papá, como no estaban ninguno de los tres, se llevaron a varios. Mi papá denunció el operativo en la Embajada y presentó una serie de habeas corpus. A los dos días los que había sido secuestrados aparecieron”, recuerda Boris.

“Fue un operativo en el marco del plan Cóndor, creo que si lo hubiesen encontrado a mi papá, lo hubiesen llevado a Chile. No sé por qué nunca fuimos parte de las compañeras y compañeros desaparecidos y asesinados: quizá nos ayuda la imagen pública de mi papá o, quizá, sólo tuvimos suerte”, cierra.