El pasado 12 de agosto, oficiales del Comando de Patrulla de Berazategui persiguieron, detuvieron, amenazaron y golpearon en la puerta de su casa a un joven de 17 años, al que acusaron de un robo que nunca se acreditó. Cuando su madre y la hermana de 12 años intentaron detener la golpiza, fueron también violentamente golpeadas con tonfas. Para encubrir su accionar ilegal, los policías dijeron que le secuestraron una daga y cambiaron dos veces la acusación: primero averiguación de ilícito, después resistencia a la autoridad. Pese a que la madre informó que el joven era menor de edad, no se dio intervención al Organismo de Niñez y lo llevaron a la comisaría, lugar prohibido para el alojamiento de jóvenes. La familia realizó la denuncia penal y se contactó desde el momento de la detención con la CPM, que interviene en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

ANDAR en Berazategui  

(Agencia Andar) El pasado jueves 12 de agosto, cuando volvía de acompañar a su novia, y sin razón que lo amerite, Gabriel de 17 años comenzó a ser perseguido por dos oficiales del Comando de Patrulla de Berazategui; el joven corrió hasta su casa y recién ahí, entre amenazas, insultos y golpes, se entregó a los policías que lo acusaban de un robo.

Pese a que el joven no se resistió a la detención, lo golpearon en la rodilla y en la nunca para derribarlo; mientras un oficial lo aplastaba con la rodilla contra el suelo, le siguieron pegando e insultando.

Cuando llegó al domicilio Nélida, la madre de Gabriel, los oficiales le dijeron que se lo iban a llevar detenido, y que estaban esperando que la víctima del robo viniera y lo identificara; sin embargo, sólo llegaron más policías a bordo de dos patrulleros.

En presencia de su madre y ya reducido le siguieron pegando, Nélida quiso intervenir para detener los golpes pero una policía mujer la golpeó con la tonfa varias veces. Después le dieron rodillazos en la boca del estómago y golpes de puño en la cara. Toda la escena era presenciada por la hija más chica, de 12 años, que también fue empujada y zamarreada por los oficiales.

Gabriel fue trasladado a la comisaría 1ª de Berazategui; lugar prohibido para el alojamiento de jóvenes menores de 18 años. Camino a la dependencia policial, Nélida se comunicó para asesorarse con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). En la comisaría, le entregaron un acta policial en donde consignaban falsamente que el joven había sido aprehendido por “averiguación de ilícito” y que le habían secuestrado una daga, pero esa arma nunca apareció. La madre se negó a firmar el acta, como le había aconsejado el equipo del Programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la CPM.

Pocos minutos después, se presentó en la comisaría una representante de la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. Con la presencia de la funcionaria, y ante la imposibilidad de justificar los motivos de la detención, el joven fue liberado. Como no pudieron acreditar que realmente existió un robo, ni tampoco que se había encontrado una daga entre sus pertenencias, para cubrir su accionar los policías terminaron imputando a Gabriel por el delito de resistencia a la autoridad.

El Comisario, a cargo de la 1ª de Berazategui, le informó a Nélida que el acta con todos los oficiales que participaron del procedimiento policial fue entregada a la funcionaria del Ministerio.

Dos días después del hecho, dos oficiales del Comando de Patrulla, uniformados y en el patrullero, se presentaron en la casa de la familia para intentar explicar los motivos del procedimiento policial, intimidando a la familia y argumentando que su hijo cometía ilícitos, sin embargo, no pudieron precisar cuáles, ni en qué investigación penal.

En calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM presentó la denuncia penal en la Fiscalía General de Quilmes y también una presentación administrativa a la Auditoría General de Asuntos Internos, poniéndola en conocimiento de los relatos de las víctimas, solicitando una investigación urgente y rápida, así como también la sanción de los policías que intervinieron en estos hechos, considerando que constituyen graves violaciones de derechos humanos.