La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, fue sede de la presentación de la Sección de Salud Mental del Informe Anual 2026, elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. A la jornada que contó con la participación de la Decana María Cristina Piro y el titular de la catedra de Psicología Forense Xavier Oñativia, asistieron mas de 180 estudiantes, docentes, investigadores y profesionales de la psicología, además de público general. El Informe da cuenta del trabajo de monitoreo e intervención que el organismo desarrolla en la provincia de Buenos Aires, donde se relevaron graves situaciones en comunidades terapéuticas clandestinas, clínicas psiquiátricas privadas y carceles neuropsiquiatricas, asi como también la letalidad que provoca la intervención policial en la vía pública ante casos de crisis subjetivas. Como positivo se destacó la profundización del proceso de desmanicomialización en neuropsiquiatricos públicos aunque persisten prácticas manicomiales en detrimento de los estándares de la ley nacional de salud mental.

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(Agencia) “Celebro este espacio de encuentro entre academia y organismos de derechos humanos, porque estoy convencida que nuestra academia debe nutrirse de las alertas que el trabajo de la Comisión genera para transformar las políticas públicas en salud mental”, señaló en la bienvenida la decana de la Facultad de Psicología, María Cristina Piro. Y agregó: “Debemos entender que el sufrimiento no puede resultarnos indiferente a los profesionales de la salud mental y tenemos la obligación de fortalecer y construir un modelo de salud mental con dignidad para las personas”.

Este miércoles 4 se llevó a cabo, en la sede de esa unidad académica, la presentación pública de la sección Salud mental, correspondiente al Informe Anual 2026 de la CPM que sistematiza el trabajo del organismo -en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura- sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñeces en la provincia de Buenos Aires.

La directora del programa de Salud Mental, Melina Galeano, destacó que las prácticas manicomiales son reiteradas y sistemáticas, tienen un impacto subjetivo y generan sufrimiento por eso se constituyen como torturas y tratos crueles. También destacó la importancia de la interdisciplina para intervenciones integrales, situadas y contextuadas: “Cada entrevista con una persona con un padecimiento de salud mental se realiza generando las condiciones de privacidad e intimidad necesarias y basada en que su palabra no puede ser desestimada por su diagnóstico”.

“Vemos que una de las principales crisis del sistema de salud mental está relacionado con el abordaje sobre los jóvenes con consumos problemáticos: no existe un registro oficial de las comunidades terapéuticas que funcionan en la provincia sin habilitación del Ministerio de Salud; mucho menos se conoce cuántas personas permanecen alojadas en esos lugares ni cuántas muertes y por qué motivos se producen en esos escenarios. De hecho, en esos lugares hemos relevado una de las prácticas más gravosas: el secuestro de los usuarios”, amplió.

En ese sentido, explicó que existen pautas elaboradas entre los ministerios de Salud y de Seguridad de la Provincia, pero que no resultan obligatorias para las fuerzas sino que funcionan como recomendación ante casos de abordajes por motivos de salud mental: disuadir con la palabra, intervención escalonada, contacto inmediato con el efector de salud correspondiente y que la policía se limite a actuar como auxiliar y en casos excepcionales. Sin embargo, nada de eso se cumple en la práctica.

El titular de la cátedra de Psicología forense, Xavier Oñativia, destacó el trabajo de la Comisión y alertó que la reforma de la ley de salud mental aprobada en el Senado deja afuera del órgano de revisión de la ley a los organismos de derechos humanos. “Si esta reforma se aprueba el órgano perderá un actor clave en la autonomía de ese control”, señaló. También puntualizó en la necesidad de interpelar los modelos de formación profesional en la materia, promoviendo agentes de cambio y un sistema de control democrático que permita la participación de organismos de derechos humanos, porque “muchas de las leyes regresivas se votaron con la participación de profesionales de la salud mental”.

Datos sobre la sección de salud mental

En 2025 el programa de Salud Mental de la CPM realizó 60 monitoreos (inspecciones generales, seguimiento de casos y constataciones judiciales) a instituciones donde se encontraban internadas personas con padecimiento mental y/o discapacidad. Se registraron 577 hechos de tortura y otras 317 violaciones de derechos (894 casos en total), padecidas por 280 víctimas: un promedio de 3 hechos por víctima.

Del total de casos, el 34,3% corresponden a la falta o deficiente asistencia de la salud, siendo uno de los principales indicadores (307 casos), seguido por un 14,5% de casos de falta o deficiente acceso a la justicia (130 casos) y 75 casos de agresión física, que representan el 8,4% de los casos. De las 280 víctimas, 207 eran varones (74%), 72 mujeres (26%) y 1 persona de género no binario. Las comunidades terapéuticas detentan el mayor porcentaje de casos relevados -45%-, seguidas por las clínicas psiquiátricas con un 35% y en menor proporción los hogares especializados, con un 15%.

Respecto a las comunidades terapéuticas,  96 funcionan con habilitación provincial pero muchas otras operan desde la clandestinidad y es allí donde se producen las vulneraciones de derechos más gravosas. En el último año se relevaron 399 torturas y otras violaciones de derechos en 11 comunidades sufridas por 132 víctimas, siendo la falta o deficiente asistencia de la salud y de acceso a la justicia el 56% de los casos. En este caso, los secuestros organizados por operadores de la comunidad que irrumpen violentamente en los hogares, aplican inyecciones y se llevan sin consentimiento a jóvenes, se destacaron como prácticas ilegales que deben revertirse con urgencia.

Del total de muertes en el sistema de salud mental, 686 se produjeron en clínicas neuropsiquiátricas privadas, el 28% del total; si bien el 46% fueron por problemas de salud, se registraron la mitad de los suicidios del período. En ese sentido, en el ámbito privado se relevó la ausencia total de protocolos frente a conductas suicidas y/o fallecimientos por esta causa.