José Ignacio Salvador y Juan Antonio Fumez, dos exintegrantes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) irán a juicio por crímenes cometidos durante la última dictadura.  El juez Alejo Ramos Padilla elevó la causa en la que están acusados de desapariciones forzadas, secuestros y homicidios. La denuncia había sido presentada por la Comisión Provincial por la Memoria. Los legajos desclasificados aportados, a partir de su trabajo de guarda y gestión de ese acervo de inteligencia policial, son una de las pruebas centrales en el expediente.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla elevó a juicio la causa que investiga a los ex agentes de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) José Ignacio Salvador y Juan Antonio Fumez; ninguno de los dos fue juzgado hasta el momento por su participación en crímenes de lesa humanidad. La denuncia había sido presentada por la Comisión Provincial por la Memoria a partir del relevamiento de los documentos del archivo de inteligencia que el organismo preserva y gestiona desde 2001.

De acuerdo a la instrucción, y tal como consta en esos documentos, Salvador y Fumez son responsables de delitos de desapariciones forzadas, secuestros y homicidios. La investigación judicial reconoce, además, el rol clave que tuvo la inteligencia en la selección y persecución de las víctimas, actuando de manera coordina con las fuerzas militares y de seguridad.

Desde su inicio formal en 1956, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), estuvo articulada con  la Comunidad Informativa  –un término que alude al trabajo conjunto y coordinado entre todas las agencias de Inteligencia del país- a través del Decreto 776/56 de Creación de la SIDE. Durante la dictadura, la inteligencia se jerarquizó dentro de la Bonaerense y pasó a ser una de sus tres direcciones generales. En esos años, la DIPPBA tuvo 16 delegaciones en la provincia y contaba con unos 1200 hombres.

En la última mitad de los ‘70 Juan Antonio Fumez estaba a cargo de la delegación de Lanús de la DIPPBA, así se desprende de al menos 33 documentos del archivo de la DIPPBA presentados por la CPM en la instrucción. Muchos de ellos llevan la firma de Fumez y refieren a hallazgos y/o identificaciones de cadáveres, registran persecuciones y controles sobre actividades gremiales y de organismos defensores de los Derechos Humanos o hay también legajos con su firma respecto a presos políticos que habían obtenido la Libertad Vigilada y que debían presentarse en la Delegación Lanús.

Por otro lado en los documentos consta que José Ignacio Salvador revistó en la Delegación DIPPBA Capital Federal durante los años 1976, 1977 y 1978 y se desempeñó como Delegado DIPPBA ante la Comisión Asesora de Antecedentes. En el material donde consta su firma hay memorandos donde se solicitan antecedentes de personas, también hay órdenes de captura  y respuestas a pedidos de informe.

En otro legajo significativo con su firma explícitamente se solicitan sobre “blancos”. La DIPBBA, a través de sus delegaciones y agentes de inteligencia, trabajaba en el seguimiento y vigilancia de quienes posteriormente sufrían el secuestro y desaparición. Algunas de esas personas sindicadas como “blancos” posteriormente fueron desaparecidas, como Luis Ignacio López Comendador, José Cena, Oscar Daniel Pardo y José Mario Retamar.

“Salvador aparece como un engranaje fundamental del sistema montado para identificar a personas (objetivos), secuestrarlas y desaparecerlas, actuando como canal de comunicación entre diversas agencias de inteligencia y aportando información fundamental para dicha empresa”, había señalado la Sala II de la Cámara Federal de La Plata al confirmar su procesamiento.

Cabe recordar que, en estos momentos, en el cuarto tramo de la causa Saint Amant, otros cuatro ex agentes de la DIPPBA –de la delegación de San Nicolás– están siendo juzgados por su participación en los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el noroeste de la Provincia. En ese juicio, la CPM es querellante y aportó material probatorio del archivo de la DIPPBA que acredita el modo en que la información producida por los servicios de inteligencia de la policía bonaerense era utilizada como insumo para secuestrar personas, pero también cómo los mismos agentes de inteligencia participaban de los operativos comandado por los grupos de tarea.