En el tercer informe especial sobre represión a la protesta que presentó recientemente en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, a partir del monitoreo del despliegue de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas, la Comisión Provincial por la Memoria informo al menos 2.585 personas heridas. Desde la aplicación del “Protocolo antipiquetes”, cuatro de ellas perdieron la visión de un ojo. Excepto en uno de los casos, las causas penales por estos hechos graves, no tienen avances significativos.

(Agencia Andar) Cuando le preguntan a Matías Aufieri sobre su recuperación responde que es cero, que perdió totalmente la visión del ojo izquierdo cuando lo baleó la Policía Federal, durante la represión del 1 de febrero de 2024 a la manifestación contra la llamada Ley Ómnibus. “Cerca de las 9 de la noche apareció el Grupo de Operaciones Motorizadas de la Federal en Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, se ponen a dar vueltas pero no había interrupción del tránsito, estábamos todos en la plaza, empiezan a acelerar para intimidar y luego a tirar”, recordó en diálogo con Andar.

El abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) no fue el único manifestante en perder la vista durante el gobierno de Javier Milei, luego lo siguieron Jonathan Navarro, Rodrigo Troncoso y Claudio Astorga. En estos hechos que también ocurrieron en administraciones anteriores y masivamente en Chile, las fuerzas de seguridad violan en forma sistemática los protocolos sobre resguardo de la integridad física de quienes protestan en las calles, disparando a menos de 10 metros hacia la cabeza, torso y rostro, siendo que no puede realizarse a menos de esa distancia y de la cintura hacia arriba.

Según el tercer informe del monitoreo de la protesta realizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), desde diciembre de 2023 fueron heridas al menos 2.585 personas, cuatro de ellas perdieron la visión en uno de sus ojos.

“Disparaban tanto a la plaza del Congreso como a la plazoleta que tiene las paradas de colectivos, en una de las pasadas me dieron en el ojo, fueron unos minutos en que hirieron a mucha gente, varios periodistas, se armó un amontonamiento hasta que lo ví a Guillo (Pistonesi) y pude salir de ahí”, describió sobre el momento en que lo hirieron. Aufieri destaca que las motos tampoco los dejaban cruzar la calle, es decir que los tenían emboscados. “Nos volvieron a tirar a dos metros de distancia, y nos refugiamos detrás de un mástil”. Luego comenzó su periplo por hospitales, primero el Santa Lucía. Fue operado al día siguiente para salvar el globo ocular en una clínica de su obra social. Las dos siguientes intervenciones quirúrgicas en los meses posteriores tuvieron resultado negativo en cuanto a recuperar algo de la visión del ojo.

Aquella noche alguien del gobierno de la Ciudad había dado la orden de apagar el alumbrado público, lo cual dificultó la obtención de imágenes claras para identificar al tirador. Esto puede ser constatado en una edición de imágenes de un video, al que accedió Andar, que forma parte del expediente. Aufieri, que también es asesor del bloque del Frente de Izquierda en Diputados, explicó que en un principio hubo varias cuestiones que tuvieron que apelar en la investigación, como por ejemplo que el fuero que debía intervenir es el federal, y así lo terminó reconociendo la Cámara. A su criterio, del reciente fallo contra el Protocolo Antipiquetes se deduce que cada operativo represivo realizado sin orden judicial podría ser considerado una intervención federal de hecho. Pocas horas antes, Aufieri había presentado una ampliación de denuncia contra José Luis Espert en la causa que le iniciaron Myriam Bregman y Nicolás del Caño, amenazados por el libertario con su arenga de “cárcel o bala”.

A pesar de algunas dilaciones, la causa por los hechos del 1° de febrero de 2024 que tramita el juez federal Julián Ercolini fue sumando avances a partir de la actividad de las querellas. Tras dar su versión de los hechos ante la fiscalía de Ramiro Gonzalez, Aufieri amplió su declaración testimonial en agosto de 2025 ante el juez Ercolini y acreditó “el plan de impunidad, y la represión predeterminada de aquel día, con un corte de luz provocado en el sector en que se encontraba el grueso de los manifestantes, que serían reprimidos con ferocidad”. Según manifestó, “esta represión al comienzo del gobierno de Javier Milei fue el inicio de la saga que prosiguió con las graves heridas contra Jonathan Navarro y Pablo Grillo”.

La fiscalía de Ramiro González solicitó el llamado a indagatoria de 19 efectivos de la Policía Federal que efectuaron disparos con postas de goma a manifestantes y trabajadores de prensa. Dicho pedido aún no fue resuelto por Ercolini, a casi dos años de los hechos. Además se encuentran en curso pericias técnicas para individualizar cada disparo efectuado por el personal motorizado de la Policía Federal, que se identifica en el video y fue aportado a la causa por la víctima.

“Puede advertirse en las imágenes, la saña del operativo policial que primero reprime desde la calle Hipólito Yrigoyen a los manifestantes que se ubicaban sobre la plazoleta del Congreso, y luego dan la vuelta con sus motos y escopetas para reprimirlos nuevamente desde la calle Entre Ríos. Se puede ver como Aufieri, ya para entonces herido en su ojo, es reprimido nuevamente junto a quien lo ayudaba a salir de la represión, siendo herida esta persona que cae al piso baleado en su espalda, y ambos deben guarecerse tras un poste de luz ante los disparos a mansalva que continuaban”, explicaron desde el Ceprodh.

