Cristian Moreno Garzón murió el 18 de febrero de 2020 en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero; llevaba casi 60 días de internación con un estado de salud irreversible producto de las lesiones que sufrió en la Unidad Penitenciaria Psiquiátrica N° 34. El joven colombiano había sido detenido arbitrariamente el 13 de diciembre tras sufrir un episodio psicótico. A pesar del evidente estado de descompensación, y desconociendo los preceptos de intervención de la Ley Nacional de Salud Mental, el 18 de diciembre el juez de garantías Atencio ordenó su traslado a la cárcel manicomio, donde al segundo día de su ingreso fue atacado por otro interno que debía estar, en ese momento, con medida de resguardo. A un año de su muerte, la causa tiene pocos avances y las responsabilidades institucionales no se investigan. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querella institucional en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, pidió nuevas medidas de prueba.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) “Desde hace un año, todos mis días son tristes. Es un dolor que sólo Dios y una como madre puede saber cómo se siente. Todos los sueños de mi hijo quedaron sepultados y con ello también el esfuerzo que hicimos los padres para que pudieran cumplir esos sueños. Los responsables de su muerte no entenderán nunca el dolor que nos causaron”, dice Mariela Garzón, la mamá de Cristian, desde Rionegro, su ciudad natal, donde ahora descansas las cenizas de su hijo. “No quiero guardar rencor con nadie, pero necesito que haya justicia para tener tranquilidad en mi alma. No tengo como agradecerle a la Comisión [CPM] todo lo que están haciendo por mí”, agrega.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene como particular damnificado institucional en la causa. Desde el primer momento, el organismo sostuvo que la muerte de Cristian expuso la ausencia de cualquier tipo de perspectiva de salud mental en materia penal; si los funcionarios policiales o los operadores judiciales hubiesen aplicado los preceptos de la Ley Nacional de Salud Mental, la muerte de Cristian nunca hubiese ocurrido. Sin embargo ocurrió, otra muerte evitable bajo custodia estatal.

A un año de la muerte del joven colombiano, excusándose en la pandemia, la causa prácticamente no tuvo ningún avance. El expediente judicial, que tramita en la UFI N° de La Plata, sólo tiene como imputado al agresor, una persona con padecimientos de salud mental detenida en la Unidad Penitenciaria Psiquiátrica N° 34.

“La misma justicia que, con su desidia y negligencia, arrojó a Cristian a la situación en que se produjo su muerte, ahora no demuestra el compromiso institucional, que le cabe, para llegar a una investigación expeditiva, profunda y eficaz que pueda dar cuenta de todas las responsabilidades detrás de esta muerte, y puede reparar en algo el dolor de la familia”, señalaron desde el programa de Litigio Estratégico de la CPM.

Entre la noche de su detención arbitraria y el ataque en la UP 34 que le terminaría provocando la muerte, pasaron siete días. Las irregularidades cometidas por los operadores estatales en esos siete días son muchas y evidentes desde el primer momento.

Cristian llegó al país desde su Colombia natal en 2019 para realizar un posgrado; tenía 27 años, alquilaba una habitación en una pensión de La Plata y atravesaba el proceso de convalidación de su título de médico veterinario para poder ejercer la profesión en Argentina.

La noche del 13 de diciembre de 2019 sufrió un cuadro psicótico repentino; en ese momento, una pareja que se alojaba en la pensión mantenía una discusión, Cristian habría tomado por la fuerza a  la chica, mientras gritaba “te voy a salvar”. La propia mujer declaró, luego de la detención de Cristian, que ella estaba muy asustada pero que igualmente pudo advertir que “él estaba fuera de sí”.

Tras el llamado al 911, el personal de la comisaría 2da de La Plata llegó al lugar y, a pesar del evidente estado de descomposición del joven, no dio intervención a un equipo de salud mental —tal como establece la ley— y lo trasladó de manera arbitraria a la dependencia policial donde estuvo alojado hasta el 18 de diciembre. Aún hoy, no se sabe con certeza en qué estado permaneció allí durante esos cinco días.

De su periodo de detención en la comisaría sólo se conoce una intervención que demuestra las graves irregularidades en la intervención estatal: Cristian fue sometido a una evaluación en la guardia de salud mental del Hospital Alejandro Korn, en donde los profesionales determinaron la presencia de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, situación que tendría que haber determinado la inmediata internación. Sin embargo, tanto el personal policial como los agentes judiciales omitieron la advertencia, desconociendo los criterios básicos de salud mental.

