El desarrollo de la pandemia del coronavirus ha afectado particularmente a una de las poblaciones más vulnerables en términos de acceso a la salud: la carcelaria. Mientras adentro de los penales se multiplican las protestas y huelgas de hambre, desde afuera los familiares de las personas presas intentan respuestas del Poder Judicial.

ANDAR en las cárceles

(Agencia Andar) Una bomba de tiempo. Decenas de miles de personas hacinadas en espacios reducidos e inmundos. La violencia, el hambre, la suciedad y la desidia se sobrellevan con momentos de mayor o menor tensión. La fragilidad de la bomba no tolera el miedo al COVID- 19. Y detona.

Se inician huelgas de hambre. Lo anuncian desde los penales de San Martín, Ituzaingó, Florencio Varela y Melchor Romero (La Plata) y se expanden. Se suma la unidad 12 de Gorina; la Unidad 27 de Sierra Chica; la 31 de Varela; las mujeres de la Unidad 33 de Los Hornos, la Unidad 41 de Campana, la Unidad 13 en Junín, la Alcaidía de Olmos. Hay videos que se viralizan. Lo que sigue es detenidos en los techos y fuerzas especiales preparadas para intervenir. Hay también organismos de derechos humanos desplegando estrategias para evitar la represión.

Desde que se inició el aislamiento social preventivo y obligatorio los y las presas de la Provincia no tienen visitas, por lo tanto no reciben comida, insumos de limpieza e higiene personal ni los remedios con que les asisten sus familiares. “No tenemos autorización para llegar a un penal, para salir a las calles. Yo tengo a mi hijo en Magdalena y no me dan permiso para viajar, buscás otra manera y las combis para mandar mercadería te cobran precios excesivos”, cuenta Cristina Almeyda. Desde San Martín hasta Magdalena cada bulto que se envíe sale alrededor de $900 “y no sabés en qué condiciones llega, ni qué recaudos toma quien lo entrega, nada”, agrega la mujer que forma parte de la red de familiares de detenidos y detenidas que articula con la Comisión Provincial por la Memoria.

La sensación de desamparo e indefensión frente a la pandemia es una de las dimensiones más difíciles con las que lidiar. Las medidas de prevención y mitigación básicas recomendadas para enfrentarla -como lavarse las manos con jabón, desinfectar posibles focos con lavandina o reducir las interacciones sociales- son casi impracticables en el contexto carcelario. El hacinamiento bate récords, las condiciones sanitarias son deplorables y sobre todo la atención de la salud no se implementa ni en su dimensión más primaria para las necesidades básicas de la población.

“Es muy cruel todo esto –afirma Cristina- las mamás y familiares nos aferramos cada día al llamado: ‘¿cómo están, cómo está ahí, están haciendo algo?’ Lo importante para nosotros es escuchar a nuestros hijos decir ‘estamos bien’”. ¿Qué pasa cuando el llamado no llega? ¿Cuál es el plan para sustituir esa red de asistencia que sostiene la visita?

Desde que se tomaron las primeras medidas para contener la expansión del COVID-19 en Argentina, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, presentó alrededor de 800 pedidos de morigeración de penas y atendió miles de llamados, mails y solicitudes de las personas privadas de su libertad.

“El Poder Judicial no está trabajando –se enoja Cristina-; todo te niegan incluso defensoras, me está pasando un montón. Hay gente que tiene 3 años de condena y llevan 1 año y 6 meses y no los mandan a su casa. Entonces te llaman y les tenés que decir ‘¿en qué varía ponerte a hacer una huelga de hambre si el juez te está negando ir a tu casa y te faltan 4 meses para cumplir la pena’?”.

Para los y las presas y sus familias, los escritos y recursos judiciales son una de las pocas herramientas a las que recurrir pero siempre insuficientes e ineficaces para conseguir resultados concretos y efectivos. El 8 de abril el máximo tribunal penal de la Provincia resolvió otorgar medidas de morigeración a la población detenida que integre los grupos de riesgos frente al coronavirus, una medida que se apeló a la semana desde la Fiscalía del Tribunal de Casación bonaerense. Mientras, desde los juzgados las medidas se dilatan o se niegan. A veces se dicta una prisión domiciliaria pero no hay pulsera o tobillera, o no está el estudio socio–ambiental del lugar en el que va a vivir, las notificaciones tardan o no llegan y eso significa que la morigeración no se cumple.

Celeste está en la Unidad Penal 47 en huelga de hambre hace una semana. Le faltan 8 meses para cumplir su condena y pidió la morigeración de su pena bastante antes de la propagación de la pandemia. “Hace tres o cuatro meses me hicieron el ambiental, la asistente al tiempo me llamó para rectificar los datos y no tuvimos más respuesta del juzgado, nada. Pero en la situación que estamos tiene que ser inmediata. Lo que sufrimos siempre se siente más por el tema del coronavirus”, dice Mabel, su mamá.

El silencio judicial y la desesperación hicieron que Celeste se cosiera la boca. “Imagínate mi desesperación. Llegó a hacer lo que hizo porque nadie la escucha. No veo la hora de tenerla conmigo: tiene 27 años, cuatro hermanos y es madre de tres bebes. Ahora está por violar el arresto domiciliario, pero tiene buenos informes, ella estaba haciendo todas las cosas bien”, describe Mabel que espera que con un habeas corpus que le presentaron desde Proyecto Mecha algo o alguien en el juzgado se mueva.

“Desde el gobierno nadie se ha comunicado con nosotros, el estado no cuida ni a sus servidores públicos. Se están preocupando por las escuelas, los hospitales, y las cárceles también necesitan que el gobernador se preocupe por ellos. Lloramos día a día porque esto es agobiante: tener un familiar encerrado cuando te preocupa la salud. Y tratamos de contenernos”, dice Cristina mientras espera el llamado de su hijo que le diga “estamos bien”.