Por la causa hay dos policías detenidos aunque fueron varios más los que participaron. A los chicos los aprehendieron a principios de junio acusándolos de un robo y los torturaron con picana eléctrica, golpes, ahorcamiento y graves amenazas. La Comisión Provincial por la Memoria intervino en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y realizó presentaciones ante la justicia y la Auditoría de Asuntos Internos para garantizar los derechos de las víctimas y generar las pruebas y medidas correspondientes en la investigación de estos hechos.

ANDAR en Tres de febrero

(Agencia Andar) Los tres jóvenes de entre 16 y 19 años circulaban en la madrugada por Remedios de Escalada cuando comenzaron a ser perseguidos por la policía. Los demoraron en una oportunidad acusándolos de un robo en una fábrica para luego liberarlos. Asustados, continuaron su camino y a unas cuadras se volvió a repetir la situación con otro móvil y mucho más violencia.

Los efectivos bajaron del móvil los apuntaron con sus armas de fuego, los patearon y los hicieron tirar al piso boca abajo. Cada vez que querían aclarar la situación los golpeaban. Un policía sacó un aparato parecido a una linterna y les dio a dos de ellos picanazos en los glúteos. Se trata de un adminículo que se vende por Mercado Libre para defensa personal. Les sacaron fotografías a pesar de que está prohibido este tipo de registros policiales y los arrastraron al patrullero para llevarlos a la seccional.

En la Comisaría 11° de Tres de Febrero continuaron las golpizas y malos tratos: piñas en la cara, patadas, a uno de los chicos le querían sacar un aro que lleva en el pómulo con una pinza, amenazas e insultos. Cuando sus familiares llegaron a buscarlos y los vieron lastimados los derivaron al Hospital Carrillo donde intervino personal de la policía científica que no registró las lesiones adecuadamente y continuó el maltrato.

Más tarde las pericias ordenadas por la justicia constatarían el pase de corriente eléctrica y las múltiples heridas de los jóvenes. Pero en ese momento el calvario no había terminado, al hospital los acompañaron móviles y efectivos de la seccional que intentaron llevarlos presos nuevamente con el argumento de que existía una orden de captura en su contra, cuestión que luego fue desestimada por la justicia pero que generó órdenes contradictorias desde la primera fiscalía interviniente a cargo de Fabián Edgardo Hualde.

La Comisión Provincial por la Memoria intervino en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura ante el fiscal general de San Martín, el Dr. Marcelo Fabián Lapargo, acompañando a las víctimas para facilitar su declaración y la de sus familiares ante la justicia, frente a la incertidumbre que se había planteado, así como para que se garanticen sus derechos. Así fue que el primer fiscal fue apartado y pudieron tomarse las medidas y pruebas necesarias para demostrar las torturas y el pase de electricidad rápidamente. Se presentó además una nota ante Asuntos Internos y un pedido de informe circunstanciado y copia de la causa a la UFI 3 de San Martín.