Los disparos directo al rostro no son atribución exclusiva de la Policía Federal, con lo que los funcionarios denominan armas “menos” letales, tales como cartuchos de goma y granadas de gases lacrimógenos. En el caso del hincha de Chacarita, Jonathan Navarro, quien lo ciego del ojo izquierdo fue un integrante de la Prefectura Naval Argentina. Por el intenso trabajo de organizaciones como la CPM y Mapa de la Policía, el tirador pudo ser identificado y ya fue indagado, se trata de Sebastián Martínez, de la agrupación Guardacostas.

Navarro había acudido a acompañar a los jubilados en su habitual marcha el miércoles 12 de marzo de 2025, el mismo día que fue herido Pablo Grillo. Tres minutos antes de que cayera Navarro, del otro lado de la Plaza Congreso, el gendarme Héctor Guerrero le había partido la cabeza al fotorreportero con una de las granadas de gas lacrimógeno que disparó esa tarde.

Martínez había disparado uno de los rifles Byrna que usan como parte del arsenal de “disuasión” cada miércoles. Cuando fue indagado por la jueza federal María Servini de Cubría dijo que “cumplió con su deber”. La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich había declarado que esa jornada estaba dispuesta a frenar a los “barrabravas” que supuestamente iban a “romper todo”. Los hinchas de varios clubes en realidad desplegaron su solidaridad con el reclamo de los adultos mayores, cuyos haberes los colocan por debajo de la línea de indigencia.

Ese mismo día acudió por primera vez a una manifestación Rodrigo Troncoso, un joven empleado de una farmacia en Avellaneda que estaba cansado de ver a los jubilados irse del local sin poder comprar sus medicamentos. Fue con su padre, su hermano y un amigo, y resultó herido en Rivadavia y Rodríguez Peña. Al tomar conocimiento del caso de Navarro, este muchacho de 24 años decidió realizar la denuncia penal contra el prefecto que le disparó, Bullrich y el responsable del operativo. Mientras tanto, busca juntar dinero para las operaciones que podrían devolverle la visión de su ojo izquierdo.

Un mes más tarde, el miércoles 12 de abril de 2024, Claudio Astorga, un obrero de la construcción de 39 años, participó de otra movilización reprimida con ferocidad por orden de Jorge Macri en aplicación del protocolo anti protestas de Bullrich. Recibió un disparo policial en el ojo derecho y su visión quedó destruída en forma definitiva. Esa tarde hubo 36 personas heridas entre quienes reclamaban la asistencia alimentaria a los comedores populares, transeúntes y vendedores ambulantes según la CPM. También hubo 10 detenciones denunciadas por las organizaciones como apremios ilegales.

Por la discapacidad que le generaron a Astorga, la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) presentó una demanda contra Bullrich, y su par de la Ciudad, Waldo Wolff, además del policía que disparó y aún falta identificar.

El 18 de diciembre de 2017 miles de personas llegaron al Congreso desde el conurbano y otras provincias para rechazar la reforma previsional que buscaba imponer el gobierno de Mauricio Macri. Entre ellos, Daniel Nievas, Horacio Ramos y Roberto Alvarez, que no se conocían y llegaron en diferentes columnas pero terminaron en las guardias médicas. Los tres fueron heridos durante la feroz represión y perdieron un ojo por las balas policiales. Fue la jornada de las 14 toneladas de piedras, que en teoría habrían arrojado los manifestantes.

Nievas trabajaba en Astillero Río Santiago (ARS), y un perdigón de goma le hizo estallar el globo ocular derecho. Ramos tenía en ese momento 51 años y trabajaba como herrero, además de militar en el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Esa tarde lo asistieron en una posta sanitaria que funcionó en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, y luego en una carpa del SAME, donde le advirtieron que la herida era grave. En tanto, Roberto ‘el Barba’ Álvarez, con 64 años, perdió su ojo izquierdo. La columna del Partido Obrero, donde militaba, estaba sobre Rivadavia y Sáenz Peña. Los testigos contaron que, en un momento, la policía se quedó sin gas lacrimógeno y comenzó a tirar piedras sobre los manifestantes. Una le pegó en la cara y le causó la grave herida.

En 2019 durante las protestas en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera hubo más de 2.500 personas heridas, de las cuales 464 sufrieron lesiones oculares, según cifras de la Cruz Roja. “No sé si ustedes han visto llorar por el único ojo que le queda a una persona que le ha estallado un globo ocular, llorar por el otro ojo, que también lo tiene dañado. Llorar sangre”. Eso le preguntó a un grupo de funcionarios del gobierno de Chile, incluyendo a los ministros de Defensa y del Interior, el senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta chilena. Los manifestantes fueron desplegando diferentes modos de protección, que procuraban antes de salir a las calles de Santiago, y una de los principales fue el uso de máscaras, no solamente para contrarrestar el efecto de los gases sino también para proteger el rostro, y los ojos.