El titular de la Fiscalía del Tribunal de Casación bonaerense, Carlos Altuve, presentó el martes 14 de abril una apelación a la resolución de esa cámara penal por la cual se debe otorgar la morigeración a la pena de prisión a detenidas y detenidos en cárceles bonaerenses que integren los grupos de riesgo ante la pandemia por el nuevo coronavirus. Esa orden de Casación había sido dictada como respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por las 14 defensorías generales de la Provincia y prioriza el otorgamiento de domiciliarias a personas imputadas por delitos leves, o próximas a cumplir condena, además del riesgo por la edad, mujeres embarazadas o afecciones de salud preexistentes. La apelación ocurrió horas antes de que se confirmaran los primeros dos casos (uno en Olmos, y otro en Campana) de agentes penitenciarios bonaerenses contagiados.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) Según la apelación del fiscal de Casación, Carlos Altuve, los criterios enunciados la semana pasada por el máximo tribunal penal de la Provincia no serían precisos y deberían frenarse las medidas de prisión domiciliaria. En este sentido, el cuestionamiento fiscal apunta, según la apelación, a la forma en la que se debería decidir las morigeraciones a la detención en cárcel por la falta de claridad a la hora de determinar cuáles son delitos leves y cuáles graves.

Por su parte, el titular del Ministerio Público Fiscal, Julio Conte Grand, llamó “miserias humanas” a los pedidos de las defensorías, lo que generó un amplio rechazo por la avanzada de este sector de la Justicia que pondría en riesgo la integridad física y la vida de miles de personas en caso de prosperar. Para esta CPM, las declaraciones de Conte Grand “son particularmente graves en tanto constituyen la persecución de defensoras y defensores de derechos humanos, lo que entre otras cosas podría acarrear la responsabilidad del Estado argentino ante los organismos internacionales de derechos humanos”.

Por el momento, y a pesar de que la fiscalía a cargo de Altuve pretende el cese de órdenes de morigeración hasta que intervenga la Suprema Corte, esa pretensión no tendría efectos inmediatos y, mientras dure el trámite de apelación, la resolución de Casación debe ser cumplida.

Cabe recordar que el viernes 10 de abril se firmó la resolución que dispone el arresto domiciliario para detenidas y detenidos por penas leves (y que integren los grupos de riesgo) mientras dure el aislamiento social obligatorio, a raíz del habeas corpus colectivo presentado por las 19 defensorías generales de la provincia.

Con la firma del juez Víctor Violini -por esos días, a cargo de la presidencia del Tribunal de Casación por la ausencia de Ricardo Borinsky- y con el consenso de la mayoría de los integrantes del cuerpo, se dispuso no sólo la medida alternativa a la detención en establecimientos penitenciarios para personas imputadas o condenadas por delitos leves, sino que también ordenó a los jueces que en los casos de personas en grupos de riesgo pero alojados en cárceles por delitos graves se examinara, caso por caso, la viabilidad de la medida de morigeración mientras se pueda resguardar la integridad de las víctimas.

También dispuso que sean evaluadas las situaciones de las personas con prisión preventiva y con los plazos cumplidos para seguir detenidos sin condena, al igual que en los casos de procesados y condenados que dentro de los próximos seis meses estén en condiciones de salir de la cárcel.

A comienzos de abril, según datos del Servicio Penitenciario Bonaerense, había 44.200 personas alojadas en establecimientos carcelarios, mientras que la capacidad máxima apenas supera los 24.000 cupos.

Es en este contexto de sobrepoblación estructural y de negativa del Ministerio Público a permitir la aceleración en el otorgamiento de órdenes de prisión domiciliaria en el que se inscribe la reciente confirmación de dos casos de agentes penitenciarios bonaerenses que dieron positivos al test de Covid-19.

El martes 14 se supo que un suboficial ayudante de la cárcel de Campana está infectado y ayer se sumó una agente de 39 años que trabaja en la unidad penal 22 de Lisandro Olmos, La Plata. La mujer desarrolla tareas en el puesto de conserjería y desde el SPB informaron que no habría tenido contacto ni circulado por sectores de alojamiento de detenidos pero sí con otros trabajadores de la unidad.

Si bien ambos agentes están siendo tratados -la agente de La Plata está internado en el Hospital Italiano- y sus compañeros más cercanos realizan cuarentena estricta en sus domicilios, la situación implica un serio riesgo por la cantidad de días que transcurrieron hasta la detección del contagio y los múltiples contactos dentro del establecimiento entre el personal y los detenidos.