La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su 20° Informe Anual, El sistema de la crueldad XX, que realiza en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires. El diagnóstico denuncia las graves violaciones a los derechos humanos en un sistema penal que crece y se endurece año tras año, la grave crisis de las políticas de niñez y los déficits de las políticas de salud mental.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) “Presentamos este informe con la convicción que sostenemos desde el primero: una política de memoria no puede disociarse de las violaciones de derechos humanos del presente”, dijo la directora ejecutiva del organismo, Sandra Raggio, al abrir la mesa de presentación que integró junto a Roberto Cipriano García, Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, presidentes de la institución, y Diana Márquez de Víctimas por la paz y Juan Manuel Irrazabal del Comité Nacional de Prevención de la Tortura como invitados.

“Este informe no tiene buenas noticias -anunció Dora Barrancos-, en el sistema de seguridad persisten deficiencias estructurales que parecen no tener solución de continuidad”. En las cárceles de la Provincia, que hoy tienen casi el doble de personas detenidas en el sistema penal de adultos que hace 10 años, la CPM registró 91.833 hechos de torturas y otras violaciones de derechos, el 16% de ese total fueron hechos de negación o restricción de acceso a la justicia.

“No exageramos: la realidad desborda de violencias estatales que no negamos ni ignoramos, eso es lo que está haciendo el Ministerio Público Fiscal”, denunció Roberto Cipriano al presentar los datos. La provincia de Buenos Aires tiene el sistema de encierro más grande del país: a diciembre de 2025, había 63.934 personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías y con monitoreo electrónico contra 61.810 del año anterior. La tasa de encarcelamiento en la Provincia duplica la tasa mundial, el número de detenidos crece interanualmente cerca del 5% y hoy es casi el doble que hace 10 años. Esa cantidad de detenciones colapsan el sistema de encierro: A diciembre de 2025, la sobrepoblación en cárceles y alcaidías era del 116%.

Tanto Cipriano como Barrancos explicaron que la prisión preventiva, el juicio abreviado y la escasa aplicación de medidas morigeratorias de la prisión son las herramientas principales en el sostenimiento de la política de encierro de la Provincia. Esto tiene consecuencias claras: a diciembre de 2025, el 47% de las personas alojadas en cárceles y alcaidías estaban detenidas sin condena firme, es decir, siendo inocentes para la justicia. En el caso de las mujeres (56 %) y personas trans (53 %) es peor aun. El juicio abreviado acelera los tiempos de la condena en detrimento de las garantías y derechos procesales: hoy 9 de cada 10 causas se resuelven por este medio. En el otro extremo, desmintiendo el mediático relato de la “puerta giratoria”, la justicia niega 8 de cada 10 pedidos de morigeración de la pena.

“Son momentos muy difíciles para el país, tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de reconstruir, seguir andando. Este informe se presenta a 50 años del Golpe, en medio de una devaluación de la democracia”, sumó Pérez Esquivel. “Lo único que crece aquí son las fuerzas policiales para reprimir al pueblo, no para ayudarlo. Mientras los legisladores bajan la edad de imputabilidad. Qué quieren conseguir?”, se preguntó el Nobel de la Paz. Ese crecimiento se hace evidente en la aparición de las nuevas patrullas municipales se conjugan con la policía consolidando la guetización o segregación territorial de las personas pobres que viven o trabajan en la calle.

Durante el último año, también aumentaron los casos de uso letal de la fuerza, fueron 141, una muerte cada 60 horas. La mayoría, 87 casos, fueron cometidos por agentes en actividad pero fuera de servicio defendiendo bienes propios; en 17 de esos casos se trató de policías que mataron mientras trabajaban como choferes de aplicaciones de viaje.  Además se registraron 18 muertes durante el momento de la aprehensión.

“Con este diagnóstico no se puede mirar para el otro lado, es abrumador, no deberíamos poder tolerar esto en democracia. La puerta giratoria abre hacia adentro y la pregunta es qué tipo de sociedad estamos formando, porque en los discursos que fomentan la venganza no hay una técnica de seguridad. El punitivismo es una antropología del miedo”, evaluó la abogada y presidenta de Víctimas por la paz Diana Márquez.

El informe también desarrolla lo que ocurre respecto de las políticas de niñez, un área en una situación crítica, sin recursos ni un proyecto institucional que garantice sus derechos y haga cumplir la legislación vigente. En los últimos años la cantidad de jóvenes imputados en la provincia de Buenos Aires se redujo considerablemente, pero la cantidad de jóvenes detenidos en centros cerrados se mantuvo constante. La baja de edad de punibilidad se sancionó a pesar de la falta de información y estadísticas confiables: es mentira que los menores de 16 años que cometen delitos graves no estén detenidos. Durante 2025, 842 niños y jóvenes privados de libertad ingresaron a centros de detención. 168 tenían 15 años o menos: un 20% del total.

Con relación a las políticas de salud mental en la provincia de Buenos Aires se destaca el paulatino descenso de personas alojadas en los manicomios. Sin embargo, la gran mayoría de las personas con problemas de adicciones y de salud mental son internadas en clínicas neuropsiquiátricas o comunidades terapéuticas que funcionan prácticamente sin control del  Ministerio de Salud provincial ni de la justicia. Muchas funcionan con habilitaciones obsoletas o directamente en la clandestinidad y nadie mira las condiciones en que se cumplen las internaciones.

Juan Manuel Irrazabal, a cargo de Comité Nacional de Prevención de la Tortura, destacó el trabajo de la CPM como mecanismo local y consideró que “abrir los lugares de encierro tiene que llamarnos a despertar un mejor estado de conciencia social. Porque la víctima es la sociedad toda”.

La presentación fue acompañada por el Fiscal de Estado de la Provincia, Hernán Gómez, el titular de la Autoridad del programa de cumplimiento de la sentencia sobre la situación de personas privadas de la libertad de la Corte bonaerense, Leandro Gáspari, las autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura Natalia Gabellini, Josefina Ignacio y Silvina Irrazabal, el secretario ejecutivo del Mecanismo local de CABA Ezequiel Paulucci y la integrante Indiana Guereño, Mariana Lauro de la Procuración Penitenciaria Bonaerense, el juez de la Cámara de Apelaciones de Avellaneda-Lanús Gabriel Vitale, la defensora oficial del departamento judicial de Florencio Varela María Laura Varela, el secretario de derechos humanos de Ensenada Carlos Dabalioni, el diputado mandato cumplido Federico Storani, entre otros.