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Home›Justicia›MUJERES Y NIÑOS GOLPEADOS Violento desalojo en Gonzalez Catán

MUJERES Y NIÑOS GOLPEADOS Violento desalojo en Gonzalez Catán

Por Rocío Suárez
28 octubre, 2015
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“Nos sacaron de prepo”, dicen algunos vecinos que pertenecen a las 350 familias que decidieron ocupar las casas de un plan de viviendas abandonado en La Matanza. Hacía un mes que habían ingresado al predio cuando llegó la primera intervención policial. A pesar de algunas acciones de organismos de derechos humanos como la CPM, hoy Infantería realizó un brutal desalojo durante el que destrozaron las pertenencias de los ocupantes, golpearon a mujeres y niños, y dejaron detenidas a 6 personas.

ANDAR en La Matanza

(Agencia) Hace una semana la policía de Gonzalez Catán, sin funcionarios judiciales presentes y sin exhibir ninguna orden de desalojo, los sacó del predio. Los vecinos regresaron y las fuerzas de seguridad se reforzaron con presencia de gendarmería y grupos especializados que actuaron con violencia, aun cuando había una gran cantidad de niños de las familias ocupantes. Fue una advertencia de lo que podía venir, pero la gente se quedó en esas casas que estaba recuperando.

En el barrio Rodolfo Walsh de Gonzalez Catán quedaron abandonadas 350 casas de un plan de viviendas cuando ya estaban casi listas para ser entregadas. Los vecinos de la zona vieron cómo las casas quedaron expuestas al desmantelamiento, y empezaron a sufrir los problemas de lindar con un predio que se convertía en tierra de nadie. El mes pasado un numeroso grupo de familias se organizó para recuperarlas con el apoyo de esos vecinos y ocuparon las casas para mejorar el barrio. Se instalaron en las construcciones y fueron “armándose algo” con lo que pudieron, ya que, como describe Daniela que participa de la toma, muchas casitas estaban “arruinadas”.

“Había muchas situaciones que preocupaban: el lugar estaba todo oscuro y destruido, era ideal para que los transas corrieran drogas, una nena sufrió un ataque sexual. Así que acá en el barrio de enfrente nos apoyan porque mejoramos todo, cortamos el pasto que estaba largo, empezamos a poner luz”, cuenta una vecina.

Recién esta semana conocieron a los funcionarios judiciales a cargo: el Juzgado de Garantías Nº 4 de La Matanza y el fiscal Fernando Garate, de la UFI Nº 1 descentralizada de Laferrere. Ante el inminente desalojo los vecinos presentaron un habeas corpus, sobre todo por la gran presencia de niños y mujeres en el lugar. “Cuando presentamos el habeas corpus, que tiene el sello y todo, nos dijeron que las mujeres teníamos que quedar adentro, que la policía no podía pasar a las viviendas ni pegarle a las mujeres embarazadas, ni con chicos ni a la gente discapacitada que también hay. Pero no respetaron nada”.

Hoy se repitió con más violencia el desalojo. Infantería irrumpió sin que los vecinos detectaran la presencia de ningún funcionario judicial. “Fue a las 6.30 de la mañana. Entraron de prepo, rompieron las puertas que habíamos puesto, nos pegaron. Eran todos hombres y nos agarraron, nos cagaron a palos, con gas pimienta, con balas de goma, a mujeres embarazadas, una bebe de 6 meses fue internada porque le tiraron gas pimienta en la cara. Le rompieron los celulares a la gente, les sacaron la plata, se comieron la comida que había entre los mismos policías, manosearon a la gente, les pegaron a chicos chiquitos y a una nena discapacitada. A una señora le sacaron la prótesis del ojo y se la patearon”, describen las víctimas de esa violencia sobre la brutalidad del desalojo. Además de los heridos se llevaron a otras 6 personas detenidas.

A partir de estos hechos, en la Justicia ahora existen dos causas: una que tramita la violencia policial y otra que trabaja sobre el problema de la ocupación de las casas.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó presentaciones en las que se solicitaba la intervención a todos los órganos jurisdiccionales correspondientes con el fin de que garantizaran los derechos de las familias. Hasta ahora la intervención de la justicia, lejos de mejorar la situación de las familias ocupantes y garantizar el derecho a la vivienda digna, habilitó a que se concretara el desalojo que se realizó con mucha violencia. Mientras tanto, los ocupantes aseguran que “ningún funcionario se presenta, nadie, nadie, y nadie mostró ni un papel de desalojo: vinieron así y nos sacaron de prepo”.

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