Durante la madrugada del 21 de octubre de 2024, las personas detenidas en la comisaría 2ª de Ensenada fueron brutalmente reprimidas, torturadas y vejadas. Ahora, el Juzgado de Garantías 2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva Pelossi, ordenó la detención de cinco nuevos agentes de la Policía bonaerense integrantes del Comando Patrulla de Ensenada. Héctor Acevedo, Juan Carlos Batista, Ricardo Cardozo, Gonzalo Sánchez y Facundo Carrasco Larrumbe fueron imputados por torturas y falsedad de documento público. La causa se inició a partir de una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, luego de inspeccionar el lugar y entrevistar a las víctimas.

ANDAR en Ensenada

(CPM) El 21 de octubre de 2024, durante más de 10 horas, hubo una serie de agresiones y torturas contra los detenidos que habían reclamado por las condiciones de alojamiento. La policía desató una brutal represión que incluyó disparos a quemarropa con postas de goma, bombas de gas lacrimógeno, golpes con tonfas y palos, vejaciones y abusos sexuales.

Ahora el fiscal de la UFI N° 3, Gonzalo Petit Bosnic solicitó estas cinco detenciones que se agregan a las cinco anteriores, y suman diez los policías detenidos por lo ocurrido. Cabe destacar que esta medida se basó en las declaraciones del resto de los imputados detenidos, ya que fueron quienes  ubican en el lugar a estos agentes y dan cuenta del despliegue de las conductas reprochadas.

Héctor Acevedo, Juan Carlos Batista, Ricardo Cardozo, Gonzalo Sánchez y Facundo Carrasco se suman a Oscar Castillo y Sergio Aguilar que quedaron detenidos en agosto, y a Adriana Cecilia Ponce, Leandro Ignacio Altamiranda y Ángel Daniel Barrientos en marzo, todos por su participación en los dos hechos centrales alrededor de los que se construye esta investigación: las torturas y la falsedad de documentación con la que intentaron ocultar lo sucedido.

Según consta en el pedido de detención, esa noche, “aprovechando la situación de vulnerabilidad en que se encontraban los detenidos, sobre los que tenían un poder asimétrico”, los y las policías involucrados “ingresaron al sector de los calabozos y reprimieron en forma excesiva y desproporcionada la revuelta, flagelándolos mediante disparos con escopetas de postas de goma, detonaciones de gas lacrimógeno, y chorros de agua a alta presión a corta distancia, en un contexto de completa oscuridad (…)”. Luego “confeccionaron un acta acerca de lo ocurrido insertando aseveraciones falsas con las que pretendieron justificar sus acciones y brindar una aparente explicación a las lesiones producidas a los internos, documentando entre otras falsedades que los mismos poseían armas de fabricación casera, que tenían la intención de evadirse de la Comisaría, y que habían iniciado una reyerta entre ellos que incluyó agresiones recíprocas”.

Los hechos investigados no constituyen un episodio aislado sino que se inscriben en una trama más amplia de violencia estatal y prácticas de tortura ejercidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires, las que vienen siendo reiteradamente denunciadas por la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.