Cinco días después de su detención arbitraria, el 18 de diciembre, Cristian fue llevado a la audiencia ante el Juzgado de Garantías 1 de La Plata, a cargo del Dr. Federico Atencio: el proceso se suspendió debido a la evidente descompensación de su estado de salud mental y el juez determinó su alojamiento en la Unidad 34 de Melchor Romero.

En total  contradicción con los preceptos establecidos en la Ley Nacional de Salud Mental, Atencio consideró que era el “establecimiento adecuado” para cursar la internación, desconociendo las denuncias y los numerosos litigios colectivos vigentes contra este penal. La misma CPM, a través de su monitoreo permanente, venía denunciando prácticas de tortura concretas y la falta de adecuación de los tratamientos brindados con las disposiciones de la citada ley. Una ley que tiene más de diez años de vigencia y que ningún operador judicial puede desconocer.

En esa situación de total desamparo y abandono, el joven encontró la muerte. Menos de dos días después de ingresar a la institución penitenciaria, fue lesionado por otro interno provocándole traumatismos irreversibles y la pérdida de la conciencia hasta su fallecimiento, casi dos meses después.

Cabe destacar que para ese entonces, y a pesar de las múltiples intervenciones de funcionarios estatales, nadie se había comunicado con la familia de Cristian, residente en Colombia, para contarles la situación de su hijo. “Tuve que mover cielo y tierra con mis uñitas para buscarlo, nadie nos llamó, lo dejaron solo, a mi hijo le negaron todo”, recuerda Mariela. Cuando ella encontró a su hijo, Cristian ya estaba internado en el Hospital Alejandro Korn con un estado de salud irreversible.

Los mismos testimonios que forman parte del expediente judicial dan cuenta de la responsabilidad del personal de custodia y del equipo de salud de la Unidad. Por eso resulta llamativa la falta de decisión de la fiscalía de no avanzar en esa línea de investigación.

La misma mañana del ataque, el agresor había permanecido con contención mecánica porque había tenido un episodio de excitación psicomotriz. Sin embargo, pese a este antecedente y evidenciando la ausencia de todo tipo de protocolo, horas después fue alojado junto a Cristian y otra persona. Los testigos también dijeron que la víctima estaba en un estado de total indefensión de éste último, que podría asemejarse con un cuadro de sobremedicación, práctica habitual en la unidad penitenciaria de Romero, y que todavía es materia de investigación.

Otra grave situación que debe aún investigarse: al momento del hecho, tres agentes penitenciarios se encontraban en una oficina contigua, ninguno de ellos llegó a tiempo para evitar la brutal agresión.

Incluso se destaca la ausencia en ese momento de un profesional de salud mental, pese a tratarse de una Unidad “psiquiátrica”. Sólo había un médico de guardia, en su declaración dejó en claro que “cuando hay un interno en Sanidad por psiquiatría, los clínicos sólo se encargan de controlar los signos vitales y que esté hidratado, todo lo que tiene que ver con su salud mental lo controla la psiquiatría”. La responsable de la atención psiquiátrica se presume que nunca se hizo presente durante esos momentos. Sólo después del ataque, indicó que al agresor se le vuelva a colocar contención mecánica y los agentes penitenciarios los trasladaron a una leonera.

“Desde el momento de su detención, nadie se hace cargo de los malos procedimientos que hicieron con él, necesito que respondan por lo que hicieron, que me digan por qué actuaron tan arbitrariamente, por qué tanta inhumanidad, por qué lo dejaron solo, por qué el juez Atencio, tan indolente, lo encerró en una cárcel si ya sabía de la valoración que habían hecho los especialistas en salud mental, por qué la guardia de la unidad que tenía que estar custodiando a mi hijo no lo hizo”, reflexiona Mariela en un arrebato de preguntas que, por ahora, la justicia no responde.

Una semana antes de su muerte, por intervención de la CPM, Cristian había recibido la libertad. “Hoy me queda saber que volvió a la libertad, libre como era, sobreseído de cargos y sin antecedentes en ninguna parte del mundo. Esa era su ética y su moral, mi hijo no falló a la educación que le enseñamos”, destaca Mariela Garzón.

A un año del hecho, y ante las innumerables irregularidades que ya están acreditadas en la misma instrucción judicial, la CPM solicitará que se tomen declaraciones a las personas detenidas que fueron testigos directos del hecho y que, hasta el momento no fueron citadas, para profundizar en esa línea de investigación. También requerirá que se informe sobre los protocolos de custodia en casos donde la convivencia de detenidos implique un riesgo para la integridad física de los internos.