La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires inspeccionó ayer la unidad penal 28 de Magdalena, a 8 años de la masacre que dejó 33 muertos. El equipo de inspecciones estuvo acompañado por el presidente de la CPM, Hugo Cañón, y Abel Córdoba, titular de la PROCUVIN.

Los resultados de la inspección fueron presentados ayer, desde las 17, durante la presentación del manual de monitoreo realizada en el Pasaje Dardo Rocha

Los resultados de la inspección se difundieron a la prensa a las 17 horas, en la sala presidencia del Pasaje Dardo Rocha (50 e/ 6 y 7) de La Plata, durante el evento en el que se presentó el primer manual de monitoreo en cárceles, institutos de menores, neuropsiquiátricos y comisarías, realizado a partir del trabajo de inspecciones de lugares de encierro en la Provincia.

Durante la inspección a la Unidad 28 se han constatado condiciones sumamente gravosas para la integridad psicofísica de las personas allí alojadas: hacinamiento, extrema violencia, carencia de vidrios en las ventanas, agujeros en las paredes (“pulmones”), letrinas tapadas, falta de acceso a actividades educativas y recreativas, iluminación natural y artificial escasa, doble puerta de ingreso siendo una de ellas totalmente hermética. Todo ello sumado al aislamiento absoluto, el encierro total y a la escasa superficie de las celdas del pabellón N° 5 y del SAC.

Hace 10 años, la CPM creó el Comité contra la Tortura como sistema de monitoreo de lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Durante estos años ha sostenido una lucha inclaudicable contra la tortura, sin ceder frente a las presiones del poder político que muchas veces ha intentado callar su voz, minimizar sus informes, limitar su trabajo.

Durante la inspección se constataron las condiciones gravosas y de extrema violencia a las que están expuestos los detenidos de Magdalena

Los Informes Anuales se han constituido en una fuerte interpelación al poder político y a la sociedad argentina. Ellos  revelan las responsabilidades de los tres poderes del Estado bonaerense (ejecutivo, legislativo y judicial) en la continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en la provincia. Visibilizan la ausencia de políticas públicas destinadas a prevenir y sancionar la tortura, o la falta de políticas dirigidas a su asistencia y reparación.

El manual que se presentó ayer sistematiza la experiencia de monitoreo desarrollada en estos años y es una contribución a la puesta en marcha de los mecanismos de prevención y lucha contra la tortura en todo el país. Es el resultado de un riguroso trabajo de campo llevado a cabo por el equipo del Comité contra la Tortura de la CPM. Su presencia regular y sistemática en los lugares de encierro, las entrevistas personalizadas, los registros y el procesamiento de datos dan cuenta de un trabajo colectivo que permite visibilizar lo peor del sistema a la vez que incidir en las políticas públicas.

La publicación se enmarca en el proyecto financiado por la Unión Europea “Hacia la visibilización y prevención de la tortura: una asignatura pendiente y acuciante de la democracia argentina”, cuyo objetivo general es fortalecer los sistemas de prevención y sanción de la tortura en Argentina a fin de avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país en la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo.