Distintas ciudades del país serán este jueves 15 de octubre escenario de la 5ª Marcha Federal Universitaria convocada por toda la comunidad educativa. El objetivo de esta movilización es exigir al gobierno de Javier Milei el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (Ley 27.795), la actualización salarial de docentes y no docentes, el sostenimiento de becas y el presupuesto para las universidades y la ciencia. “Es mucho más que una marcha universitaria por pedido de presupuesto, es una marcha que pide la aplicación y el cumplimiento de las leyes en la Argentina”, dice el decano de la Facultad de Sociales de la UBA. ANDAR dialogó con algunos de sus protagonistas.

FOTO de portada: Gabriela Hernández

ANDAR en la movilización

(Agencia) En las últimas horas el juez federal Martín Cormick dispuso que el Gobierno pague una multa por no cumplir esa norma, y por eso le cobrará a Diego Santilli, responsable de la administración del Presupuesto, pague 100 mil pesos por día, tal como había solicitado el CIN. Al respecto, la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) manifestó que esa cifra equivale a lo que pierde por mes un ayudante de primera con dedicación simple. Y recordó que en las universidades hay 190.000 docentes. Las agrupaciones estudiantiles de todo el país se pusieron también al frente del reclamo, incluso con tomas de facultades como la de Filosofía y Letras de la UBA y Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario, además de asambleas en los colegios pre-universitarios, las facultades de Exactas, Sociales y Psicología, y en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Según cifras que manejan los gremios docentes ya hubo 1200 renuncias en la UBA, y 10.000 en todo el país.

En diálogo con ANDAR, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Diego de Charras, señaló que “esta quinta marcha federal universitaria, pone en escena dos grandes dimensiones. Por un lado, la obvia, la exigencia del cumplimiento de una ley que viene a reparar el desfinanciamiento que está sufriendo el sistema público universitario argentino desde la asunción de Javier Milei, con un daño enorme al poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes, que supera el 30% de sus ingresos y con un daño enorme al sistema científico, al sistema de becas, al sostenimiento de los hospitales universitarios y a los gastos de funcionamiento de nuestras universidades”.

La segunda dimensión que mencionó De Charras tiene que ver con la decisión arbitraria de un Poder Ejecutivo que no cumple las leyes que vota el Parlamento, y que debería estar obligado a cumplir, no solo por las decisiones parlamentarias sino también por las órdenes emanadas del Poder Judicial. A su criterio, “tenemos un Poder Ejecutivo que es el depositario del monopolio de la violencia, del monopolio de la ejecución de las normas en un sistema republicano, que decide arbitrariamente no cumplir con la Constitución, y eso es de una gravedad enorme porque pone en vilo a la sociedad democrática, a la ciudadanía, con un gobierno que no respeta la Constitución”. El decano de Sociales de la UBA agregó: “es mucho más que una marcha universitaria por pedido de presupuesto, es una marcha que pide la aplicación y el cumplimiento de las leyes en la Argentina”.

El martes de la semana pasada, el magistrado declaró inconstitucional el decreto que Javier Milei firmó para no cumplir con la ley de financiamiento universitario, que había sido aprobada por el Congreso y cuya vigencia ambas Cámaras habían ratificado tras el veto del Presidente. El viernes pasado, el juez concedió la apelación que presentó la Casa Rosada contra su fallo, pero advirtió que continuaría con la ejecución de la medida cautelar que ordena cumplir con los pagos de salarios docentes y no docentes, así como de becas. Cormick había dictado la medida cautelar en diciembre de 2025. Su decisión fue convalidada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo y, en junio pasado, quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los planteos del Poder Ejecutivo.

“La marcha se me presenta como con dos palabras, por un lado indignación y por otro fuerza. Me parece que es una expresión de la indignación de toda una comunidad, no solo universitaria, porque las marchas y las luchas universitarias han sido siempre mucho más amplias que solo las de las distintas universidades públicas, sino que es una causa argentina”, dijo a ANDAR Inés Iglesias, directora general del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). “Esto ha quedado demostrado, y, a pesar de la fuerza que ha tenido, que ha logrado ganar en el Congreso, en la Justicia, muchas veces en cada uno de esos ámbitos, mantiene todavía una reivindicación que no tiene respuesta, porque el Gobierno Nacional sigue ignorando las decisiones democráticas de los distintos poderes de nuestra República”, agregó.

Sin embargo, Iglesias señaló que, “como todas las anteriores, va a ser una demostración de fuerza de un pueblo que toma la bandera de la educación pública como una de las que no está dispuesto a negociar y sale a la calle masivamente para demostrar su descontento con este modelo que en realidad lo que trata es de reducir lo común a su mínima expresión, mientras las universidades peleamos para ampliarlo lo más posible junto con muchísimos otros sectores que hoy forman parte también de nuestra comunidad universitaria, por lo menos en la UNLP, a través del Consejo Social y de otro montón de espacios”. En su mirada, “ya no es solo lo que antes conocimos como la comunidad universitaria, sino que es el conjunto de nuestra sociedad que entiende que la universidad es una herramienta fundamental para la soberanía, y que la soberanía es una herramienta fundamental para la reconstrucción de un proyecto de país”.

En medio de los festejos por los 16 años de vida de la Universidad Nacional de Moreno, su rector Alejandro Robba dijo a ANDAR que su comunidad acudirá en tren a la marcha que confluye en el Congreso en CABA. “Somos las universidades del Bicentenario, tenemos la obligación de seguir construyéndolas, y es la primera vez que un gobierno nacional incumple una ley que ya tuvo un consenso legislativo”, expresó. Para Robba, esa ley “tiene amplia legitimidad popular”, lo cual fue demostrado en cada una de las marchas federales anteriores “que lograron algunas mejoras para los gastos de funcionamiento, salarios y becas”. Por otra parte, el rector de la UNM repudió las amenazas contra el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, quien preside el CIN, que consistieron en mensajes de odio contra él y su familia.

En la Universidad Nacional del Sur los docentes llevan una semana de paro. Agustina Vaccaroni, becaria del Conicet, recordó que “un nuevo fallo judicial declaró inconstitucional el decreto que suspende la ley de financiamiento, y sin embargo el gobierno sigue postergando su aplicación”. Y agregó que hicieron una “asamblea interclaustros para prepararse para ser parte de la quinta marcha federal universitaria”.

El epicentro de la movilización estará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la concentración será en el Congreso a partir de las 15:30 para marchar hacia Plaza de Mayo, con llegada prevista alrededor de las 18:00. Pero, ademas, habrá á concentraciones en distintos puntos del país, entre ellos Mar del Plata, Córdoba, Resistencia y Río Grande.

Además, este jueves está prevista una sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad y un proyecto para afrontar el problema del endeudamiento familiar. En este contexto, la comunidad de las universidades nacionales se movilizará junto con jubilados y jubiladas, familiares de personas con discapacidad, organizaciones que defienden la soberanía sobre las tierras argentinas, agrupaciones de inquilinos, centrales sindicales y trabajadores y trabajadoras de distintos ámbitos.