La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó la sección de niñez de su Informe Anual 2026, un diagnóstico sobre los lugares de encierro y el sistema de promoción y protección de derechos que realiza en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Con la presencia de funcionarios judiciales e integrantes de organizaciones por los derechos de la niñez, sindicales y políticas, se generó un espacio de diálogo y debate para pensar los desafíos en torno a las políticas destinadas a niños, niñas y jóvenes, en particular a partir de la puesta en vigencia de la nueva y regresiva ley penal juvenil. Los ejes de un debate de larga data que no parece avanzar en más oportunidades para las nuevas generaciones sino en más encierro y violencia.

ANDAR en La Plata

(Agencia) Las políticas de niñez están en crisis y no pueden responder a los problemas actuales de les jóvenes. Las graves regresiones en derechos de la nueva ley penal juvenil son el último eslabón de una sistema que desde hace muchos años viene reforzando el sistema penal y punitivo en detrimento del sistema de promoción y protección de derechos. Un sistema que responde con más encierro y violencia a las y los jóvenes más vulnerables.

El diagnóstico parte de lo relevado por la Comisión Provincial por la Memoria en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y se pública en la sección de niñez del Informe Anual 2026, El sistema de la crueldad XX, que el organismo presentó días atrás en su edificio.

Los datos aportan claridad a la discusión: la cantidad de niños, niñas y adolescentes abordados por el sistema de promoción y protección de derechos pasó de 41.511 en 2018 a 85.907 en 2025, sin que el sistema haya sido dotado de los recursos necesarios para ese abordaje. En el otro extremo se encuentra el fuero de responsabilidad penal juvenil extendido ahora por la nueva ley, aunque las estadísticas indiquen otro cosa: en los últimos 10 años la cantidad de jóvenes imputados descendió un 55% mientras que la de detenidos se mantuvo constante.

“Se recargan las capacidades de actuaciones punitivitas por parte de los mismos operadores judiciales que antes actuaban de otra manera. No logro entender esta extensión de la mirada punitivista sin nada que lo justifique porque el delito no creció”, describió brevemente el defensor del fuero penal juvenil de La Plata Ricardo Berenguer sobre las primeras reacciones de los funcionarios judiciales ante la puesta en vigencia de la reforma de la ley penal juvenil que bajó la edad de punibilidad a los 14 años y extendió, además, la persecución a delitos leves que antes no eran abordados por la justicia penal. El funcionario, no obstante, advirtió que la ley cristalizó acciones de la justicia que ya venían ocurriendo: “A la extensión de la prisión preventiva como regla se suma la retención de los jóvenes en el sistema. No hay revisión de las penas ni medidas morigeratorias, que sí se le conceden a los adultos”.

En esa línea coincidió la jueza de garantías del joven del departamento de Moreno-General Rodríguez Mirta Guarino: “Las llaves de cualquier medida, ya sea una internación en un hogar o una de seguridad, la tenemos los jueces, pero estamos en un momento muy crítico y hay magistrados que ni siquiera responden un teléfono”. La jueza también llamó a revisar el funcionamiento del sistema de promoción y protección de derechos que funciona en una fragmentación absoluta y aún más con el penal.

Los funcionarios judiciales fueron algunos de quienes tomaron la palabra durante la presentación de la sección de niñez del Informe Anual de la CPM junto a las organizaciones y el propio organismo. “Es el triunfo de las políticas neoliberales, que pensaron con estrategias muy precisas, como endurecer el sistema penal. En la provincia de Buenos Aires desde el gobernador Ruckauf hasta acá, se profundizaron las políticas punitivistas de mano dura y no podemos seguir sosteniendo que son los resabios del patronato: el sistema de promoción y protección ha creado sus propios monstruos”, señaló Roberto Cipriano García.

De hecho uno de los datos más sobresalientes del informe es cómo la baja en la edad de punibilidad que entró en vigencia recientemente a partir de la reforma de la ley penal juvenil ya se implementaba en los hechos: el 20% de los menores de edad encerrados en la Provincia durante 2025 tenían menos de 16 años y estaban detenidos con la aplicación de una medida de seguridad determinada por la justicia.

La graves regresiones en derecho de la nueva ley penal juvenil son el último eslabón de una sistema en crisis, que desde hace muchos años viene reforzando el sistema penal y punitivo en detrimento del sistema de promoción y protección de derechos de la niñez.

“El problema en la Argentina no es el delito (no es que no haya), es que hay muchos otros problemas anteriores al delito, y el delito entendido como el delito contra la propiedad privada, inter clase. Ese no es el problema, en la Argentina tenemos el 40% de los pibes bajo la línea de la pobreza, ¿cómo que el problema es el delito y no la pobreza en la que viven los niños y adolescentes en nuestro país?”, resumió la referente del Foro de niñez Vanesa Salgado.

Ante la falta de políticas públicas dirigidas a garantizar derechos y terminar con los problemas que llevan a los jóvenes a ingresar al sistema, se recrudece el sistema de encierro en condiciones que hacen imposible la aplicación de los principios de resocialización que es el único objetivo del fuero penal juvenil. “Validar la palabra de la víctima no es una cuestión menor, reconocerlas como tales y validarlas como sujetos de derecho. Estamos hablando de una niñez vulnerada y no podemos resignarnos ni naturalizar este estado de cosas”, agregó la directora general Sandra Raggio.

En los dispositivos destinados a la protección de niños, niñas y adolescentes “falta supervisión y previsiones de estándares mínimos de atención y cuidado para promocionar y restituir derechos de esos niños que el Estado separó transitoriamente de sus familias en un medida de abrigo. Esto se combina con condiciones de discrecionalidades en cada institución con casos de semi clandestinidad respecto a la permanencia de niñas y niños en instituciones no conveniadas”, describió la directora del programa de la CPM, Sofía Porta. Otra vez, los datos del informe aportan claridad a la discusión: a diciembre de 2025 había 4.200 niños y niñas institucionalizados, más del 90% alojado en hogares no oficiales; sólo el 27% egresó porque se consideró que se habían restituidos sus derechos y un 30% egresó en guardia pre-adoptiva.

El penal por su parte -apuntó Rodrigo Pomares- “es un sistema neutralizante, lejos de los eufemismos de reinserción y educación. Y cuando los jóvenes entran al sistema, se deberían garantizar los mayores niveles de libertad posible, aun en el encierro. Pero no hay conexión con el mundo exterior, ni salud o educación; se pierden los vínculos familiares, hay requisas vejatorias permanentes… Esto es el encierro para los jóvenes en la Provincia. No exageramos: la tortura en la Provincia existe y es muy amplia sobre los jóvenes”.

El encuentro contó también con la presencia y participación del funcionario judicial Matías Ponce, la co-directora del Instituto de abogado del niño Sonia Aiscar, la integrante de la Red de consejos locales y la mesa incidencia de niñez de la Provincia Betina Perona y la referente de las organizaciones de Lxs chicxs del pueblo Manuela Mendy, entre otros militantes por los derechos de la niñez.

A partir de la experiencia de intervención, la toma de la palabra permitió construir un espacio de intercambio para pensar cómo trabajar en clave de derechos con uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: las y los jóvenes pobres.

Las voces en diálogo coincidieron en la preocupación sobre la falta de propuestas de restitución y reparación para la niñez y la juventud. Y se abrieron preguntas sobre el papel del Estado y la necesidad de restituir lazos sociales que hagan posible una democracia que proteja a su infancia.