El juicio por el secuestro de trabajadores de las fábricas de Villa Constitución, ocurrido entre el 20 y 26 de marzo de 1975, tiene 21 imputados, entre ellos dos ex directivos de Acindar, empresa que al momento de los hechos presidía Alfredo Martínez de Hoz, luego ministro de Economía de la dictadura militar. En una de las últimas audiencias del juicio, el sindicalista e integrante de la CPM Víctor de Gennaro declaró frente al TOF N° 1 de Rosario en calidad de testigo de concepto. “La represión de esos días quiso hacer retroceder esa lucha espectacular de los trabajadores que un año antes habían realizado el Villazo y fue también una prueba de lo que van a hacer las Fuerzas Armadas a partir del golpe de Estado”.

(Agencia) Entre el 20 y 26 de marzo de 1975, 67 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios de la zona industrial de Villa Constitución fueron secuestrados en un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, la Triple A y otras organizaciones parapoliciales. El operativo contó con la complicidad empresarial de las fábricas de la región, incluso algunos de los secuestrados fueron alojados en un edificio de Acindar; dos de los imputados en este juicio son ex directivos de la empresa.

Además de los dos empresarios, dos ex militares, 16 ex policías federales y un ex policía provincial están acusados de participar en distintos casos de privación ilegítima de la libertad contra 67 víctimas. El juicio de la causa conocida como Villazo se realiza a instancias del Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario y esta semana tuvo lugar la última audiencia del año.

“Todo el cordón fabril del Paraná, de San Nicolás a San Lorenzo, era una zona de un gran desarrollo industrial y con una participación activa de los trabajadores y del sindicalismo. Y la represión de esos días quiso hacer retroceder esa lucha espectacular de los trabajadores que un año antes habían realizado el Villazo”, declaró el dirigente sindical e integrante de la CPM Víctor De Gennaro, llamado como testigo de concepto por el consejo asesor jurídico de Villa Constitución, que forma parte de la querella en el juicio.

El hecho al que refiere De Gennaro, y por el cual se conoce a esta causa, ocurrió un año antes de los crímenes de lesa humanidad que se ventilan en este juicio: luego de meses de asambleas y medidas de lucha, el 16 de marzo de 1974 los obreros metalúrgicos de Acindar ganaban la huelga para exigir la realización de elecciones democráticas en la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) de Villa Constitución. La elección se terminó realizando en noviembre de ese año y Alberto Piccinini fue elegido como delegado de la seccional de la UOM.

“La huelga fue apoyada por todos los trabajadores del cordón industrial y acompañada por todo el pueblo de Villa Constitución, fue una verdadera rebelión popular por la democracia. Y con la conducción de Alberto en la UOM se empieza a desarrollar un sindicalismo combativo, representativo. Fue una victoria popular contra la burocracia sindical”, recordó De Gennaro.

La represalia llegaría un año después: las autoridades nacionales, en connivencia con los empresarios, denunciaron un complot subversivo y aplicaron un programa represivo que, de acuerdo a la querella del Ministerio Público Fiscal -a cargo del fiscal general Adolfo Villatte y el auxiliar fiscal Juan Patricio Murray-, tuvo como principales objetivos “disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas”.

El 20 de marzo de 1975 Villa Constitución fue sitiada por Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura, la policía provincial de Santa Fe, además de contar con la presencia de patotas de la Triple A y otras organizaciones parapoliciales. Las fuerzas conjuntas realizaron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas, entre ellas la comisión interna de Acindar y los dirigentes de la UOM local, que fue intervenida.

En ese contexto represivo, y durante los siguientes días, se producen allanamientos ilegales en la casa de los trabajadores, homicidios y el secuestro de los 67 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios que son víctimas en el juicio que se realiza en la justicia federal de Rosario. De acuerdo a la acusación fiscal, los directivos de Acindar tuvieron un rol clave en esta persecución aportando información de los trabajadores y permitiendo el ingreso de los grupos de tareas a la fábrica. Además, desde 1974, un edificio de la empresa conocido como “albergue de los solteros” había sido ocupado por la Policía Federal y  durante esos días de marzo de 1975 funcionó como un centro clandestino de detención.

Los trabajadores del cordón industrial de Villa Constitución iniciaron una huelga que se extendió por más de 60 días, una vez más con la solidaridad de toda la ciudad. De acuerdo a la acusación fiscal, la persecución y cacería contra el movimiento obrero perduró y continuó luego del golpe de Estado.

“Nosotros, con organización sindical, habíamos logrado derrotar a López Rega y expulsar a Celestino Rodrigo, pero la represión en Villa Constitución había sido una prueba de lo que iba a ser el genocidio. Tuvieron que venir las Fuerzas Armadas para instalar la política de desindustrialización con Martínez de Hoz como ministro de Economía”, señala De Gennaro.

Durante los hechos represivos que se juzgan en este juicio, Alfredo Martínez de Hoz era el presidente de Acindar, y dos directivos de esa empresa están entre los imputados: Roberto Pellegrini, el exjefe de relaciones laborales, y Oscar Torralvo. “Martínez de Hoz, el gran imputado y gestor del plan económico del genocidio económico que benefició a estas empresas, escapó con su muerte de esta condena”, dice el dirigente sindical.

“Fue un genocidio planificado, se dieron una política de represión donde estaba el poder sindical, en el lugar del trabajo. En el ’55, la concepción era que  si se cortaba la cabeza de la víbora se termina el problema e intervinieron todos los sindicatos pero no las comisiones internas. En el ’76, intervinieron la CGT, algunos sindicatos y se dieron una política de captación de otros, mientras centraban la represión sobre las comisiones internas, que eran el enemigo porque querían discutir el salario, la producción, la distribución de la riqueza, destruyeron ahí. El 67% de los desaparecidos son obreros”, cierra De Gennaro.