Cristian Miguel Rivaldi recibió ayer una pena de un año y tres meses de prisión en suspenso, costas e inhabilitación especial por el doble de tiempo por considerarlo autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de lesiones leves. Se trata del agente federal que gaseó a una nena de 10 años en septiembre de 2024, durante una manifestación en apoyo a los jubilados frente al Congreso de la Nación. La Comision Provincial por la Memoria (CPM) que monitoreaba la protesta, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, presentó inmediatamente la denuncia penal y aportó elementos de prueba, mientras desde sectores del Ministerio de Seguridad, que encabezaban Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva junto a la cúpula policial, difundían versiones intentando culpar a socorristas e integrantes de organismos de derechos humanos.

ANDAR en CABA

(Agencia) El oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) Cristian Miguel Rivaldi fue condenado a un año y tres meses de prisión en suspenso por haber rociado con gas pimienta a la cara a una niña de 10 años y a su madre durante una manifestación pacífica en apoyo a los jubilados, en septiembre de 2024. El 17 de noviembre se darán a conocer los fundamentos de la sentencia que encontró culpable al agente del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de lesiones leves.

Los hechos se dieron durante una manifestación en contra del veto presidencial a la reforma de la fórmula jubilatoria. Según reconstruyó la CPM en el marco de sus tareas de monitoreo, mientras el cordón de la Policía Federal avanzaba disparando con postas de gomas y lanzando gases, la nena y su madre se sentaron en el piso para evitar ser agredidas. Ante esa situación se generó un claro en medio del cordón policial que fue advertido por los manifestantes, quienes a viva voz señalaron la presencia de la niña, y también fue advertido por los policías y por parte del equipo de monitoreo de la CPM y de la Asociación contra la violencia institucional (ACVI), que se acercaron y registraron la violenta acción policial. En ese momento un agente de la Policía Federal, de manera intencional y a quemarropa, apuntó directamente y arrojó el gas químico irritante contra la niña y su madre mientras permanecían agachadas en el suelo.

Además de denunciar el contexto represivo y la agresión a la nena, la CPM también denunció las acciones de encubrimiento dirigidas desde el Ministerio de Seguridad de Nación para deslindar su responsabilidad en el hecho denunciado. Tras lo sucedido en declaraciones en distintos medios y difundiendo videos dudosos la secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva y otros altos funcionarios buscaron, en primer lugar, instalar de manera deliberada una versión falsa; luego, ante las evidencias, tanto ella como la ministra Bullrich intentaron justificar el accionar ilegal de los agentes de la Policía Federal, y pretendieron vincular a los equipos de la CPM y del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) como “infiltrados” para generar el caos y responsables del ataque a la nena de 10 años.

Esta semana se desarrolló el juicio por estos hechos a cargo del juez federal Daniel Rafecas y resultó en la primera condena judicial contra un integrante de las fuerzas de seguridad por la represión en protestas sociales durante la aplicación del protocolo antipiquetes implementado por la gestión de Javier Milei.