El Juzgado Federal 2 de San Nicolás procesó a tres productores agropecuarios de Pergamino en la causa que investiga la contaminación con agroquímicos en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida. En las próximas semanas, tienen que presentarse a declaración indagatoria dos funcionarios del área municipal que debía controlar el uso de agrotóxicos y velar por el cumplimiento de la manda judicial que ponía límites a las fumigaciones. “Es muy difícil hablar de delitos ambientales y responsabilidades penales, estos avances en la justicia están sentando un precedente”, dijo Sabrina Ortiz, referente de la organización Madres de barrios fumigados y querellante en la causa.

ANDAR en Pergamino

(Agencia Andar) Sabrina Ortiz perdió un embarazo de cinco meses en 2011, tuvo dos ACV isquémicos, tiene 48 veces más partículas de glifosato y ampa en sangre de las que puede soportar el organismo; ella, su compañero, su hija de 18 años y su hijo de 6 padecen un daño genético por su exposición a los agrotóxicos. El año pasado, su médico le advirtió que debía mudarse; hasta ese entonces, la familia de Sabrina vivía en el barrio Villa Alicia, sólo una calle separaba su casa del campo de Fernando Cortese.

Después de sufrir un aborto espontáneo en 2011, Ortiz comenzó a estudiar Derecho para impulsar la denuncia contra los responsables de los daños a la salud, y se juntó con otras vecinas para crear la organización Madres de barrios fumigados.

La denuncia de Sabrina y la lucha de esas madres tuvieron recientemente un avance importante: el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó a los productores agropecuarios Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribo por el delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos”. Además del procesamiento, fijó un embargo a cada uno por 3 millones de pesos.

“Es un avance muy grande, que estábamos esperando. Es muy difícil hablar de delitos ambientales y responsabilidades penales y esta causa sienta un precedente que, en definitiva, será para preservar la salud de todos los ciudadanos de Pergamino”, valoró Sabrina Ortiz. Los estudios que forman parte del expediente hablan de presencia de múltiples enfermedades en estos tres barrios: cáncer, tiroides, problemas respiratorios, entre otras afectaciones.

En la provincia de Buenos Aires es la primera vez que se imputa penalmente a productores agropecuarios por el uso de herbicidas. “Existen muchos recursos amparos sobre el uso de estos agroquímicos, pero no denuncias penales por esto mismo”, remarca Ortíz y recuerda que esta misma denuncia, que ahora tramita en la justicia federal, había sido desestimada en la justicia de la Provincia.

En su resolución, el juez Villafuerte Ruzo sostuvo que los imputados tenían el control absoluto de los hechos y el conocimiento de que sus acciones podían afectar a los vecinos y vecinas de los barrios linderos pero que, sin embargo, tuvieron la voluntad de continuar con estas prácticas. Es decir, sabían del daño a la salud que podían producir y no les importó.

En abril el juez federal ordenó suspender provisoriamente las fumigaciones en los tres barrios y limitó las fumigaciones a más de 600 metros de las zonas urbanas. Hace dos meses, y tras la presentación del informe de la Universidad Nacional de Río Cuarto que confirmaba el daño genético en toda la familia de Sabrina, Villafuerte Ruzo amplió esa restricción: estableció que no se podrá fumigar a menos de mil metros de distancia en forma terrestre y a menos de tres mil, de forma aérea, respecto a la planta urbana. Ninguna de las dos mandas judiciales se cumplieron.

Por esta razón, el juez llamó a declaración indagatoria a dos funcionarios de la Dirección de Ambiente Rural, el área encargada de realizar el control de las fumigaciones y velar por el cumplimiento de la resolución judicial.

Además, el juez Villafuerte Ruzo también señaló que en los tanques de agua muestrados en los tres barrios se encontraron sustancias tóxicas para la salud y exhortó al Municipio a proveer de agua potable a los vecinos y vecinas de Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida.

La discusión sobre la potabilidad del agua tiene varios incidentes en el expediente: el primer estudio a cargo del INTA determinó que el agua no era apta para el consumo humano, pero la Autoridad del Agua (ADA) de la Provincia de Buenos Aires respondió lo contrario. Un informe pericial de la Corte Suprema de Justicia zanjó definitivamente la cuestión al constatar la presencia de 18 tipos distintos de agroquímicos, la mayoría de ellos cancerígenos, en el agua de los barrios afectados.

“Los procesamientos y las limitaciones a las fumigaciones en las zonas urbanas son logros importantes que, lamentablemente, llegan ante la constatación del agravamiento de las condiciones de salud”, dice Sabrina Ortiz, consciente de que ya hay daños en su familia que son irreparables.

“Esperamos que se haga justicia plena. Sabemos que hay intereses económicos detrás de los poderes del Estado, intereses que buscan manipular e incidir en las cuestiones públicas, por eso necesitamos una justicia plena, que privilegie por sobre todas las cosas el ambiente y la salud de los pueblos”, cerró la referente de Madres de barrios fumigados.