El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a prisión perpetua a Raúl Aceituno por asociación ilícita y como coautor del homicidio del militante estudiantil David “Watu” Cilleruelo; los otros tres acusados, Héctor Forcelli, Osvaldo Pallero y Juan Carlos Curzio, recibieron penas de diez años de prisión por su participación en la Triple A; la organización criminal que operó en Bahía Blanca está vinculada a 24 homicidios cometidos entre 1974 y 1975. La justicia calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad y remitió el veredicto a la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Tecnológica Nacional para que se evalúen las medidas reparatorias solicitadas en los alegatos por la Fiscalía y la querella de HIJOS Bahía Blanca.

ANDAR en Bahía Blanca

(Agencia Andar) “Este juicio fue importante por todo su contenido, porque sacó a la luz años de silenciamiento y terror, fue la primera vez que se habló públicamente de estos crímenes”, destaca Alejandra Santucho de HIJOS Bahía Blanca.

El juicio contra los integrantes de la patota paraestatal Triple A fue el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la justicia federal de Bahía Blanca, el primero que tuvo acusados a civiles.

“Como agrupación, estamos muy satisfechos, el Tribunal tomó el máximo de las penas que pedimos y se podían pedir, y dispuso las reparaciones simbólicas, es una sentencia que no deja huecos”, dice Santucho.

Tras 15 meses de audiencia, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a los cuatro acusados, Raúl Aceituno, Héctor Forcelli, Osvaldo Pallero y Juan Carlos Curzio, por la participación en la Triple A, organización criminal que sembró el terror en los años previos a la dictadura militar.

Con el voto unánime de los jueces Roberto Amábile, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, el Tribunal rechazó el planteo de la defensa sobre la extinción de la acción penal y declaró que los hechos ventilados en este juicio constituyen crímenes de lesa humanidad.

Raúl Aceituno recibió la pena más alta y fue condenado a prisión perpetua por asociación ilícita y como coautor del asesinato de David “Watu” Cilleruelo, secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista. Cilleruelo fue asesinado el 3 de abril de 1975 de un disparo en la cabeza en un pasillo de la UNS, cuando convocaba a una asamblea estudiantil para el día siguiente. Durante las audiencias del juicio se demostró que Aceituno actuó de manera coordinada con los Argibay –padre e hijo, ya fallecidos– para concretar el crimen.

Por su parte, Forcelli, Pallero y Curzio fueron condenados a diez años de prisión por considerarlos coautores penalmente responsables del delito “de asociación ilícita”.

“Son juicios más complejos, porque hablamos de una etapa previa a la dictadura, porque estamos frente a una patota que, con la anuencia estatal, actuaba en la clandestinidad, donde resulta difícil reconstruir las cadenas de mando, y se logró avanzar en una condena como integrantes de esta patota pero resultó muy difícil imputar por otros delitos, el único que se pudo comprobar fue el de Watu, porque ocurrió a la vista de todos”, explica la militante de HIJOS.

“Hay gente que aún hoy no quiere declarar, los crímenes de la triple A, nosotros decimos que todo el mundo declaraba en los bares pero no en las fiscalías, y esto tiene que ver con la impunidad, eran sujetos libres caminando entre ellos y las víctimas no confiaban en que fueran condenados”, agrega Alejandra Santucho.

Tal como reconoció el fiscal Pablo Fermento en su alegato, los documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) presentados por la Comisión Provincial por la Memoria fueron decisivos para determinar la autoría de la patota paraestatal en la serie de crímenes que incluye 24 asesinatos cometidos entre 1974 y 1975.

Los documentos prueban que el entonces interventor de la UNS, Remus Tetu, participó activamente aportando nombres de trabajadores no docentes y estudiantes identificados como subversivos o de izquierda peronista o marxista, entre ellos el de David Cilleruelo. Además de datos de las víctimas de la triple A en Bahía Blanca, en los documentos aportados a esta causa aparecen no sólo los nombres y roles de los cuatro que fueron juzgados, sino también los de otros integrantes de la Triple A que no llegaron a juicio, como en los casos de Argibay padre e hijo, Sañudo, Chizú, Dodero y otros.

Con respecto a los pedidos de detención formulados por el Ministerio Público Fiscal y la querella de HIJOS Bahía Blanca, el Tribunal dispuso tratar por vía incidental las situaciones de los excarcelados Forcelli, Curzio y Pallero, y en el caso Aceituno ordenó que se le practique un examen médico completo para evaluar si está en condiciones de cumplir la pena en un establecimiento penitenciario. Mientras tanto, continuará en detención domiciliaria con control electrónico.

En otro punto de la sentencia, los jueces del Tribunal remitieron el veredicto y sus fundamentos a la Universidad del Sur y a la Universidad Tecnológica Nacional “a fin de que evalúen las solicitudes del Ministerio Público Fiscal de anular las resoluciones de cesantía de empleados no docentes, docentes y expulsión de alumnos”. También se dispuso que se otorgue el título de doctor Honoris Causa a David Cilleruelo.

Las audiencias del juicio habían comenzado el 9 de marzo del año pasado, pocos días antes del inicio del confinamiento, y continuó durante la pandemia de manera virtual con transmisión a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional del Sur. “Es el primer juicio que se transmitió íntegramente y que está a disposición de toda la sociedad en la página de la universidad, donde ya tiene cientos y cientos de vista. Para nosotros que luchamos tanto para que sean publicitados, que sean públicos y que la sociedad tenga acceso, este es sin duda un punto positivo en este contexto tan difícil”, valora Santucho.

Durante la audiencia de sentencia, que se realizó bajo modalidad mixta, virtual y presencial en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, el presidente del Tribunal Roberto Amábile sólo leyó la parte dispositiva de la sentencia y comunicó que en los próximos 40 días hábiles dará a conocer los fundamentos del veredicto.

En esta instancia, sólo resta saber qué definición tendrán los jueces del Tribunal sobre la calificación como genocidio de estos crímenes solicitada tanto por la fiscalía como por la querella.