Mientras el gobierno de Javier Milei negocia con apuro los votos para lograr imponer su reforma laboral, a lo largo y ancho del país se repiten escenas de protestas por despidos, cierres de empresas e incumplimientos salariales. Cada día cierran 30 empresas y se pierden 400 empleos. Como botón de muestra, los obreros de Aceros Zapla, en Palpalá, Jujuy, paralizaron la planta con un paro en reclamo de recomposición salarial y derechos. Hace 18 meses que no tienen aumento en salarios de 1 millón por jornadas de hasta 12 horas. Sin embargo, pueden decir que aún tienen trabajo. En los últimos dos meses nueve empresas anunciaron reducciones, que en algunos casos ya se hicieron efectivas e implican la pérdida de casi 2300 puestos de trabajo. Son los casos de Mercado Libre, Lamb Weston, Georgalos, Lácteos Verónica, Lustramax, Vassalli Fabril, TN & Platex, Sealed Air y Dr. Ahorro. En estos días Newsan-Siam despidió a 45 operarios y suspendió a 70, en sus plantas de Monte Chingolo y Avellaneda. En diálogo con Andar, el abogado laboralista León Piasek afirmó que el proyecto de La Libertad Avanza (LLA) es la “reforma laboral más perjudicial desde la dictadura, fue redactada por asesores de los grandes grupos económicos, y tendrá consecuencias actuales y hacia el futuro”.

ANDAR en el trabajo

(Agencia) A su criterio, “viola los derechos de los trabajadores y de sus sindicatos, crea una sumisión muy grande al poder de los empleadores, que podrán modificar las condiciones de trabajo sin que los trabajadores puedan oponerse, van a poder despedir gratis porque las indemnizaciones las va a pagar el sistema previsional, van a poder fraccionar las vacaciones y extender las jornadas laborales sin pago de horas extras, en definitiva, van a poder condicionar la vida del trabajador”. Piasek sostuvo que “también tendrán el poder de intervenir en las negociaciones colectivas y atacar el poder de los sindicatos para ejercer un control grande sobre el derecho de huelga”. El abogado recordó que “hubo una ley muy similar a ésta durante la dictadura, se tardó años en reformarla y aún hoy quedan artículos de esa norma en la ley de contrato de trabajo”.

En el esquema que maneja el oficialismo, el Senado buscará avanzar con el debate del proyecto durante la primera quincena de febrero. La intención es habilitar una sesión clave entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, antes del inicio del período ordinario de sesiones, que comenzará el 1° de marzo con el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa. La estrategia parlamentaria está coordinada desde la comisión de trabajo y previsión social, presidida por Patricia Bullrich, mientras el Gobierno trabaja en asegurar los apoyos necesarios y cerrar las últimas modificaciones al texto.

Según los datos de un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), desde diciembre de 2023 han cerrado 21.046 empresas con trabajadores registrados en menos de dos años; el promedio diario es de 30 firmas que desaparecen del mercado; transporte, construcción e industria lideran las pérdidas; se destruyeron 272.607 empleos formales, cerca de 400 por día, y el mayor impacto laboral es en compañías con más de 500 empleados.

Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (Alal), expresó que “cierran las fábricas y cae el empleo como consecuencia de la política económica del gobierno nacional”. A su criterio, “la apertura indiscriminada de las importaciones y la caída de los ingresos son la principal causa, lo que demuestra que no es la legislación laboral la culpable, como falazmente argumentan para fundamentar la supuesta necesidad de una reforma laboral regresiva”. Cremonte manifestó que otro efecto de esta política es el crecimiento de los monotributistas. Esto significa que parte del empleo formal que se pierde es sustituido por empleo no registrado y precario; y reveló otro de los verdaderos objetivos de la política laboral: ‘legalizar’ el fraude laboral a través de la figura de los ‘trabajadores independientes’.

Julio A. trabajó diez años en una empresa de informática, una de las principales del mercado, tiene un hijo recién nacido y compró su casa nueva con un crédito hipotecario. Hace unas semanas llegó apesadumbrado al partido de fútbol de los martes con sus amigos. Es que lo habían echado. “Fuimos unos 12 despedidos, ponen excusas sobre una baja en la demanda pero sabemos que no es cierto, que la facturación siempre va en aumento, pero la casa matriz huele los vientos de cambio que propicia Milei y quiere adelantarse”, dijo a Andar. En tanto, Renata G. fue echada de una empresa alimenticia, cuyos dueños aducen no poder sostener la producción ante el ingreso de productos importados. “Empezaron con un grupo de nosotras, que si bien no somos delegadas sí activamos en las asambleas, pero creemos que el plan a mediano plazo es cerrar en forma definitiva”, comentó entre mates y bizcochitos, mientras acaricia la cabecita de uno de sus cuatro hijos.

El caso Lustramax

En este contexto, Lustramax es una de las pocas empresas cuyos trabajadores se encuentran desde diciembre en asamblea permanente en las instalaciones de la planta en Tortuguitas, en rechazo de los despidos de compañeros, algunos de ellos delegados. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria, y recién en las últimas horas pudieron volver a entrar los que habían quedado del lado de afuera. El conflicto comenzó hace algunos meses por el incumplimiento de la empresa del pago de la obra social, del pago parcial del aguinaldo y un bono por empresa que estaba pactado. Y llegó a los medios de la mano de la mediática abogada Florencia Arietto, en representación de la patronal, lo cual generó la solidaridad de varios organismos de derechos humanos con los trabajadores y trabajadoras de Lustramax. Cuando comenzó la ocupación pacífica, Arietto había logrado desplegar a la Gendarmería en torno al predio, algo que fue denunciado como ilegal por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). “Con la presencia de Gendarmería es muy difícil negociar. Los despidos son persecutorios, antes no les respetaban las vacaciones ni las horas extras, como tampoco el convenio, el trato del dueño Ezequiel Sosa era humillante. Eso fue cambiando cuando se organizaron en 2021 y tuvieron su comisión interna, entonces es claro que pretende atacar a esa organización”, detalló el abogado del Ceprodh, Gonzalo Amarilla.