El miércoles 23 de octubre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín dio inicio al demorado juicio que tiene a 34 imputados que habrían “formado parte de una organización destinada –en apariencia- a garantizar una eficiente prestación del servicio de justicia y de prevención y persecución de delitos, cuando, en verdad, se trató de una empresa criminal estratégicamente montada”, según se desprende del requerimiento fiscal de elevación a juicio. En el marco de esta causa el año pasado fue beneficiado con la falta de mérito el ex fiscal de San Isidro Claudio Scapolan –estaba procesado como jefe de la asociación ilícita-, aunque fue procesado por un delito menor vinculado, y también destituido mediante un jury de enjuiciamiento en el que la CPM participó como veedora. Las jornadas del juicio serán todos los miércoles durante aproximadamente un año.

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(Agencia) “Los imputados utilizaron de manera tergiversada las herramientas funcionales que les confería la potestad punitiva estatal para investigar y perseguir hechos de narcotráfico, con el exclusivo fin de beneficiarse personalmente de la regulación y gerenciamiento mismo del narcotráfico al que -muchos de ellos, en razón de sus funciones- estaban obligados a combatir, mediante el despliegue de una variada gama de conductas delictivas orientadas a tal fin”, señala la acusación fiscal.

“Leones blancos” es el nombre con el que se conoce coloquialmente a la causa principal de este juicio que tiene como imputados a 24 agentes de la Policía bonaerense –entre ellos el excomisario de la DDI de Quilmes Marcelo Roberto Di Rosa y al subcomisario Juan Magraner-, dos abogados y testigos falsos.

El juicio que acaba de comenzar en la justicia federal de San Martín resulta paradigmático por la multiplicidad de prácticas delictivas protagonizadas por policías, agentes judiciales, abogados y narcos en la provincia de Buenos Aires: utilización de testigos falsos para el armado de causas, robo y comercialización de estupefacientes valiéndose de los recursos y la información del Estado, extorsión, entre otros delitos que confluyen en una enorme asociación ilícita que habría operado al menos entre 2012 y 2015.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, participa como veedora de este juicio, y resalta la necesidad de avanzar con la participación de agentes y funcionarios judiciales en hechos como los que se ventilan.

Hasta el año pasado, el exfiscal Claudio Scapolan estaba procesado como jefe de la asociación ilícita pero fue extraña y arbitrariamente beneficiado por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín con falta de mérito para ese delito y sólo quedó firme una imputación por falsedad ideológica que será juzgada más adelante.

Sin embargo, en la jornada de apertura del juicio el exfiscal Scapolan fue nombrado sistemáticamente por la acusación a cargo del fiscal Marcelo García Berro frente a los magistrados del TOF 1: la presidenta Silvina Mayorga, Héctor Omar Sagretti y Daniel Omar Gutiérrez.

De hecho, en el juicio político que determinó la destitución de Scapolan quedó extensamente explicitado su rol, por ejemplo, en el caso Anacona, vinculado a este juicio: un caso en el que la banda policial robó más de media tonelada de estupefacientes y tuvo como coartada un supuesto llamado anónimo a la DDI de Quilmes sobre el traslado del cargamento desde Moreno a la zona norte. Pero el llamado nunca existió.

En realidad, el dato había surgido del financista, informante de los organismos de inteligencia y de seguridad y testigo arrepentido Javier Guastini, que luego fuera asesinado por un sicario el 28 de octubre de 2019. Guastini había informado al personal de drogas ilícitas del cargamento de cocaína perteneciente al clan Loza, que rápidamente y en articulación con Scapolan dispuso un procedimiento ilegal con el objeto de mejicanear la droga.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio que se leyó este miércoles, el “principal objeto ilícito de la organización consistió en la sustracción de estupefacientes a personas de algún modo ligadas al ambiente narcocriminal para su posterior reintroducción al circuito clandestino de venta a través de terceros; la extorsión a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección y/o para no detener a sus familiares y/o allegados; la extorsión a personas sin vínculos con el narcotráfico, bajo la amenaza de hacerlos pasar como tales; e incluso, la detención de personas que no eran narcotraficantes a los fines meramente estadísticos para demostrar una supuesta eficacia en la materia”.

“Todo ello, además de un sin número de otros delitos que incluían –aunque no se limitaban- al cohecho, falsedades instrumentales, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, ya sea a través de sus integrantes y/o facilitando y/o instigando su comisión por parte de terceras personas; entre ellos, abogados de la matrícula que simulando una eventual actuación profesional, escondían -frente a las personas involucradas en los procedimientos revestidos de legalidad de los que se valía la organización para el beneficio personal de sus integrantes-, su participación en las maniobras extorsivas de las que resultaban víctimas”, agrega.

Respecto al ámbito de influencia de la organización, tenía epicentro en los partidos de San Isidro, Morón y San Martín de la provincia de Buenos Aires, y sus integrantes se valían de la posición de privilegio que, en tales jurisdicciones, les otorgaba su carácter de funcionarios públicos.